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Jurisprudencia

Esta Jurisprudencia ha sido recopilada para asuntos del Estudio, o por interés personal, y fue obtenida de Internet o por mail de colegas, de bases diversas, pero difundidas especialmente por eldial.com, diariojudicial.com, infobae.com, vlex.com, las columnas del Dr. Sirkin, abogados.com, cpacf.org.ar y otras que no recuerdo ahora la fuente, por lo que no puedo darles los créditos suficientes. Espero sepan disculpar la omisión y acepten de buena fe que serán mencionados en caso de hacérmelo saber. Gracias.



Consideran que dentro del Beneficio de Litigar sin Gastos Pedido Luego del Inicio de la Demanda Queda Comprendida la Tasa de Justicia Devengada
Teniendo en cuenta que la nueva redacción del artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación otorga efectos retroactivos a la sentencia de concesión del beneficio de litigar sin gastos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal decidió revocar el pronunciamiento del juez de grado que excluyó de la concesión del beneficio de litigar sin gastos a la tasa judicial devengada porque éste había sido pedido tras el inicio de la demanda.

En la causa “Bouzón María del Carmen y otro c/ López Selliez Silvina Gabriela y otros s/ beneficio de litigar sin gastos”, la parte actora apeló la resolución del juez de grado que había excluido de la concesión del beneficio de litigar sin gastos a la tasa judicial devengada, teniendo en cuenta que había sido pedido tras el inicio de la demanda.

En su apelación, la recurrente alegó que la carta de pobreza debía incluir al pago de la tasa de justicia, a tenor de la nueva redacción del artículo 84 del Código Procesal que otorga efectos retroactivos a la sentencia de concesión.

Los jueces de la Sala II explicaron que “las normas procesales son, como regla, de inmediata aplicación a las causas en trámite (conf. Fallos 288:407; 298:82; 321:532, entre muchos otros), en tanto nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes y reglamentaciones (conf. Fallos: 268:228; 272:229, 319:2658, entre muchos otros) y tampoco a que los pleitos a los que intervienen sean definidos con arreglo a un procedimiento determinado”.

A ello, agregaron que “el límite a esa aplicación inmediata estará dado por los actos procesales ya cumplidos y que han quedado firmes al amparo de la legislación anterior, pues allí entran a jugar principios tales como el de preclusión o bien el de cosa juzgada”.

Por otro lado, los camaristas remarcaron que “el art.3° del Código Civil establece que las leyes se aplican a partir de su entrada en vigencia, aun a las consecuencias "en curso"; y ello no supone la aplicación retroactiva de la nueva ley, sino la operatividad de sus efectos inmediatos a las situaciones jurídicas no consumidas al comienzo de su vigencia”.

En base a ello, y teniendo en cuenta que la actora interpuso su recurso con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.488, los jueces determinaron que “es claro que resultan aplicables a la especie las previsiones de la ley 25.488”.

Los magistrados aclararon que “aun cuando esto no fuera así -cierta doctrina postula que el efecto retroactivo sólo es aplicable cuando la demanda coincide con el requerimiento de litigar sin gastos (conf. Gozaini, Osvaldo Alberto, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, La Ley, 2002, t. I, pág. 261), en el contexto de este caso el beneficio igualmente debería comprender a la tasa de justicia”.

En tal sentido, los jueces explicaron que “el "acto de iniciación de las actuaciones", oportunidad para abonar la tasa conforme al art. 9° inc. a , ley 23.898, no puede ser entendido gramaticalmente como el escrito inicial, sino en su sentido jurídico, como acto procesal que sólo deviene inmutable con la notificación del traslado de la demanda”.

Los camaristas remarcaron que “la tasa no se devenga en forma instantánea con la presentación de un escrito -interposición de la demanda- sino cuando ha precluido la facultad de modificar sus términos a tenor de lo dispuesto en el artículo 331 del Código Procesal”.

En la sentencia del 14 de noviembre de 2011, la mencionada Sala concluyó que “toda vez que al momento de iniciación del beneficio de litigar sin gastos no se había producido la notificación del traslado de la demanda, ya en ese entonces jugaba la franquicia provisional del art. 83 del Código de rito respecto del tributo, que obviamente se consolidó con la concesión posterior”, por lo que revocaron la resolución apelada y concedieron integramente el beneficio solicitado.


“Motociclo SA c/EN-Mº Justicia s/daños y perjuicios” – CNACAF – 07/12/2011
DAÑOS Y PERJUICIOS. LAUDO ARBITRAL DICTADO POR TRIBUNAL AD HOC CONSTITUIDO EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR. Instrucción general 12/2001. Restricciones de acceso al mercado argentino de bicicletas de origen uruguayo. Cambio de clasificación arancelaria. Categorización como de "extrazona". LIMITACIONES DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cuestiones no institucionales contempladas en el Tratado de Asunción y circunscripta por Protocolo de Brasilia que deben resolverse por vía ordinaria. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO. Improcedencia. Falta de impugnación del acto considerado irregular ante autoridad competente. Inexistencia de causalidad adecuada


“Mediante la Instrucción General N° 12/2001 (SDGLTA), de fecha 25 de enero de 2001, se le aplicó a las bicicletas exportadas por la demandante el Tratamiento Arancelario Extrazona. Con fecha 29 de septiembre de 2001, el Tribunal Arbitral "Ad Hoc" del MERCOSUR, reunido en virtud de los procedimientos iniciados a raíz de la denuncia efectuada por la actora en su país de origen, dictó un Laudo para decidir la controversia entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina sobre "Restricciones de acceso al mercado argentino de bicicletas de origen uruguayo". El Tribunal Arbitral hizo lugar al reclamo formulado por la República Oriental de Uruguay. Para así resolver entendió que la Resolución por medio de la cual se le había aplicado el Tratamiento Arancelario de Extrazona a las mercaderías exportadas por Motociclo S.A. era violatoria de la normativa del MERCOSUR. Posteriormente, y en cumplimiento del Laudo antes mencionado, mediante la Instrucción General N° 96/2001 (SDGLTA), las autoridades argentinas dejaron sin efecto la Instrucción General N° 12/2001.”

“… La actora sometió voluntariamente su contienda, por medio de la correspondiente denuncia ante el Estado de origen, al Tribunal Arbitral Ad Hoc constituido en el ámbito del MERCOSUR. Dicho mecanismo de solución de controversias conlleva las limitaciones propias de los sistemas alternativos (…) Aquellas controversias que no se refieran a cuestiones institucionales contempladas en el Tratado de Asunción y circunscripta por el Protocolo de Brasilia deberán ser resueltas siguiendo las vías ordinarias: ámbito judicial o recurriendo a otro método alternativo, por lo que no pueden ser sometidas al referido Tribunal Arbitral, (cfr. Clerc, María Alicia, "El arbitraje como medio para la solución de controversias en el MERCOSUR: marco normativo. Características", La Ley, 1998-D, 1056). Asimismo, el indicado mecanismo excluye la intervención del denunciante como parte del mismo, otorgándole legitimación únicamente a los efectos de interponer la correspondiente denuncia ante el Estado signatario, quien luego será quien someterá el conflicto como parte legitimada ante el Tribunal Arbitral (cfr. capítulos IV y V del Protocolo de Brasilia).”

“… El mecanismo de resolución de conflictos en estudio [Tribunal Arbitral Ad Hoc constituido en el ámbito del MERCOSUR] no contempla lo relativo a la indemnización de los daños y perjuicios; los países han circunscripto el objeto del Laudo a la modificación o cesación de las medidas cuestionadas que hayan sido consideradas como violatorias de marco jurídico del MERCOSUR. En efecto, el procedimiento arbitral fue instaurado con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Tratado de Asunción y de las disposiciones que de él deriven, así lo han expresado los Estados Partes al momento de suscribir el mencionado Protocolo, (cfr. el Preámbulo del Protocolo de Brasilia).”

“… La vía elegida por la actora no es excluyente y mucho menos supletoria de los procedimientos internos previstos a los fines de habilitar la instancia judicial con el objetivo de reclamar daños y perjuicios, contra el Estado Nacional. En efecto, la actora no impugnó en tiempo hábil y de acuerdo a las normas internas, el acto del cual pretende hacer derivar la indemnización.”

“… [la actora] No incorporó en su expresión de agravios argumentos tendientes a refutar lo expresado en la sentencia apelada con respecto a que su parte se hallaba obligada a cuestionar el acto que imputaba irregular ante la autoridad competente; ya sea de conformidad con él procedimiento impugnatorio previsto en el Código Aduanero o mediante la vía recursiva establecida de manera genérica en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en vez de prestar aquiescencia a la situación jurídica que ocasionaba perjuicios a su parte. Por el contrario, la recurrente se limita a afirmar que tal exigencia se contrapone con las normas establecidas en el régimen de solución de controversias aplicable a los países miembros del MERCOSUR, sin hacerse cargo de lo manifestado acerca del alcance limitado del mecanismo regido por el Protocolo de Brasilia como medio para la resolución de los diferendos de carácter político y que, en consecuencia, excluye la intervención de las empresas denunciantes en calidad de parte, así como el reconocimiento de indemnizaciones de daños y perjuicios a favor de ellas. Por las razones expuestas, corresponde declarar desierto el presente agravio y declarar improcedente la vía intentada para el reclamo de daños y perjuicios contra el Estado Nacional.”

“… El Estado no debe afrontar todo tipo de daño que sufra el particular relacionado circunstancialmente con el servicio público. Sólo debe indemnizar aquel que tenga relación de causalidad adecuada con la prestación irregular del servicio (cfr. Fallos: 323: 318). En ese orden de ideas, el Alto Tribunal tiene dicho que "para dar lugar a la indemnización por falta del servicio no basta con hacer referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificar singularmente (...) desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios (...)" (cfr. Fallos: 317: 1233).”

Citar: elDial.com - AA7489

Publicado el 29/03/2012


Ley de Defensa del Consumidor y Juicio Ejecutivo(*)
Por Sandra Peralta(**), María Daniela Marino(***) y Maite Herrán(****) 
 
I. Introducción
 
Como es sabido en los juicios ejecutivos, en principio no es posible discutir la causa de la obligación, limitándose la cuestión a si se trata o no de un titulo que trae aparejada ejecución, y al conocimiento muy limitado en cuanto a la posibilidad de oponer excepciones al progreso de la ejecución.-
 
Con la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), muchos magistrados se han declarado incompetentes, remitiendo el juicio ejecutivo al juez del domicilio del consumidor, conforme lo establece la mentada Ley en su art. 36 inmiscuyéndose de ese modo en la causa de la obligación.-
 
La problemática de si el juez podía sustentar su inhibición en ésta normativa, atento las particularidades antes referidas del acotado marco de la acción ejecutiva, y dejando de lado la competencia fijada por las partes en contratos generalmente de adhesión, ha quedado superada por el fallo que de la Suprema Corte Provincial que así lo admitió –autos "Cuevas Eduardo Alberto c/Salcedo Alejandro Rene s/Cobro Ejecutivo"-
 
Ahora bien, la cuestión no se agota en la determinación de la competencia.-
 
Al subsumirse de oficio la cuestión a dicha norma de orden público (Ley 24.240), en lo relativo a la competencia, no pueden luego desconocerse otras prescripciones de la ley, so pretexto de invadir el marco de conocimiento del juicio ejecutivo.-
 
Independientemente de advertir el magistrado la cuestión de competencia al realizar el primer examen del título traído a ejecución, dicha cuestión puede aún detectarse luego -con anterioridad al dictado de la sentencia-, autorizando ello la remisión de las actuaciones al juzgado competente, por tratarse de una norma de orden público.-
 
A los fines de desarrollar el presente trabajo, no podemos desconocer el conflicto empresa-sociedad y, en este tema específico, la relación banco-consumidor.-
 
El banco es una institución profesional con un elevado grado de sofisticación de sus productos y con un ofrecimiento masivo de los mismos, lo que permite calificar las relaciones con el consumidor caracterizada por un desnivel cognoscitivo relevante.-
 
El gran segmento de los consumidores no pueden recomponer con recursos propios –como si lo hacen las empresas- la asimetría en la información, lo cual se ve plasmado en el ofrecido contrato de adhesión, con imposibilidad de negociar las cláusulas contractuales.-
 
II. Problemática
 
En la práctica, tanto los Bancos como las compañías financieras, presentan contratos de adhesión, donde el "cliente" no tiene posibilidad de modificar las cláusulas.-
 
Resultan casos típicos, los contratos de emisión de tarjetas de crédito y los contratos de mutuo por préstamos personales.-
 
Ahora bien, en estos contratos de adhesión, es usual encontrar cláusulas abusivas, que fijan intereses excesivos e incluso blancos sin completar, o llenados a posteriori de la suscripción del cliente por la entidad bancaria o financiera.-
 
Al respecto, debemos precisar que los abusos no se dan solamente en cuanto a las cláusulas de adhesión, sino también, en que en muchos casos, el cliente firma con idéntica fecha, además del contrato de préstamo, un pagaré por la suma total del préstamo otorgado.-
 
Es muy común en la práctica judicial encontrar juicios ejecutivos sustentados en pagarés, firmados por el cliente a favor del banco o entidad financiera.-
 
Asimismo, es cotidiano que otras entidades, que se dedican por ejemplo, a la venta de electrodomésticos, firmen pagarés con sus clientes.-
 
En el caso de los contratos antes aludidos, ante el incumplimiento de pago, mayormente son presentados a fin de preparar la vía ejecutiva, la cual de ser habilitada, impedirá en principio el análisis de la causa de la obligación –ej. una relación de consumo-, limitándose el magistrado a verificar solo la habilidad del título.-
 
Lo mismo ocurre, en el caso de que ejerza la acción ejecutiva respecto de los pagarés.-
 
Las circunstancias apuntadas, ameritan efectuar a posteriori, las siguientes consideraciones a fin de determinar si resulta de aplicación lo dispuesto por la Ley de Defensa al Consumidor.-
 
Ello, de consuno con lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal Provincial, en cuanto a que: "Más allá de las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título, cuando la pretensión ejecutiva reconoce arraigo en una relación de financiación para el consumo, es posible y necesario interpretar la aludida regla procesal, de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240). Y ello, a fin de poder arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores…" (S.C.B.A., 109305, I, 1-9-2010, Juez HITTERS (SD) "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Cucci, Jorge Alberto s/ Cobro ejecutivo").-
 
III. Del contrato de tarjeta de crédito y la relación de consumo.-
 
Como es sabido, la tarjeta de crédito es el instrumento que permite a su titular efectuar pagos de obligaciones dinerarias ante un conjunto de proveedores, quienes en forma previa, se han obligado frente a la entidad emisora a aceptarla. (arg. conf. PICASSO-VAZQUEZ FERREYRA. LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR –Comentada y Anotada-, Tomo 2º, LA LEY, Bs. As, Año 2009, Pág 341 y ss).-
 
En definitiva, mediante el contrato de emisión de tarjeta de crédito, la entidad emisora se obliga a poner a disposición del titular la tarjeta, a pagar a los proveedores las operaciones que realice el titular y a financiar el reembolso de los pagos efectuados; mientras que el titular se obliga frente al emisor a reembolsar los pagos y pagar un precio por el uso de este servicio e intereses compensatorios en caso de financiación del reembolso.-
 
Sentado ello, hemos de destacar que el consumo y la tarjeta de crédito se encuentran íntimamente relacionados y que el titular de la misma es siempre un consumidor.-
 
Al respecto compartimos la tesitura que postula que los créditos que los bancos ofrecen a su clientela, tanto personas físicas como jurídicas, pueden ser calificados como créditos para el consumo, quedando por consiguiente, bajo la protección legal bajo análisis, atento que el propio cliente resulta ser el destinatario final de la asistencia otorgada, porque es un beneficio propio o de su grupo familiar o de su grupo social, a tenor de lo ahora prescripto por el art. 1º de la ley 24.240, sustituido por la ley 26.631. (ob. cit., pág. 333 y ss.).-
 
Máxime, considerando que el art. 3 de la ley 25.065 establece que las relaciones de esa ley, quedan regidas supletoriamente por las disposiciones de la ley 24.240.-
 
En ese orden de ideas se expresó que: "La aplicación de la ley de orden público 25.065 que contiene expresa remisión a la ley 24.240 de defensa del consumidor, ambas de carácter imperativo e indiscutiblemente superadoras de la otrora venerada autonomía de la voluntad, y de su contrapartida, el uso y abuso de las cláusulas predispuestas, no puede quedar librada al impulso de los usuarios a quienes viene a tutelar, cuanto más si se ha previsto la renovación automática del contrato, lo que implicaría aplicar "sine die" las antiguas pautas regulatorias ante la pasividad del usuario, replicándose los probables abusos que se quieren evitar. El consentimiento no es un texto normativo autosuficiente. Con independencia de la autonomía privada hay que integrar, tipificar y recurrir a un sinnúmero de disposiciones que no surgen de la voluntad de las partes. El juez convoca permanentemente a la ley, los principios generales, los precedentes judiciales, a fin de desarrollar el programa privado o bien para rectificarlo" (Cám. 2da. Civ. y Com., Sala III, La Plata, 106727, RSD-219-6, S, 21-11-2006, "Israel Silicaro, Osvaldo Juan c/ Sánchez, María Laura s/ Cobro sumario de dinero").-
 
En consecuencia, entendemos que al contrato de emisión de tarjeta de crédito y al saldo derivado en virtud del mismo, se le aplican las normas de ley de defensa del consumidor, por tratarse indiscutiblemente de relaciones de consumo.-
 
IV. Del préstamo instrumentado en el contrato de mutuo.-
 
El préstamo sub exámine es el contrato bancario por el cual, un banco entrega a su cliente una suma determinada de dinero, obligándose el cliente a restituirla en la misma especie y cantidad en el plazo convenido pagando los intereses pactados.-
 
Es una operación activa porque el banco se hace acreedor de los intereses, comisiones y eventualmente de los intereses moratorios para el caso de incumplimiento del cliente.-
 
Las obligaciones del prestatario son las siguientes: pagar los intereses pactados y las comisiones bancarias estipuladas en el contrato y devolver el capital prestado en la fecha concertada.-
 
La obligación del banco consiste en prestar la suma de dinero acordada en el contrato y respetar el plazo de devolución en él estipulado.-
 
Aquí también nos encontramos frente a una relación de consumo, de conformidad con el art. 3º de la ley 24.240, que define a dicha relación, como el vínculo entre el proveedor y el consumidor o usuario.-
 
En ese sentido, el escenario interpretativo se inclina por considerar que toda persona física o jurídica, asistida por un banco, como consumidor o usuario de servicios financieros, queda alcanzado por las normas de defensa del consumidor, en función de inferirse que la relación de consumo se da entre un profesional y un no profesional, una parte fuerte y una débil, por lo que esa asimetría amerita la protección legal. (ob. cit., pág. 331 y ss.).-
 
V. Implicancias de la aplicación de la ley de defensa del consumidor
 
Como ya se anticipara, conforme la experiencia de los clientes, es muy común que los contratos de este tipo, por ser contratos de adhesión, contengan espacios en blanco que son completados por los bancos, luego de la suscripción del cliente de contrato respectivo; y asimismo, existen cláusulas que no resultan claras.-
 
Principalmente, esta cuestión atañe a los intereses fijados.-
 
Así las cosas, debemos ponderar que el art. 36 de mentada ley, prevé que: "Requisitos. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena nulidad:...d) La tasa de interés efectiva anual. e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total... Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario."
 
En consecuencia, de no resultar claro cuáles son los intereses que se aplicarán, en virtud de la tutela de la normativa de aplicación, –la cual es de orden público, art. 65 L.D.C.-, correspondería tener por NULA las cláusulas que no sean claras en esta materia, y por no fijados los intereses que surgen del contrato respectivo. (conf. arts. 953, 1038, 1039, 1044, 1047, 1050 del Código Civil, art. 36 de la Ley 24.240 y art. 14, inc. a y b de la Ley 25.065).-
 
En ese orden de ideas se ha entendido que: "El crédito al consumo está amparado por la ley que rige tal relación al establecer que debe consignarse en las operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios la tasa de interés efectiva anual y su forma de amortización (artículo 36; ley 24.240) y que, en cuanto a la hermenéutica de tales contratos, la regla ante dudas u obscuridades es estar a la interpretación más favorable al consumidor como su parte débil y ajena a su redacción" (artículo 37 del mismo cuerpo legal) (C0100, SN, 8064, RSD-193-6, S, 19-10-2006, "Electrónica Megatone S.A. c/ González Marion Elizabeth s/ Cobro de pesos"; CC0100, SN, 8219, RSD-156-9, S, 24-9-2009, "Electrónica Megatone S.A. c/ Pontieri Gustavo Damián s/ Cobro de Pesos").-
 
Por consiguiente, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 24.240, el cual prescribe que: "En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato".-
 
Es decir, que si los intereses pactados resultan ser confusos –supuesto de nulidad de la cláusula o se omite su fijación-, será de aplicación la tasa pasiva antes referida.-
 
Ahora bien, si los intereses se han pactado claramente, y no resultan excesivos, abusivos, ni lesivos o contrarios a la moral y las buenas costumbres –art. 954, 1071 del Código Civil-, ni contrarios a la ley de defensa del consumidor, deben aplicarse los mismos, en virtud de lo normado por los art. 622 y 1197 del Código Civil.-
 
En caso contrario deben ser morigerados por el juzgador.-
 
En tal sentido, se ha entendido que: "...conforme a lo dispuesto por el art.622 del Código Civil, si la tasa de interés está convenida, corresponde aplicarla, salvo que: a) provoque un acto lesivo, y en tal caso, la reducción funcionará a pedido de parte pues se trataría de una nulidad relativa y parcial (art.954 Cód.Civil; Rivera, Julio César "Ejercicio del control de la tasa de interés" en suplemento Revista La Ley "Intereses" de Julio de 2004, pág. 108); b) que en el contrato bancario, de consumo, se haya dejado librado la fijación de la alícuota al Banco, en tanto ello importaría ampliar los derechos del proveedor del servicio contra el consumidor (art. 37 inc. b. ley 24.240), o desnaturalizar las obligaciones (art.37 inc.a ley 24.240, Pizarro, Ramón Daniel "Tasa de interés y facultad morigeradora judicial" en La Ley Córdoba 2006,147) o se haya violado el deber de información (art.4 36 y 37 ley 24.240). En el primer caso, la cláusula debe tenerse por "no convenida", y en el segundo el consumidor tiene derecho a demandar su nulidad, debiendo integrarse el contrato en ambos supuestos. c) Otra excepción a la tasa convenida es la de que su aplicación conduzca a un resultado irrazonable y prescindente o apartado de una ponderación objetiva de la realidad económica (CSJN Fallos: 317:53; 318; 913, 319: 2052, 316:3131).-
 
En cuanto al pagaré, -cuando se encuentra vinculado al contrato bancario-, conforme lo referido supra, debemos apartarnos de la regla general que impide analizar el título, para autorizar la aplicación de las normas de la Ley 24.240, ello por no corresponderse a contratos celebrados entre iguales.-
 
VI. Conclusión
 
Existen en los contratos por adhesión cláusulas abusivas que hacen necesario el control que suministra el Derecho del Consumidor.-
 
Los contratos celebrados por adhesión a condiciones generales se caracterizan por su modo de celebración.-
 
En cambio en los contratos de consumo la característica definitoria no es la adhesión sino el consumo final.-
 
Así, un contrato puede ser celebrado por adhesión de una de las partes a condiciones predispuestas por la otra y ser, además, de consumo.-
 
Dado que en el derecho argentino se distinguen las reglas aplicables a los contratos en general de aquellas aplicables a los contratos de consumo, debemos resaltar que en estos últimos la causa es la finalidad de consumo, de adquirir o utilizar bienes o servicios como destinatario final.-
 
Así, determinada prima facie y objetivamente la "causa", es que los magistrados se encuentran -sin hesitación alguna- autorizados para aplicar normas de defensa de derechos del consumidor, aún dentro del marco del juicio ejecutivo, sin que ello pueda entenderse como un acto jurisdiccional que desvirtúa las normas propias de este tipo de proceso.-
 
En la sistemática del Código y en la interpretación judicial y doctrinaria que se ha efectuado a normas relativas a la tasa de interés, corresponde señalar que la facultad de las partes de acordar una tasa de interés está sometida al control judicial con base en diversas cláusulas generales del Código Civil: el orden público y las buenas costumbres (art 21), el negocio usurario ilícito (art. 953), la lesión (art. 954), la buena fe (art. 1198) y el abuso del derecho (art. 1071); permitiendo al Juez ajustarse a la realidad del caso.-
 
Los derechos del consumidor tienen actualmente raigambre constitucional (art. 43), por lo cual las prescripciones de la Ley 24.240 deben ser aplicadas por el sentenciante al caso concreto, independientemente del tipo de proceso de que se trate, sin que ello implique un choque normativo entre las normas del Código Procesal que regulan el proceso ejecutivo y aquellas que son objeto de análisis en el presente trabajo.-
 
VII. Ponencia:
 
Toda vez que los derechos del consumidor tienen actualmente raigambre constitucional (art. 43 del la C.N) y que la ley de Defensa del Consumidor, (ley 24.240), es de orden público, sus prescripciones deben ser aplicadas por el sentenciante en el juicio ejecutivo –donde no se discute en principio la causa de la obligación-, cuando de la documentación aportada resulte evidente la existencia de una relación de consumo.-
 
 


________________________________________ 

Citar: elDial.com - DC17C0

Publicado el 02/03/2012

Copyright 2012 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

“A., G. E. y P., V. J. sobre Divorcio art. 214 inc. 2° Código Civil. Proceso especial” – CNCIV – 06/12/2011
DIVORCIO VINCULAR. Causal de separación de hecho sin voluntad de unirse por más de tres años. Cónyuges que residen en el mismo domicilio. Art. 214 inc. 2º del Código Civil. Requisitos. Alcances. ACREDITACIÓN DEL CESE DE LA COHABITACIÓN PESE A QUE LAS PARTES HABITEN EN LA MISMA VIVIENDA. Evidencias que acreditan el fracaso matrimonial y la ruptura de la vida marital. Suficiencia de la prueba confesional. Art. 232 in fine. Juicio de tenencia de su hijo menor en curso el que se advierten dificultades de comunicación entre los esposos. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. Corresponde decretar el divorcio por la causal objetiva invocada

“Para una posición doctrinaria más amplia, en todos los casos previstos por la norma lo que caracteriza la vida separada es la ruptura y ha de ser la ruptura la que calificará objetivamente el fracaso matrimonial, aun cuando los cónyuges siguen viviendo en una misma casa, siempre que se acredite el fracaso. Por ello, aunque los cónyuges sigan habitando en un mismo inmueble si lo hacen abdicando total y absolutamente de los deberes matrimoniales se cumplen los requisitos exigidos por la causal (Zannoni, Derecho de familia, T 2, p.117, 5° edición actualizada; Chechile, Ana María, La separación de hecho entre cónyuges en el derecho civil argentino, p. 128 y jurisprudencia mayoritaria allí citada; Vidal Taquini, Matrimonio civil, p.383; Sambrizzi, Separación personal y divorcio, t 1, p. 307; Fanzolato, com. art. 204 en Bueres-Highton, Código Civil, t I, p. 937, además de los ya citados por la sentenciante anterior).”

“La convivencia de los cónyuges en una misma vivienda permite presumir la vida en común como marido y mujer y el cumplimiento de los deberes matrimoniales, correspondiendo a quien alega la separación acreditar que ha cesado la vida marital. En definitiva, deberá acreditar que se ha abdicado total y absolutamente de los deberes matrimoniales, aun cuando los esposos se encuentren cohabitando una misma casa.”

“Acreditado el fracaso del matrimonio, aun cuando los cónyuges vivan bajo un mismo techo, se cumple el recaudo legal del cese de la cohabitación, pues la norma se refiere precisamente a la ruptura de la vida marital.”

“El art. 232 in fine del Código Civil otorga relevancia suficiente a la prueba confesional o al reconocimiento de los hechos cuando la demanda de separación o de divorcio se funda en la interrupción de la cohabitación de los cónyuges sin voluntad de unirse.”

“En el caso concreto, los cónyuges se encuentran ya viviendo en distintos domicilios desde junio de 2008 y del juicio de tenencia de hijo, que corre por cuerda, se advierten las dificultades de comunicación de los esposos y el fracaso del matrimonio, por lo que también en este aspecto la oposición fiscal resulta infundada.”
Citar: elDial.com - AA7341

Publicado el 22/02/2012


Lo pararon los inspectores de tránsito y se fue pero no cometió ningún delito

La Sala VII de la Cámara del Crimen decidió sobreseer a Miguel Ángel Oviedo, quien había sido parado por dos inspectores de tránsito que lo detuvieron porque su moto no poseía los espejos retrovisores y que, después de que le avisaran que su vehículo iba a ser confiscado, se subió y se fue. El fallo fue dividido, y en primera instancia había sido procesado con la posibilidad de ir a "prisión de 15 días a seis meses" a quien "impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones".

Dos abogados reclamaron al Banco Francés el cobro de honorarios, pero la Corte bonaerense decidió desestimar el petitorio y tomar por válido el convenio que habían firmado para renunciar al cobro de honorarios regulados judicialmente, aunque su cliente fuera condenado en costas.
 
En una instancia anterior, el magistrado encargado de resolver el caso de los autos “F. A. J. y otro c/ Banco Francés S.A. s/ ejecución de honorarios”, determinó que el “artículo 1.627, segundo párrafo, del Código Civil no deroga la opción prevista en el artículo 8 del decreto Ley 8904/1977, que habilita al abogado o procurador a pedir la regulación de sus honorarios dejando, en su caso, sin efecto el contrato o pacto en tal sentido concertado con la parte”.

Es que en el caso, dos abogados realizaron un reclamo ante la entidad financiera por el cobro de honorarios. Pero la Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió desestimar el reclamo y tomar por válido el convenio que habían firmado para renunciar al cobro de honorarios regulados judicialmente, aunque su cliente fuera condenado en costas.

Desde el banco se agraviaron respecto a la instancia anterior: resultaba “escandaloso” que “habiendo suscripto con pleno discernimiento, intención y libertad un grupo de profesionales, un contrato en el que acordaron que en ningún caso podían ejercer pretensión de cobro por los honorarios regulados judicialmente contra su mandante y aceptaron ser retribuidos en función de un porcentaje específico pueden, sin más, dejar de lado todo lo negociado y comprometido con sólo solicitar regulación de honorarios en base a normas de aranceles locales".

El máximo Tribunal de Buenos Aires se expidió acerca de la cuestión aseverando, en primer lugar, que “los letrados renunciaron a perseguir el cobro de sus honorarios regulados judicialmente contra su mandante, siquiera en el caso de ser éste condenado en costas, pudiendo sí dirigir tal pretensión hacia la contraria”.

Hicieron alusión a jurisprudencia propia del órgano judicial de mayor jerarquía en los estratos bonaerenses: “En los autos "Banco de La Pampa contra Cuevas Emilio Alfredo. Cobro ejecutivo", esta Corte declaró procedente la excepción de inhabilidad de titulo opuesta por el ejecutado en base a un convenio arancelario celebrado entre las partes, por el cual se le encomendaba al profesional la atención de los asuntos judiciales del segundo sin otra retribución que el salario que el abogado percibía de la entidad ejecutada por la relación laboral trabada entre ellos”.

Recordaron la opinión de su colega Antonio Juan Rinesse, quien señaló que "las partes pueden pactar libremente el precio de los servicios y que esta situación se asienta en el campo contractual, su regulación e interpretación queda sometida al sistema del derecho privado, dentro del orden público de protección reseñado. La norma emanada del Congreso se refiere al derecho común, materia exclusiva del gobierno federal, por virtud del artículo 75 inciso 12 de la Constitución nacional en forma exclusiva”.

Los magistrados aseveraron en el fallo que “no hay duda de que los alcances de esta ley son de aplicación también a las jurisdicciones provinciales, por ser una ley común, de obligatoriedad general, por la naturaleza de las mismas, y que no entra en conflicto con el poder de policía local por el carácter que ostenta".

"En principio aquí se viene a consagrar el criterio relativamente opuesto al que había regido con anterioridad; que los pactos sobre honorarios solamente tenían validez cuando respetaban el mínimo legal, o eran superiores a ese mínimo arancelario. En cambio ahora hay libertad absoluta de pactarlos en cualquier monto. No obstante ese pacto reconoce algunos límites: el abuso del derecho o la lesión subjetiva u objetiva, o la teoría de la imprevisión, en su caso."

Pero retomando los argumentos esgrimidos en la causa del Banco de La Pampa, los jueces alegaron que “parece terciar en el pronunciamiento atacado la idea de que el art. 1627 del Código Civil sólo es de aplicación cuando se debate "la cuantía de los servicios" prestados por el profesional y que resulta irrelevante cuando la controversia apunta a la legitimación pasiva del accionado en la ejecución de los honorarios regulados judicialmente”.

“Si ajustar es "concertar el precio de algo" y si por las tareas judiciales desarrolladas por los coactores se acordó cuál sería su paga (porcentaje sobre los efectivos recuperos más honorarios regulados en su favor a cobrar de la contraparte), mal puede afirmarse que la norma de fondo que habilita tal concertación carece de efectividad en la especie cuando uno de los sujetos contratantes pretende desoír lo convenido, persiguiendo la ejecución de una retribución diversa de la libremente acordada por sus trabajos profesionales.”

ACCIDENTE DE TRABAJO. Fallecimiento del dependiente –empleado rural–. SINIESTRO OCASIONADO POR LA CAÍDA DE UN RAYO. Incendio del lugar donde se encontraba el trabajador. Habitualidad de la existencia de tormentas eléctricas en la zona. Presencia de un vehículo de atracción. RESPONSABILIDAD “IN VIGILANDO” DE LA ART. Incumplimiento del “deber de seguridad”. Ley 24557. Prestaciones dinerarias
“Medero Dolinda, María Estela p/ si y en rep. hijas men T. N. y M. c/ Consolidar Art SA s/ accidente-ley especial” – CNTRAB – 14/11/2011
CONTRATO DE TRABAJO. Artista. Locación de servicios. CONTRATOS DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA. Prestación de labores en una productora televisiva –Programa “100% Lucha”–. Existencia de dependencia económica, técnica y jurídica. CONFIGURACIÓN DE UN VÍNCULO LABORAL SUBORDINADO. Art. 23 de la Ley 20744. ACCIDENTE DE TRABAJO. Infortunio acaecido en un show durante una gira. EMPLEADORA NO ASEGURADA. Responsabilidad en los términos de la Ley 24557. Obligación de otorgar las prestaciones en especie
“Gomez Antelo Luis Adrian c/ Endemol Argentina S.A y otro s/ accidente-ley especial” – CNTRAB – 11/11/2011

 >> Publicado el día Viernes 6 de Enero de 2012 en la edición Nº 3429
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR VOLUNTAD CONCURRENTE DE LAS PARTES. Art. 241 de la Ley 20744. ACUERDO LABORAL. Términos del acto que no reflejan la existencia de una negociación previa. Art. 832 del Código Civil. Doctrina del Plenario “Lafalce”. Pago de una suma de dinero inferior a la que verdaderamente le correspondía a la trabajadora. Ausencia de una justa composición de los derechos e intereses de las partes. DESPIDO INJUSTIFICADO. Vínculo laboral que se ha extinguido por la voluntad unilateral de la empleadora. Cálculo de la indemnización por despido. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. Indemnización agravada prevista en el Art. 182 de la LCT. Procedencia
"Butera, Analia Jesica c/ Compañía, Financiera Argentina S.A. s/ despido” – CNTRAB – 30/11/2011


“Mateos, D. A. c/ Banco P. S.A. s/ Daños y Perjuicios (Ordinario)” – CÁMARA DE APELACIONES DE TRELEW (Chubut) – 22/11/2011
RESPONSABILIDAD BANCARIA. Negativa a renovar la tarjeta de crédito de un cliente por ser miembro una sociedad deudora de la entidad. Ruptura unilateral e intempestiva del contrato. Incumplimiento del preaviso. ACCIONAR DISCRIMINATORIO HACIA EL ACTOR. Tarjeta que era destinada al uso particular del cliente. Deslinde de personalidad entre la sociedad y sus miembros. Art. 39 del Código Civil. Principio de buena fe contractual. Aplicación de los criterios de la moral cristiana y del Art. 953 del Código Civil. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS. DAÑO MORAL

ALIMENTOS. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS ABUELOS RESPECTO DE SUS NIETOS. Reclamo entablado por la progenitora. Accionante que alega el desempleo e insolvencia del padre de las niñas. Progenitor que no se presentó al proceso ni respondió a las intimaciones cursadas. Principio de subsidiariedad y de solidaridad familiar. Interés Superior del Niño. Arts. 367 y siguientes del Código Civil. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Fijación de cuota alimentaria a cargo de la abuela para cubrir las necesidades mínimas y básicas. Determinación del monto. Ponderación de los beneficios previsionales que percibe la demandada
“M. A. C/ A. R. S/ Tenencia - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MERCEDES (Buenos Aires) – 03/11/2011


"Alvarez, Dora c/ Casette, Marcelino Jose y/u otro s/ laboral" – CÁMARA DE APELACIONES DE CONCORDIA (Entre Ríos) – SALA DEL TRABAJO – 07/12/2011
DERECHO AGRARIO. CONTRATO DE TRABAJO. Configuración de un vínculo laboral subordinado. Valoración de la prueba testimonial. FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR. Percepción de haberes adeudados al dependiente –Art. 73 de la Ley 22248–. CAUSAHABIENTES. Madre biológica del causante. LEGITIMACIÓN ACTIVA

“Al quedar comprobado que la accionante es la madre biológica del causante… resulta claro que aquélla es la titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión y esto, obviamente, más allá de que resulte o no demostrado el vínculo de naturaleza laboral que se invoca en la presentación inicial.”

“En el marco del derecho agrario –régimen que resulta aplicable en la especie atento a la naturaleza de la relación denunciada en el escrito inicial– cuando la extinción del contrato de trabajo se produce por fallecimiento del trabajador, las personas enumeradas en la ley previsional son las que tienen derecho, previa acreditación del vínculo, a percibir los haberes adeudados al dependiente (conforme art. 73 de la Ley Nº 22248), motivo por el cual voy a propiciar a los colegas que siguen en el orden de votación que se revoque el fallo dictado en la instancia de origen en cuanto hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el demandado.”

“Apreciando en su conjunto los testimonios antes reseñados, por otra parte, única prueba obrante en el juicio para demostrar la existencia del invocado vínculo laboral, se desprende con evidencia que el causante trabajó para el demandado en el ámbito rural, encuadrado en el RNTA (Ley Nº 22248) y si bien puede afirmarse que las declaraciones contienen algunas deficiencias, dado lo escueto que resultaron los testigos en todos los casos, lo cierto es que, al menos desde mi perspectiva, logran convencer acerca de la existencia de la relación laboral, máxime si tenemos en cuenta que los testimonios no se contradicen entre un grupo y otro… Tiene dicho este Tribunal que "Las declaraciones testimoniales deben ser analizadas en su integridad, y de allí sacar el sentido real de lo que se ha querido expresar" (conforme autos: "NUÑEZ, Angel Epifanio c/ ROCHA, Diego Alberto y Otros - Cob. de Sueldos, S.A.C., Vacac. y ot.", LAS 1999, fº 172 y sgtes.). En razón de lo expuesto radica mi convencimiento sobre el alegado vínculo laboral.”

 

"Silva Tamayo, Gustavo Eduardo c/ EN – Sindicatura General de la Nación – resol. 58/03 459/03 s/ empleo público" - CSJN – 27/12/2011
EMPLEO PÚBLICO. Sindicatura General de la Nación. DESPLAZAMIENTO TRANSITORIO DE CARGO. CATEGORÍAS INFERIORES. Invocación de razones operativas y reasignación de funcionarios. Estatuto del Personal de la Sindicatura General de la Nación. NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE MOTIVACIÓN. Necesidad de especificar por que no es posible mantener transitoriamente al agente hasta que se cumpla la condición a la que se sujetó el nombramiento. FACULTADES DISCRECIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN. Imposibilidad de justificar conducta arbitraria. Procedencia del recurso


“Ahumada, Alberto Antonio c/ Embajada de la Republica de Angola s/ despido” – CNTRAB – 25/11/2011
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. EMBAJADAS. Relaciones diplomáticas. Sometimiento a la jurisdicción del estado receptor. Convención de Viena. SANCIONES O AGRAVAMIENTOS INDEMNIZATORIOS. Supuestos que no configuran exenciones. Agentes diplomáticos. Prestación de colaboración voluntaria. Cálculo de la indemnización por despido

“Los arts. 23 y 34 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prevén que los estados extranjeros están exentos del pago de impuestos o gravámenes personales o reales, nacionales, regionales o municipales con las excepciones establecidas en los distintos incisos del art. 34 antes citado, pero nada dicen acerca de las sanciones o agravamientos indemnizatorios dispuestos en la legislación laboral, debiendo entenderse en atención a la claridad de los preceptos analizados, que la exención aludida se encuentra ceñida a los supuestos de impuestos o gravámenes y no a los supuestos de este caso (en igual sentido ver Sala II de esta CNAT, in re "López Lourdes Adelina c/Embajada de la República Oriental del Uruguay s/despido" [Fallo en extenso: elDial.com - AA296D], SD 93.382 del 31/3/05).”

“Si bien no soslayo que el artículo 31, inciso 2, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que “El agente diplomático no está obligado a testificar”, considero que ello per se no exime a dichos agentes de prestar colaboración voluntaria en los casos en los que en que el Estado acreditante –en el caso, la República de Angola– se somete a la jurisdicción del Estado receptor –en la especie, la República Argentina–.”


Citar: elDial.com - AA7271

Publicado el 09/01/2012

RESPONSABILIDAD BANCARIA. Negativa a renovar la tarjeta de crédito de un cliente por ser miembro una sociedad deudora de la entidad. Ruptura unilateral e intempestiva del contrato. Incumplimiento del preaviso. ACCIONAR DISCRIMINATORIO HACIA EL ACTOR. Tarjeta que era destinada al uso particular del cliente. Deslinde de personalidad entre la sociedad y sus miembros. Art. 39 del Código Civil. Principio de buena fe contractual. Aplicación de los criterios de la moral cristiana y del Art. 953 del Código Civil. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS. DAÑO MORAL

“No veo que el artículo 1198 CC y su principio general de la buena fe permitan el rompimiento intempestivo, abrupto de relaciones jurídicas de tracto sucesivo o de naturaleza “fluyente” como le gustaba llamarlas al maestro Rayces. Las relaciones contractuales destinadas a perdurar ameritan una ruptura previsible, no dañosa para las partes.” (Dr. Marcelo López Mesa, según su voto)

“El art. 39 del Código Civil expresa que “Las corporaciones, asociaciones, etcétera, serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella”. A tenor de esta norma la conducta desplegada por el banco en contra del actor implica hacer tabla rasa con la separación patrimonial entre persona jurídica y persona física de sus miembros. Además, la norma dice claramente que son “personas enteramente distintas de sus miembros” y que “ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella”.” (Dr. Marcelo López Mesa, según su voto)

“El objeto del acto jurídico de ruptura unilateral del contrato por parte del banco, vulnera el art. 953 CC, al basarse en una injusta discriminación hacia el actor, en su condición de miembro de una sociedad deudora y en su condición de solicitante de una rectificación de cuenta corriente, atributos que no pueden sustentar válidamente un acto tan pernicioso para los intereses de una persona y tan intempestivo en su materialización. Es que, los recaudos a satisfacer por el "objeto" de los actos jurídicos y por ende los contratos, conciernen a su determinación, posibilidad, licitud y conformidad con la moral, todo lo cual hace aplicable el CC. arts. 953, 1167 y siguientes (Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 9/10/89, JA 1990-I-406) (Dr. Marcelo López Mesa, según su voto)

“La falta de preaviso con tiempo suficiente de la ruptura contractual al actor no es en autos un dato discutido, por cuanto la sentencia tuvo por probado este extremo y el apelante no lo cuestionó, sino que dijo directamente que no le era exigible otra conducta que la desplegada. Hemos ya visto que la doctrina de la Corte en el caso “Automotores Saavedra c/ Fiat” establece todo lo contrario: todo contrato se puede resolver, pero siempre, con un preaviso con la suficiente antelación, de modo de evitar daños innecesarios a los cocontratantes. En el caso de autos, visto que el preaviso no se concedió y que el tópico de la relación causal adecuada con el daño sentado en la sentencia no ha sido debidamente atacado, el punto de la determinación del daño ha adquirido firmeza, resultando a esta altura irrevisable.” (Dr. Marcelo López Mesa, según su voto)

“En los contratos de ejecución continuada sin plazo o con plazo indeterminado, ante el silencio normativo, nuestra doctrina y jurisprudencia han coincidido en que, si bien tal plazo inexistente o bien indeterminado no implica una continuidad de la relación “sine die”, de modo que cualquiera de las partes puede ejercer su derecho a ponerle fin, la decisión unilateral de terminarla ha de notificarse de modo inequívoco y, sobre todo, con una antelación necesaria que ha de abarcar el tiempo que razonablemente permita al destinatario recomponer sus actividades luego del cese del vínculo anterior; en defecto ello corresponderá indemnizar los daños (confr.: Gregorini Clusellas, “Contratos de distribución. La reparación por su ruptura intempestiva y la intempestividad de la ruptura”, L.L. 1995-B-171/172; C.N. Com., Sala ”C”, rev. y oto cits., págs. 168 y sgts.). (Dr. Velázquez, según su voto)

“Tampoco es compartible la manifestación del recurrente en el sentido que haya mediado causa razonable para la decisión poner fin a la relación entre las partes, dada por la circunstancia de ser el actor socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada deudora del banco demandado y, en tal carácter, haber iniciado contra éste un reclamo de rectificación de cuenta corriente, lo que habría creado una incompatibilidad para que aquél, a título personal, continuara su relación con el banco.” (Dr. Velázquez, según su voto)
Citar: elDial.com - AA7251

Publicado el 09/01/2012

71 - 80 PEREZ LLORET GASTON ALBERTO ARCOS 2864 3º "B" 1429 47016703 Activo
 Partes: Gorod Juan Alberto c/ Orígenes Seguros de Retiro S.A. s/ diferencias salariales
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala/Juzgado: X
Fecha: 18-oct-2011
Cita: MJ-JU-M-70020-AR | MJJ70020 | MJJ70020
Fallo:
Buenos Aires,18/10/2011
El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:
1º) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 289/297 interpuso la demandada a tenor del memorial obrante a fs. 301/316, el cual mereció la respectiva réplica adversaria (fs. 318/331). Asimismo Orígenes Seguros de Retiro S.A. apela los honorarios regulados a la representación letrada del actor y al perito contador por considerarlos altos (ver fs. 315vta., décimo agravio).
2°) Se agravia la demandada por cuanto la señora juez que me ha precedido consideró nulo el acuerdo conciliatorio suscripto por el actor ante el SECOSE (Servicio de Conciliación Laboral Optativo para Comercio y Servicios) y con base en las declaraciones de dos testigos que fueron oportunamente impugnados por la parte.
El análisis de los testimonios receptados me lleva a coincidir con lo resuelto por la magistrada que me ha precedido en orden a que dicho convenio no puede surgir efecto alguno.
Gastón Perez Lloret (abogado) manifestó que conoce al actor ".porque el dicente patrocinaba para el grupo Orígenes a los empleados que fueran desvinculados del grupo ante el SECOSE.que el dicente facturaba a la demandada.que conoció al actor en mayo de 2.008 que fueron en los últimos acuerdos como patrocinante que el dicente participó para los empleados de Orígenes.que le pagaron los honorarios de $ 100.que no había posibilidades para el actor de negociar el número del acuerdo porque la empresa le decía al empleado cuánto iba a cobrar y que no estaba sujeto a modificación, que de no firmar el acuerdo podía hacerle juicio a la empresa o esperar el telegrama de despido.que al actor al momento de la firma no recibió ningún asesoramiento legal, que iban y firmaban." (ver fs.243/4).
A su turno, Agustín Gasquet -quien dijo haber trabajado en la sección de recursos humanos de la demandada con el cargo de abogado asignado, cuyo testimonio no fue cuestionado, contrariamente a lo sostenido por la recurrente- afirmó que ".al actor se lo desvinculó mediante un despido formalizado mediante acuerdo ante el SECOSE.que el actor no tenía ninguna posibilidad de negociar el monto del acuerdo y que si el actor no aceptaba se lo desvinculaba mediante telegrama laboral.que al momento que se desvinculó al actor se desvincularon a 4 personas." (fs. 209).
Sobre tal base y si bien del acuerdo conciliatorio objeto de análisis se desprende que el actor estuvo patrocinado por el Dr. Gastón Pérez Lloret (ver fs. 154) lo relevante es que -conforme la transcripción de sus dichos realizada en forma precedente- el propio profesional letrado reconoció que se desempeñó para la aquí demandada formalizando convenios con el personal que la empresa pretendía que se desvinculara y que recién conoció al demandante en oportunidad de celebrarse el acuerdo, sin que tuviera el trabajador posibilidad de cuestionar su monto (fs. ant. cit.). Cabe destacar asimismo que la impugnación formulada oportunamente por "Orígenes" -ver fs. 246/8- no cuestiona lo esencial de la declaración en cuanto a que el testigo manifestó que prestaba servicios para la aludida empleadora y que intervino en el acuerdo firmado por Gorod para defender los intereses de aquella (art. 90 de la L.O. y 386 del C.P.C.C.N.).
En el presente caso (conf. declaraciones antes citadas) el convenio invocado por la demandada presenta un ‘vicio instrumental trascendente' en razón de que el trabajador no fue asistido legalmente del modo querido por el legislador, todo lo cual hace que el mismo deba ser invalidado, careciendo, por lo tanto, de toda eficacia como para poner punto final a los derechos emergentes de la relación laboral que uniera a las partes (ver en igual sentido, S.D.N° 14.847 de esta Sala X del 14/12/06 "in re" "Rodríguez Jorge Alberto c/Orígenes S.A. y otros s/despido").
Con la exclusiva finalidad de abundar señalo, en cuanto se refiere a los alcances de la irrenunciabilidad de derechos que consagra el art. 12 de la L.C.T., que adhiero a la tesis expuesta por esta Sala, en su anterior integración, en cuanto declaró la nulidad de aquellos acuerdos expresos mediante los cuales un trabajador -aún sin afectar los derechos mínimos inderogables consagrados por la ley, los estatutos profesionales y/o los convenios colectivos- pacta una renuncia a las mejores condiciones de trabajo obtenidas en el marco del contrato individual del trabajo, haciéndolo de un modo gratuito y sin obtener ninguna contraprestación a cambio, que garantice la equiparación de contraprestaciones propias de todo sinalagma contractual (ver mi voto en S.D. N° 15.261 del 05/06/2007 "in re" "Adamo Héctor Jorge c/Correo Oficial de la República Argentina s/diferencias de salarios" ). Además el hecho que el actor hubiese guardado silencio en modo alguno obsta a sus pretensiones, conforme lo expresamente establecido al respecto por el cit. art. 12 y 58 de la L.C.T.
Sobre tal base no puedo más que coincidir con lo resuelto por la señora juez de primera instancia en cuanto a que resulta nulo el acuerdo celebrado entre las partes en sede administrativa y por el cual la demandada abonó sumas inferiores a las que corresponderían a un despido sin causa, sin que pueda surgir los efectos legales que la recurrente pretende, como así también que el contrato de trabajo de Gorod se extinguió por despido directo que Orígenes Seguros de Retiro S.A. ya había resuelto con anterioridad al aludido convenio.
Cabe, pues, desestimar los agravios vertidos en los aspectos aquí considerados.3°) En atención a la solución propuesta habré de desatender el planteo formulado en orden a que la magistrada de primera instancia hizo lugar a la nulidad del acuerdo celebrado ".por entender que no existió despido indirecto por parte del demandado." pese a lo afirmado por Gorod en este aspecto en el aludido convenio.
Sin perjuicio de ello, al considerar por vía de hipótesis la aludida circunstancia fáctica, de los términos del mismo acuerdo surge que la demandada ofreció abonar la suma objeto del mismo ".sin reconocer hechos ni derechos invocados por la requirente." (ver informe del SECOSE de fs. 154/157vta.) y ante la aseveración del actor de que en realidad se trató de un despido directo encubierto a la fecha de la suscripción del convenio (14/05/2008), la demandada no acompañó la comunicación de cese remitida por el actor ni otro elemento de prueba válido que demuestre que efectivamente Gorod se consideró despedido el 28/04/2008, lo cual no aparece rebatido en forma concreta y razonada en los términos del art. 116 de la L.O.
4°) La argumentación de la demandada acerca de que la extinción del contrato de trabajo se produjo en los términos del art. 241, tercer párrafo(ef:LEG801.241), de la L.C.T. constituye una reflexión tardía de la parte al no haber sido puesta a consideración de la magistrada de la anterior instancia, por lo cual no puede siquiera ser analizada en esta alzada (arg. art. 277 del C.P.C.C.N.).
5°) Incluso no tendrá recepción el agravio que formula la demandada acerca de la decisión de la magistrada que me ha precedido de que existió en el caso "sub examine" violencia moral o intimidación.Repárese en que los testimonios antes analizados son contestes en cuanto a que si un trabajador dependiente de "Orígenes" no firmaba estos convenios no percibía suma alguna al desvincularse de la empresa, además de lo ya analizado en orden a la asistencia letrada ‘impuesta' por la empleadora y comprometida con ella (ver considerando 2°). Todo ello me convence de que la concurrencia del actor al SECOSE para suscribir el tantas veces citado acuerdo conciliatorio no respondió a un accionar voluntario y libre de su parte, sino a un acto viciado e impuesto como se sostuvo en el fallo.
Por idénticos fundamentos habré de desestimar el planteo ceñido a la admisión del daño moral reclamado, sin perjuicio de resaltar que el principal fundamento esgrimido por la sentenciante de primera instancia para receptar este incremento -esto es la coerción para que el actor suscribiera un convenio claramente desfavorable a sus derechos laborales o quedar desvinculado sin percibir monto alguno- no fue cuestionado eficazmente (art. 116 L.O.).
6°) No tendrá mejor solución lo atinente al cuestionamiento respecto del progreso de las diferencias por básico de convenio reclamadas.
Obsérvese que el testimonio de Gasquet -reitero, inobservado por la demandada- arroja certeza en cuanto a que el actor laboró, al menos, de lunes a viernes de 9 a 18 hs para la aquí demandada (ver fs. 209). La aludida declaración demuestra que Gorod no desarrolló una jornada de trabajo parcial o reducida para Orígenes Seguros de Retiros S.A. como se aseveró en el responde y al expresar agravios sino -por el contrario- su horario era de tiempo completo (arts. 90 cit. y 386 C.P.C.C.N.).
Cabe memorar asimismo que la modalidad del contrato de trabajo a tiempo parcial constituye un supuesto de excepción al cumplimiento de la jornada laboral completa, por lo cual quien invoca dicha situación particular -en el caso la demandada- tiene a su cargo la acreditación de la misma (conf. art.377 C.P.C.C.N.), extremo -reitero- no cumplimentado.
Así entiendo que la jornada efectivamente cumplida por el actor no resultó ser el supuesto que autoriza a la empleadora a reducir y abonar el salario en proporción al menor horario de trabajo (conf. art. 92ter , de la L.C.T.).
En atención a ello y al considerar -reitero- que el demandante cumplió una jornada de trabajo completa, cabe confirmar el fallo en cuanto admitió las diferencias salariales reclamadas con este fundamento (conf. escalas salariales vigentes a la época en que aquí interesa y lo normado por el art. 55 de la L.C.T. frente a la falta de exhibición de los libros y documentación labora l por parte de la demandada: ver peritaje contable fs. 259, 5° párrafo).
7°) En cambio tendrá andamiento favorable el planteo acerca de la indemnización del art. 1° de la ley 25.323.
Si bien es cierto que la suma de $ 6.000 que percibió el demandante como gratificación extraordinaria por el 150° aniversario del "grupo Santander" lo fue en ocasión del trabajo, también lo es que dicho importe fue recibido por parte de un tercero -el grupo aludido- como una liberalidad excepcional y la aquí demandada Orígenes Seguros de Retiro S.A. no intervino en dicho pago, por lo que mal podía tener asentada tal constancia en los libros del art. 52 de la L.C.T. (ver, en igual sentido, S.D. N° 18.498 de esta Sala X del 12/05/2011 "in re" "Gago de Sousa, Emir Andrés c/Orígenes A.F.J.P. S.A. s/diferencias de salarios").
Sobre tal base y al no detectarse irregularidad registral alguna considero que cabe modificar el fallo en cuanto receptó el incremento indemnizatorio del art.1° de la ley 25.323 y deducir del monto total de condena la suma de $ 75.587,54 diferida por tal concepto.
8°) Será desestimada la crítica vertida por la demandada en orden a la admisión de la indemnización del art. 2° de la ley 25.323 en la medida en que el actor intimó a su empleadora en procura del pago de las indemnizaciones derivadas del despido sin justa causa del cual fue objeto (ver informe de Mailing Postal S.R.L. de fs. 137) e inició las presentes actuaciones a fin de procurar el cobro de sus derechos, por lo que cumplimentó el recaudo previsto por la normativa en análisis.
Lo dicho lleva a desechar el argumento de la recurrente acerca de la ausencia de un crédito cierto y exigible en cabeza del trabajador, por lo que propicio la confirmatoria de este tramo del fallo.
9°) También será desechada la queja referida a la aplicación de la tasa activa en los términos del acta 2.357 de esta Cámara.
En primer lugar advierto que mediante el dictado de la referida acta 2357 se ha esbozado un criterio adoptado por la mayoría de los jueces que integran esta Cámara en atención a circunstancias particulares que han sucedido con el devenir de los acontecimientos económicos por los que nuestro país ha atravesado.
De conformidad con lo manifestado en la misma exposición de motivos que llevó al dictado del acta referida, el criterio adoptado lo fue en virtud de la expresa prohibición legal de acudir a cualquier mecanismo de indexación de créditos y como consecuencia de la necesidad de procurar un medio tendiente a paliar los efectos derivados de la supresión de la convertibilidad monetaria y la depreciación del valor de la moneda.Consecuentemente, atento los fundamentos expuestos y dado que lo que se resuelve en grado en torno de la tasa de interés coincide con el criterio que adopta este Tribunal, corresponde desestimar el agravio en relación.
10°) En definitiva y conforme todo lo dicho, habré de reducir el monto total de condena a la suma de $ 190.673,35, que devengará los intereses fijados en la instancia de grado.
11°) En cuanto a las costas de primera instancia, más allá de lo impuesto por el art. 279 del C.P.C.C.N. frente a la modificación propuesta en este voto, propicio confirmar su imposición a la demandada al resultar vencida en lo sustancial del reclamo (art. 68, primer párrafo , del C.P.C.C.N.).
Respecto de los honorarios sugiero fijar los correspondientes a la representación letrada del actor -presentó escrito de alegar a fs. 277/281vta.- en el 16,5%, los de la representación letrada de la demandada -alegó a fs. 282/286- en el 12,5% y los del perito contador en el 7%. Estos porcentajes se calcularán sobre el monto de condena, incluídos los intereses (art. 38 L.O y cctes. ley arancelaria; arts. 3° y 12 decreto ley 16.638/57).
Propongo asimismo imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida en la contienda (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el actor y demandada por su labor ante esta segunda instancia en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por la actuación en la etapa anterior (art. 14 , ley arancelaria).
Voto en consecuencia, por: 1) Modificar la sentencia en cuanto al capital de condena y reducirlo a la suma total de $ 190.673,35 que devengará los intereses fijados en primera instancia.2) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado respecto de los honorarios y regular los correspondientes a la representación letrada del actora, demandada y perito contador en el 16,5%, 12,5% y 7%, respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto de condena, incluídos los intereses (art. 38 L.O y cctes. ley arancelaria; arts. 3° y 12 decreto ley 16.638/57). 3) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de recurso y agravios. 4) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.). 5) Regular los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el actor y demandada por su labor ante esta segunda instancia en el 25% para cada una de ellas de lo que les corresponda percibir por la actuación en la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria).
El Dr. GREGORIO CORACH dijo:
Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.
El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 L.O.).
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia en cuanto al capital de condena y reducirlo a la suma total de $ 190.673,35 (PESOS CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS) que devengará los intereses fijados en primera instancia. 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado respecto de los honorarios y regular los correspondientes a la representación letrada del actor, demandada y perito contador en el 16,5%, 12,5% y 7%, respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto de condena, incluídos los intereses. 3) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de recurso y agravios. 4) Imponer las costas de alzada a la demandada. 5) Regular los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el actor y demandada por su labor ante esta segunda instancia en el 25% para cada una de ellas de lo que les corresponda percibir por la actuación en la etapa anterior. 6) Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
ANTE MI
M.D

Determinan Cómo Debe Ser el Consentimiento Informado para Liberar a los Profesionales de la Ocurrencia de un Riesgo Informado
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó una demanda por supuesta mala praxis, al considerar que había sido debidamente acreditado que tanto la quejosa, como el familiar que firmó el consentimiento, fueron informados de las circunstancias que rodearon la operación, debiéndose tener en cuenta asimismo que en el caso de autos no se trató de una situación de urgencia, sino programada, lo cual brindó a la paciente la posibilidad y el tiempo para la reflexión sobre su conveniencia.

En el marco de la causa “R. N. A. c/ U. E. y otro s/ daños y perjuicios”, el juez de grado rechazó la demanda promovida por N. A. R., contra E. U. Y Obra  Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), por el cobro de la suma de 250 mil pesos con más sus intereses y costas, por la mala praxis que adjudicara la actora.

La sentencia de primera instancia estableció que R. había firmado el “consentimiento” para la operación quirúrgica y fue debidamente informada de las consecuencias disvaliosas que aquélla podía traer aparejada, considerando que los problemas sobrevinientes fueron producto de los riesgos de la intervención aludida, sin que importara “mala praxis” profesional.

Ante la apelación presentada por la parte actora, los magistrados que integran la Sala M explicaron que “la noción de consentimiento informado comprende aspectos que deben necesariamente hallarse presentes para que se considere que efectivamente existió”.

Los camaristas remarcaron que “el enfermo debe darlo antes de que la práctica médica sobre su cuerpo se concrete, sin presiones que vicien su expresión de voluntad libre (art. 897 del Cód. Civil, discernimiento, la intención y la libertad)”, debido a que “tanto la información sesgada o cuando habiendo alternativas -que harían que el paciente desistiera del acto-, no han sido informadas o, cualquier forma de presión médica o administrativa debidamente comprobadas, invalidarían el acto”.

A su vez, los magistrados remarcaron que “la jurisprudencia tiene resuelto que de tenerse por acreditado que la información no se brindó o no se brindó del modo suficiente, de manera que el paciente no hubiese decidido la operación en tales circunstancias, debe demostrar que la incapacidad resultante por la que se reclama es mayor que la que hubiese sufrido de haber rehusado la vía elegida por el médico”.

Tras remarcar que “la llamada doctrina del consentimiento informado sostiene que el médico cirujano responde por las consecuencias dañosas sobrevinientes, aunque no haya habido mal arte en la práctica médica, porque el estándar es objetivo”, los magistrados sostuvieron que “lo que debe analizarse es si una persona prudente puesta en lugar del paciente, que ha sido debidamente informada de todos los peligros significativos de la práctica que se le aconseja, hubiera decidido rechazar o no el tratamiento médico que se indica”.

En la sentencia del 18 de noviembre del presente año, la mencionada Sala explicó que “el consentimiento informado tampoco libera al profesional de las consecuencias de una conducta negligente o imprudente, pero sí lo exime de responsabilidad por la ocurrencia de un riesgo informado al enfermo y que ocurriera pese a la buena práctica”.

En base a lo expuesto, y teniendo “probado en el caso que N. R. y P. E. L., quien estuvo presente y firmó como familiar o acompañante en el acto, fueron informados de las circunstancias que rodeaban la operación”, los jueces resolvieron que “no se configura responsabilidad alguna por la que pueda reclamarse”, ya que “no se trató de una situación de urgencia, sino programada lo cual brinda la posibilidad y el tiempo para la reflexión sobre su conveniencia”.

Consideran que la Prueba Testimonial Resulta Suficiente para Acreditar las Horas Extras Trabajadas en Exceso de la Jornada Máxima Legal

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al reclamo de horas extras laboradas en exceso de la jornada máxima legal, al considerar que la prueba testimonial producida por el trabajador resultaba suficiente para demostrar que había realizado trabajos en exceso de la jornada legal.

En la causa “Giacoponello Claudia Estela c/ Jardin del Pilar S.A. s/ despido”, la actora apeló la sentencia de grado que rechazó su reclamo sobre las horas extras realizadas en exceso de la jornada máxima legal.

La recurrente había intimada a su empleador a abonar las horas extras realizadas los días sábados, domingos y feriados como también las realizadas los días de semana.

Los jueces que integran la Sala X explicaron que “las horas extras constituyen un hecho más que debe ser probado por quien afirma su existencia y como hecho que es, le son aplicables las normas de la Ley Orgánica que se refieren a la prueba”.

Los camaristas sostuvieron que “ninguna norma adjetiva impone que la valoración deba ser realizada con mayor estrictez o que la convicción que arroje la prueba producida deba ser más contundente que la necesaria para demostrar cualquier otro hecho litigioso”.

En base a ello, la mencionada Sala concluyó que “la prueba testifical producida en autos resulta suficiente para demostrar que la actora realizó trabajos en exceso de la jornada legal (arts. 90 L.O.y 386 C.P.C.C.N.)”.

Al pronunciarse en tal sentido, los jueces sostuvieron que “los testigos propuestos por la parte actora (Martínez -fs. 206-, Augusto -fs. 222-, Negri -267-) resultan concordantes en afirmar que la actora prestaba tareas de lunes a viernes de 9 a 18 hs., que este horario se extendía hasta después de las 18 realizaba entrevistas a los clientes y que efectuaba guardias los días sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs. y que estas guardias eran determinadas por la propia demandada”.

En la sentencia del 31 de octubre del presente año, los jueces remarcaron que “las declaraciones testimoniales merituadas provienen de compañeros de trabajo de la actora que han tomado conocimiento directo de los hechos que relatan, lo cual me lleva a desestimar las impugnaciones formuladas por la demandada y a otorgarles valor probatorio a sus dichos puesto que incluso no se advierten -en general- contradicciones ni imprecisiones entre los testimonios”.

A raíz de lo anteriormente explicado, los jueces consideraron que “al hallarse acreditado que la actora laboró en exceso de la jornada máxima legal (art. 1º ley 11.544) corresponde modificar el fallo y condenar a la demandada a abonar las horas extras demostradas”.

Impiden al Fisco Requerir el Pago de la Tasa de Justicia a los Letrados a Pesar de que la Alícuota del Pacto de Honorarios Supera el 20 Por Ciento
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que aunque la alícuota del pacto de honorarios supere el 20 por ciento, corresponde dejar sin efecto lo relativo a la facultad del Fisco de requerir el pago de la tasa de justicia a los letrados de la parte actora si aquellos pactaron expresamente en el pacto de honorarios que estaban eximidos de responsabilidad por las costas.

En el marco de la causa “Cuevas César Nicolás c/ Reali Alejandro Juan Rubén y otro s/ beneficio de litigar”, la juez de grado admitió en forma total la franquicia requerida por el actor, pero con sustento en el artículo 4 de la ley 21.839, le hizo saber al representante del Fisco que, al superar el convenio de honorarios presentado en autos el tope del 20% establecido en la norma citada, le podrá reclamar a los letrados del promotor del incidente, el pago de la tasa de justicia.

Al pronunciarse en tal sentido, la magistrada de grado destacó que la estipulación entre las partes, referida a la eximición de los profesionales al pago de las costas, no puede serle impuesta al legitimado por ley para reclamar la cancelación del sellado.

Los jueces que integran la Sala G, explicaron ante la apelación presentada por los letrados, que “no obstante la alícuota del 30% convenida entre el cliente y los letrados, al encontrarse expresamente eximidos los últimos de la responsabilidad de las costas que se deriven del reclamo (v. cláusula cuarta del convenio de fs. 32), la entidad recaudadora ha expresado que en supuestos como el de autos, ha dejado de propiciar en sus dictámenes la exigibilidad del pago de la tasa de justicia a los profesionales, en razón del precedente de la CSJN, citado por los quejosos en la expresión de agravios”.

En base a ello, en las sentencia del 22 de noviembre del presente año, decidieron dejar sin efecto lo relativo a la facultad del Fisco de requerir el pago de la tasa de justicia a los letrados de la parte actora.

Destacan Exigencia de Fundamentación Adecuada de Toda Providencia Denegatoria
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó una resolución de primera instancia que la solicitud, en los términos del artículo 260 inciso 2 del  Código Procesal, de la producción ante la alzada de la prueba confesional, al considerar que dicha apertura a prueba pretende garantizar el cumplimiento del principio constitucional de la defensa en juicio y actuar como contrapeso de la inapelabilidad que instituyen los artículos 379 y 386, del Código Procesal en materia probatoria.

En el marco de la causa “Fernández Fabio Héctor c/ Bodo Roberto s/ds. y ps.”, la parte actora había solicitado en los términos del artículo 260 inciso 2 del Código Procesal, la producción en la alzada de la prueba confesional que fue desestimada por el juez de grado.

Los jueces que componen la Sala M sostuvieron que “la apertura a prueba que dispone el artículo 260 del citado código con relación a aquellas medidas que hubieren sido denegadas en primera instancia, pretende garantizar el cumplimiento del principio constitucional de la defensa en juicio y actuar como contrapeso de la inapelabilidad que instituyen los artículos 379 y 386, del Código Procesal en materia probatoria”.

Tras remarcar que en autos se trata de determinar la ocurrencia del hecho que fuera negado por el demandado, los camaristas explicaron que “la apertura a prueba armoniza con la garantía de la defensa en juicio y no obstante el lacónico texto en el cual se fundó la petición en estudio, aquélla debe ordenarse ante la menor duda acerca de la posibilidad de emitir un pronunciamiento injusto, de atenerse únicamente a los elementos de juicio ya agregados en la causa”.

A su vez, los jueces resaltaron que “no  puede dejar de señalarse que al desestimar la prueba confesional, la Sra. Juez "a quo" lo hizo, sin pronunciarse sobre si la misma le resultó manifiestamente improcedente, superflua o dilatoria respecto de la pretensión procesal esgrimida circunstancia que afecta la exigencia de fundamentación adecuada de toda providencia denegatoria”.

En base a lo expuesto, y garantizando debidamente el derecho de defensa, la mencionada Sala concluyó en que corresponde admitir el planteo formulado por la parte actora, citando al demandado a absolver posiciones en esta instancia.

M. 158. XLV.
M. 140. XLV.
RECURSO DE HECHO
Machado, Jorge José c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
19.982/05).
-1-
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
Vistos los autos: “Machado, Jorge José c/ Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte. 19.982/05)”.
Considerando:
Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos
expuestos por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen que
antecede, a cuyas consideraciones corresponde remitir en razón de
brevedad.
Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente
el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia
apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a
fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento
con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal.
Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI (según su
voto)- CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI -
CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).
ES COPIA
VO-//-
-2-
M. 158. XLV.
M. 140. XLV.
RECURSO DE HECHO
Machado, Jorge José c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
19.982/05).
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-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI Y
DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
1º) Que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, en sesión plenaria y por
mayoría, impuso al actor la sanción de exclusión de la matrícula:
(i) en razón de haberse violado los arts. 6º, incisos a y e, 44,
incisos a, g y h de la ley 23.187, y los arts. 10, inciso a, 19,
inciso a, 22, incisos a y b, y 26 y 27 del Código de Ética; y
(ii) en función de lo preceptuado en los arts. 45, inciso e,
apartado 2º, y 47, párrafo 3º, de la ley 23.187, y en los arts.
26, inciso b, y 27 del Código de Ética.
Para así decidir, tuvo en cuenta, primordialmente, que
el Tribunal Oral en lo Criminal nº 5 había impuesto al actor la
pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso y la
inhabilitación especial por el mismo tiempo, por el delito de
estafa en grado de tentativa —sentencia que se encontraba firme—.
Ponderó, asimismo, que “el delito fue cometido en el ejercicio de
la profesión” y que la conducta examinada comportaba una grave
infracción tanto a las normas que rigen la abogacía, cuanto al
decoro y a la ética profesional. A ello añadió que el actor no
tomó los “mínimos recaudos de identidad respecto del reclamante
de los servicios profesionales”, ni tampoco “la precaución de
hacer un acuerdo, o, al menos, firmar un escrito simple en el que
se volcaran las condiciones del arreglo”. Al mismo tiempo,
remarcó que “…tratándose de cheques en los que no figura como
beneficiario el portador, deben extremarse las precauciones de
atención del caso […] la Ley Nº 24.452, la que resultó
complementada por el dictado de la Ley Nº 24.760, leyes éstas que
deben reputarse conocidas por un especialista del derecho. Tales
reformas hicieron perder al portador la calidad de legitimidad
para actuar…”.
-4-
Contra esa decisión, el actor interpuso recurso
directo de apelación en los términos del art. 47 de la ley
23.187.
2º) Que la Sala III de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la
sanción.
Tras desestimar las defensas de prescripción de la
acción y de caducidad temporal para el dictado de la decisión
apelada, sostuvo, en cuanto aquí más interesa, que: (a) el art.
10 del reglamento de procedimiento del tribunal de disciplina
exige la celebración de una audiencia de vista en función de la
prueba recibida, pero dicha audiencia no resulta necesaria
cuando, como ocurre en este caso, sólo se ordenó la agregación de
prueba documental y se denegó la producción de prueba testimonial
ofrecida por el actor, sin que se haya replanteado su
reproducción en la alzada; (b) las sanciones impuestas por el
tribunal de disciplina remiten a la definición de faltas
deontológicas es decir, infracciones éticas más que jurídicas, en
cuyo diseño no juegan enunciados generales, que si bien no
resultarían asimilables en un sistema abstracto fundado en una
situación de supremacía general cabe perfectamente bajo un
régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la
disciplina interna de la organización como por la cercanía moral
de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado,
interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos; (c) la
subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de
la infracción es, como principio, resorte primario de quien está
llamado a valorar comportamientos que precisamente puedan dar
lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión
judicial a las hipótesis en que ha mediado indefensión o la
decisión resulte manifiestamente arbitraria.
3º) Que contra ese pronunciamiento, el actor interpuso
recurso extraordinario, que fue concedido en cuanto se halla en
M. 158. XLV.
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RECURSO DE HECHO
Machado, Jorge José c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
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juego la interpretación de normas federales y denegado respecto
de la arbitrariedad alegada, lo cual dio lugar al recurso de
hecho M.140.XLV.
4º) Que, en cuanto aquí importa señalar, el actor
sostiene la nulidad del procedimiento llevado a cabo en el
Tribunal de Disciplina y del acto sancionatorio, sobre la base de
dos pilares argumentativos que habían sido expuestos con claridad
ante la cámara. En efecto, por un lado señala que está
debidamente probado que la audiencia de vista de causa no tuvo
lugar durante el desarrollo del procedimiento ante la sala
interviniente de aquel tribunal. Por otro lado, expresa que a
pesar de que ello fue así, todos los miembros de ese tribunal que
estuvieron presentes en la sesión plenaria, afirmaron que dicha
audiencia se había producido y que en su transcurso se había
escuchado la cinta magnetofónica.
5º) Que el recurso extraordinario es admisible, en
tanto el referido agravio del actor configura cuestión federal
pues se relaciona con la violación de las garantías
constitucionales de defensa en juicio y debido proceso adjetivo
consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional.
6º) Que resulta útil poner de relieve que al apelar la
decisión sancionatoria, el actor, con invocación del art. 10,
inciso e, del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de
Disciplina, planteó “la nulidad de la sentencia por inexistencia
de vista de causa”. Dicha disposición prescribe que “A las
audiencias fijadas deberá concurrir personalmente el letrado
denunciado bajo apercibimiento de que la incomparecencia
injustificada podrá ser considerada presunción en su contra —
salvo prueba en contrario…”.
El actor señaló que, durante la tramitación del
procedimiento, el Tribunal de Disciplina soslayó el cumplimiento
de un recaudo esencial determinado por la reglamentación
-6-
aplicable, como es la referida audiencia de vista, con afectación
del debido proceso adjetivo, toda vez que el acto así dictado se
encuentra viciado de nulidad.
Sin perjuicio de tales fundamentos, alegó que el acto
sancionatorio contenía una falsedad al afirmarse que “se deja
constancia que todos los abajo firmantes hemos escuchado la cinta
magnetofónica de la audiencia de vista de causa que se celebrara
en la Sala III”, dado que en la causa disciplinaria no se celebró
dicha audiencia; además —indicó—, él no fue notificado ni
anoticiado de su existencia. Enfatizó, asimismo, que como no se
trata “de una sanción menor sino de la máxima sanción”, los
integrantes del Tribunal de Disciplina “debieron efectuar el
máximo análisis diligente de la causa y del procedimiento”.
A partir de esas premisas, concluyó en la siguiente
afirmación: “…sin norma previa autorizante, el Tribunal omitió la
audiencia de vista de causa, y posteriormente, falseó su
existencia. Ello, vicia el procedimiento de nulidad y viola el
debido proceso” (fs. 107/125).
Al contestar el traslado de la apelación, el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal manifestó que la
audiencia de vista de causa no se realizó porque era innecesaria,
ya que no había testimonios y “bastaba con la prueba instrumental
aportada para evaluar los hechos” (fs. 145/151). La misma
posición fue reiterada al contestar el recurso extraordinario
(fs. 183/190 vta.).
7º) Que si bien es cierto que las facultades
disciplinarias conferidas al Colegio Público de Abogados por la
ley 23.187 persiguen el objetivo de asegurar el correcto
ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación
profesional (Fallos: 318:892; 321:2904), ello no lo habilita a
actuar de manera irrazonable, con desconocimiento de las reglas
procedimentales establecidas al efecto.
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Machado, Jorge José c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
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8º) Que de la reseña que ha sido efectuada en los
considerandos precedentes, se advierte, por un lado, que la
cámara no ponderó adecuadamente el planteo del actor sobre la
inexistencia de la audiencia de vista de causa, y, por otro, que
el demandado se limitó a reconocer en forma tardía que el
Tribunal de Disciplina no había realizado la audiencia de vista
por resultar innecesaria, soslayando toda explicación de la razón
por la cual, a pesar de ello, dejó expresa constancia de su
realización al dictar el acto sancionatorio. Esa conducta
comporta una clara inobservancia de las elementales garantías
constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso
adjetivo, imprescindibles para el ejercicio de la facultad
disciplinaria que ha sido atribuida por la ley 23.187, que podría
afectar la validez del acto sancionatorio impugnado y del
procedimiento que lo precedió.
Tales circunstancias no fueron ponderadas debidamente
por el tribunal a quo, el cual, sobre la base de consideraciones
genéricas, convalidó la actuación del Tribunal de Disciplina,
que, como se vio, compromete las referidas garantías
constitucionales.
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora
Fiscal, con el alcance indicado, se hace lugar a la queja, se
declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto
la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal
de origen para que, por medio de quien corresponda, se dicte un
nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese la queja
al principal, notifíquese y, oportunamente, remítase. RICARDO
LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY.
ES COPIA
Recurso de hecho interpuesto por el Dr. Jorge José Machado, con el patrocinio
del Dr. Pedro Aberastury.
Recurso extraordinario interpuesto por el Dr. Jorge José Machado, con el
patrocinio del Dr. Pedro Aberastury.
-8-
Traslado contestado por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal,
representado por el Dr. Eduardo González Ocantos.
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala III
Tribunal que intervino con anterioridad: Tribunal de Disciplina del C.P.A.C.F.
M. 158. XLV.
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RECURSO DE HECHO
Machado, Jorge José c/ Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal (CPACF) (expte.
19.982/05).
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la
Nación ingrese a:
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2010/monti/feb/4/m_jorge_m_158_l_xlv.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/monti/definitivos/3/machado_jorge_m_140_l_xlv.pdf

DERECHOS DEL CONSUMIDOR. Trámite del juicio. Art. 53 Ley 24.240 (texto según Ley 26.361). Interpretación. Facultades del juez. Ausencia de pedido expreso del interesado de imprimir al proceso un trámite de conocimiento más amplio que el sumarísimo. Irrelevancia. Exigüidad de los plazos dispuestos para la tramitación de un proceso sumarísimo. Aplicación de la excepción prevista por el Art. 53 LDC. Tramitación del juicio por la vía ordinaria

“La ley 26361, sancionada el 12/3/08 y promulgada parcialmente el 3/4/08, que resulta modificatoria de la ley 24240, en su artículo 26 sustituyó al art. 53 antes referido, disponiendo que se aplicaría el proceso de conocimiento más abreviado, a menos que, a pedido de parte el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Tal norma resulta de orden público (art. 65 ley 24240). Esta modificación importa la facultad del juez para otorgarle a procesos en los que se reclama con base en la ley de defensa al consumidor -N° 24240- y a pedido de la parte, un trámite de conocimiento más amplio que el sumarísimo contemplado en nuestro código ritual.”

“…aún cuando no media pedido expreso del interesado, este Tribunal juzga debidamente fundadas las razones invocadas por el sentenciante de grado para que en autos se siga el trámite del juicio ordinario. Ello, en tanto se estima manifiesto que los breves plazos dispuestos para la tramitación de un proceso sumarísimo, resultan exiguos en un proceso de la índole de la especie. Tales consideraciones hacen que sea prudente aplicar en el sub lite la excepción prevista por el art. 53 ley 24240, sustituido por el art. 26 de la ley 26.361, confirmando que el presente juicio tramite por la vía ordinaria (conf. esta CNCom, esta Sala A, 30.12.10, "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Banco Itaú Argentina SA s/ Sumarísimo"; íd, 2/10/09, "Campos Guillermo Osvaldo c/ Equity Trust Company (Argentina) SA s/ ordinario").”

 

Despido y carga de la prueba

El Colegio de Abogados tiene que probar si discrimina o no
La Corte Suprema consideró que la prueba sobre un despido no discriminatorio debía producirla la parte demandada. El caso fue planteado por una mujer que interpuso un amparo contra el Colegio Público de Abogados de la Capital para que se declare nula su desvinculación y se la reinstale en su puesto de trabajo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de Cámara que había rechazado el amparo de una trabajadora, contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para que se declare la nulidad de su desvinculación y se la reinstale en el cargo. La actora sostuvo que el despido era discriminatorio pues obedecía a su vinculación con la actividad sindical.
El Alto Tribunal sostuvo que en los supuestos de despido discriminatorio "resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia".
En consecuencia, "corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación", precisó luego el Máximo Tribunal. Además, señaló que "la evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa".
La decisión de la Corte fue adoptada con el voto de los Ministros Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.
En el caso, una mujer interpuso un amparo por despido discriminatorio, contra el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), y solicitó la nulidad del distracto y la reinstalación en su cargo. La actora sostuvo que el motivo real de la desvinculación era su conexión con la actividad sindical.
La Cámara del Trabajo rechazó el reclamo de nulidad del despido y el pedido de reinstalación en el cargo pues consideró que no existía discriminación y que el esfuerzo para probar lo contrario debía recaer únicamente sobre la trabajadora. Entonces, la demandante interpuso un recurso extraordinario.
Para comenzar, la Corte realizó un extenso análisis de la normativa internacional sobre discriminación y destacó que según la OIT "uno de los problemas de procedimiento más importantes" es el relativo a la carga de la prueba respecto del motivo discriminatorio y que esto "puede constituir un obstáculo insuperable a la reparación del perjuicio sufrido".
Luego, el Máximo Tribunal indicó que las normas internacionales y el bloque de constitucionalidad ratificaban la "necesidad de que el diseño y las modalidades con que han de ser reguladas las garantías y, ciertamente, su interpretación y aplicación, deben atender, y adecuarse, a las exigencias de protección efectiva que específicamente formule cada uno de los derechos humanos".
Asimismo, dicha normativa "pone de relieve los serios inconvenientes probatorios que regularmente pesan sobre las presuntas víctimas, nada menos que en litigios que ponen en la liza el ominoso flagelo de la discriminación, cuya prohibición inviste el carácter de ius cogens", enfatizó el Alto Tribunal.
Acto seguido, la Corte explicó que en caso de despido por discriminación a la actora le bastaba con probar indiciariamente los hechos en que sustentaba su pretensión, mientras que correspondía " al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación"
Dicho eso, el Máximo Tribunal señaló que tal solución "no supone la eximición de prueba a la parte que tilda de discriminatorio un acto pues, de ser esto controvertido, pesa sobre aquella la carga de acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido".
"Tampoco implica, de producirse esa convicción, una inversión de la carga probatoria ya que, ciertamente, en este supuesto, al demandado le corresponderá probar el hecho que justifique descartar el prima facie acreditado", precisó el Alto Tribunal.
Por lo tanto, la Corte Suprema admitió el recurso extraordinario interpuesto por la trabajadora del CPACF y revocó la sentencia de Cámara que había rechazado la petición de nulidad del despido y reinstalación formulada por la mujer, ordenando que se dicte un nuevo pronunciamiento acorde con la doctrina elaborada en este fallo judicial.
"Pellicori Liliana S. c/Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/amparo".-


Exorcizando la Prueba en el Mobbing - Acoso Laboral.

Ref. Doctrina. Exorcizando la prueba del mobbing. La prueba en el Mobbing. Testigos. La prueba por excelencia en el mobbing o acoso laboral. Daños. Acontecimientos. Comportamientos. Cómo debemos probar. Medios ordinarios de prueba. Pruebas dinámicas. Presunciones. Indicios. Por la Dra. Alicia Apreda.


Introducción

Como principio general antes de adentrarnos en la temática propuesta debemos definir que es la prueba. Prueba es el andamiaje que definimos, la estructura donde asentaremos el argumento de nuestra verdad, de nuestra proposición o el suceso de un hecho.

Es importante destacar, que la mirada del abogado, deberá inclinarse sobre los medios probatorios más convictivos, es decir, deberá seleccionarlos priorizándolos por su efectividad probatoria, en la intención de desmistificar la invisibilidad de la agresión.

Como se entiende, los sutiles actos del ataque, se evidencian, se patentizan en el derrumbe moral y psicofísico, en notas, en las acciones que demuestran la degradación de la jerarquía funcional, un abuso del ius variandi, en todos los significados que distingan una conducta desvalorizante y discriminatoria.

Estos detalles, no de poca importancia, serán los que con más vigor llevarán a una convicción de certeza al discernimiento del Tribunal y coadyuvarán a formar su sana crítica y la justa resolución.

La experiencia nos dice y esto es sociología organizacional a tener en cuenta en la selección de medios probatorios testimoniales, que el personal de staff medio y superior, se comporta como estrecho compañero, sin compromisos por la relación de dependencia cuando es despedido, es decir, cuando está fuera de la esfera potestativa del empleador.

Las presiones de la Empresas y las prácticas desleales de los empleadores son tan fuertes, que se justifica que el derecho laboral, sea actualizado en tal sentido impidiendo los testimonios de aquellos que pueden ser sospechados de falso testimonio, por su dependencia con los empleadores o admitiendo los testigos con reserva de identidad, porque si no el esfuerzo de los jueces es burlado cuando tratan de descubrir la verdad y seguramente, obteniendo resultados injustos.

La prueba testimonial no puede enervar la eficacia de la prueba documental, de las presunciones y los indicios.

Influenciado por el desuetudo de formación seguramente entre los medios probatorios, de los que entiende como indiscutibles el letrado para dar fuerza al argumento de la violencia laboral, dará preeminencia a la prueba testimonial, siendo este uno de los resabios del procedimiento inquisitorial de alta sospecha en el proceso civil y laboral.

La evolución de las sociedades y el devenir de la historia, sepultó el viejo adagio francés: "termoins passent lettres (los testigos por sobre la escritura) sustituyéndolo por el apotegma: "escritos vencen testigos", reconocido hoy en todas las legislaciones.

En la evolución del empleo de la prueba por testigos, encontramos la restricción de su uso en las obligaciones de cierto valor, en casi todas las legislaciones, puntualmente señalada en nuestro art 1193 del CCiv.

Es cierto, que la prueba testimonial es de delicadísima apreciación, pues, la mendacidad de los testigos, constituye una seria amenaza para la obtención de la verdad y esto compromete la sabia confianza del Juez, pero no es menos cierto, que lejos de prescindirse de ella, resulta indispensable cuando no existieran otras probanzas, pues en definitiva, es el Juez quien hará mérito de la credibilidad de los testigos, sus dichos y su crédito de fe.

No obstante vale la pena recordar el dicho de Montesquieu: "una escritura es un testigo que difícilmente se corrompe".

TESTIGOS

La palabra testigo proviene del vocablo latino testis: "El que asiste" que es el aquella persona llamada al debate por la parte, a quien favorecerá y depone sobre lo que sabe y ha presenciado o a escuchado del relato de terceros sin ser parte en el juicio.

Los Códigos de Procedimientos ajustan los principios generales y para dar razón a los dichos de los testigos se deben dar los siguientes presupuestos:

a) que los hechos los perciban por sí, por ver, oír, sentir, entendiendo aquellos que han sido captado por sus sentidos no por dichos de terceros ni por inducciones o referencias.

b) y que la declaración sea precisa de secuencia lógica expresada sobre hechos ciertos no sometidos a comprobación ulterior.

c) de forma tal que debe estar seguro de algún hecho o persona o no no es posible la manifestación dubitativa.

Por ende no puede haber fracciones de certeza o de duda. "Framarino Dei Malatesta Nicola Lógica de las Pruebas Bogotá".

d) además es necesario que el testigo por su edad capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para juzgar el acto y que sea probo y sea imparcial dándose esto en teoría.

Esto nos hace entender, que el testimonio para que pueda valorarse debidamente, debe emanar de persona digna de fe, que sea persistente, uniforme y principalmente, que el Juzgador apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Es por ello que debe tenerse presente, que en materia de este daño, de especialísimo rango, no siempre es posible producir una prueba directa sobre el perjuicio padecido. La índole espiritual y subjetiva del ataque y menoscabo, suelen ser insusceptibles de esta forma de acreditación.

De allí la importancia que adquiere en estos casos, la prueba de indicios y presunciones hominis, la que se realiza a partir de la acreditación por vías directas de un hecho del cual se induce (o presume) indirectamente, otro distinto desconocido, en virtud de una valoración lógica del juzgador (relación fácticocoherente), basada en las reglas de la sana crítica.

La prueba mediante indicios fundantes de una presunción, la cual en general siendo una construcción intelectual es de cuidadosa evaluación y puede propiciar al error, debe ser elaborada con suma cautela, es viable sólo cuando es unívoca, en el sentido que la conjetura que comporta sea de tal naturaleza que razonablemente signifique patentizar los datos empíricos sobre los que se asienta el reclamo o sea, de tal naturaleza, que razonablemente casi no queda otra posibilidad que hacer lugar a la pretensión intentada.

Un testigo no puede formar por sí solo, plena prueba pero sí, gran presunción, cuando es hábil conteste con sus dichos. No obstante se tendrá por prueba suficiente, cuando a juicio del juzgador declare con absoluta sinceridad y pleno conocimiento de los hechos según las circunstancias especiales del caso

Sabido por todos es que el juez ha de apreciar las pruebas testimoniales, en base al sistema de la sana crítica. Este sistema de apreciación de las pruebas, se fundamenta en que el juzgador valorará los testimonios en base a reglas de la lógica, de su experiencia y de sus conocimientos personales.

Los jueces deben apreciar el testimonio teniendo en cuenta todo lo que tienda a aumentar o disminuir la fuerza de las declaraciones. La función de testigo, es una carga pública que se hace bajo juramento, de decir, la verdad y el que es citado como testigo debe comparecer, si no concurre, puede ser obligado por la fuerza pública. El que fuere exceptuado de comparecer en razón del cargo de la condición de la persona o por imposibilidad física, debe declarar por escrito a través de un oficio.

En el mobbing los testimonios resultarían insuficientes, si no estuvieran sostenidos en la secuencia fáctica. Esto porque puede no haber quedado rastros de lesión psíquica y sí haber daño a su integridad y proyecto de vida y la testimonial de seguro ser depuesta por testigos amordazados, estrangulados por la sumisión o con amnesia aguda, quienes manifestarán un universo sin pasado y con tibio presente, analfabetos estructurales; "No sé…No recuerdo…No presencié nunca…"

Esto nos lleva a aconsejar, que el letrado deberá relacionar fácticamente los sucesos de manera coherente, ordenada, que lleven a la convicción de certeza argumental al tribunal, prescindiendo de todo medio probatorio, que aún formal pueda resultar ineficaz u inoficioso en tiempo u operatividad.

Si bien destaco, que en el alegato podrán significarse las declaraciones, aún las comprometidas comprensiblemente por aquellos que deponen bajo presión de la dependencia con el atacado en el debate y salvo que los testigos resulten indubitables en sus dichos, a favor de la parte dañada, el escenario secuencial de los hechos que describan la situación de humillante orfandad, bastará de suficiente crédito.

De tal manera, bastaría con probar la rotación de tareas, el exceso de éstas, la asignación de aquellas no apropiadas con la categoría y formación del agente, denegación de logística técnica, de implementos de desempeño (acceso a computadora o a páginas de consulta), la discriminación frecuente por edad, impedimento al acceso a concursar etc. etc. Recomendándose distinguir la acción, del proceso de presión intencionado.

La doctrina aplica la valoración de las pruebas dinámicas, que no es otra cosa, que hacer recaer en la parte más fuerte, la responsabilidad de sostener el argumento con el que pretende resistir. La doctrina construida judicialmente, va recogiendo el concepto que el daño en la violencia laboral, presión laboral tendenciosa, como magistralmente cerrara conceptualmente el Dr. Gimeno Lahoz en su tesis, no necesita ser probado cuando se ve lesionado el honor, la integridad, la vida y la honestidad de las personas; esto exime al dañado de la prueba de la lesión.

¿Como debe un abogado desempeñarse en un interrogatorio? - sobre todo frente a aquellos que presenta la contraparte y él no ha podido instruirlo y valorando que siempre los testigos, favorecen a la parte que los propuso.

Samuel Leibowitz, uno de los mejores criminalistas de la historia del derecho estadounidense, escribió un libro "Sala de Jurados", definiendo la actuación en sede penal del abogado, pero que puede perfectamente considerarse aplicable para todos los fueros sobre las condiciones de un eficaz interrogatorio.

El libro "Sala de Jurados" de su mano expresa sobre las técnicas de un buen interrogador, destacando que no se puede lograr si el letrado permanece como un espectador.

Enseña como se debe obrar y dice, como reza una célebre frase de Mohamet Alí: "rápido como una abeja y astuto como una serpiente", en cuanto a exponer e interrogar, dominar y cuidar la actuación gestual, hasta aprovechar el mínimo dejo de flaqueza o debilidad del testigo, de manera concreta, nos enseña a conducir un interrogatorio distinguiendo aquello que no se aprende en las universidades, pero si en una sala de juicio con la practica.

Destaca que los abogados deben ser agudos casi hasta tener un "sexto sentido", que en los juicios no se debe descartar cualquier circunstancia por más absurda y ridícula que sea. El abogado es el único participante activo en un juicio para quien la ignorancia de la ley y de la técnica aprendida son inexcusables.

Estudiar derecho no es difícil, sólo hay que estudiar el código y el procedimiento, pero la cosa cambia cuando tenemos que aplicar los contenidos de los códigos, con la ayuda de las herramientas legales y la pericia para emplearlas oportunamente en la oralidad. Dicha pericia debe ponerse de manifiesto al momento de proceder al interrogatorio de los testigos de la contraparte.

Con diestros interrogatorios, valiéndose del conocimiento la dramatización y la fuerza de su postura presencial, el abogado puede dar vuelta el testimonio del contrario. Ello, sin correr la mirada de que "Cuando la prueba es principalmente circunstancial, debe no sólo ser consistente con la responsabilidad del demandado, sino que debe excluir dentro de una certeza moral, toda razonable hipótesis de inocencia" principio que es de la ética del ejercicio profesional.

Se debe poner especial cuidado en como una débil y sencilla mentira puede voltear un argumento contundente de un reclamo, por medio de testigos que no dicen la verdad real de los hechos, que la ocultan o, ensombrecen el panorama el arma eficaz; es un interrogatorio agudo, sin pausa ni espera, que busque la contradicción que la provoque entre lo que se ha dicho y lo que se pretende afirmar.

Cuando se está frente a un testigo hostil, de quien tiene uno la seguridad de que está mintiendo, el único modo para combatirlos es el interrogatorio. El interrogatorio es la mejor arma contra una declaración incierta, si un testigo ha sido intimidado por su empleador o un tercero o, si se le ha prometido alguna consideración económica o de mejora situacional en pago de un testimonio favorable, no se puede sacar eso a la luz, sino por medio del interrogatorio.

El objeto del interrogatorio es doble: primero sacar a reducir más verdades que favorezcan a la parte que se defiende y segundo desenmascarar al testigo.

Imponer al testigo del peso de la ley y su penalidad, por falso testimonio, no disuade al mendaz y debemos asumirlo como un axioma. La sociedad, el testigo y el letrado saben que la penalidad no prospera hasta el punto de desconocerse condena alguna por falso testimonio, en sede laboral, aún con progreso de acciones legales. La manifestación formal y solemne en las audiencias, sirve como una compensación moral judicial sin efecto. Bibliografía "Sala de Jurados" Samuel Leibowitz. Edición 1923 Estelin Antonio Alcántara Castillo.

La síntesis nos hace concluir que la deposición del testigo de la parte contraria, bien interrogado, llevará al tribunal, a la suspicacia, a un presagio de desconfianza, si es acertadamente requerido de su verdad por el letrado. Si bien su declaración para tener plena eficacia, debe acreditar hechos que vio sintió u oyó, no siempre despejan la parcialidad del relato, cuando provienen de aquel comprometido por el vínculo laboral con quien a su favor se expresa.

PRUEBA POR EXCELENCIA EN EL MOBBING O ACOSO LABORAL

1) DAÑOS. No son determinantes pueden haberse redimido

2) ACONTECIMIENTOS. Debemos probar los hechos encadenados, sucesivos, acaecidos sin rémora, sin descanso, debemos centrarnos en los acaeceres, en el devenir del proceso de violencia, en lo fáctico.

3) COMPORTAMIENTOS el ataque de manifestación pública.

Es necesario dirigir nuestra mirada, no a la lesión psicofísica, que puede haberse redimido o haberse superado, sino a todo aquello que convenza al Juez de que efectivamente las circunstancias han sido abusivas.

¿COMO DEBEMOS PROBAR?

1. MEDIOS DE PRUEBA ORDINARIOS

Por todos los medios que pueda contar la parte a su alcance.

Sin lugar a dudas, es más sencillo probar el mobbing en los casos en que la persecución tiene su origen en cambios políticos, en la administración pública, cuando ésta es la empleadora. ("Jurisprudencia Argentina" fascículo del 12.8.05)

2. PRUEBAS DINÁMICAS

La evolución en la accesibilidad a la verdad objetiva y la preservación del principio de legalidad, en los procedimientos, nos ha proporcionado una herramienta que la doctrina ha priorizado en las alegaciones del menos favorecido, esa elasticidad que nos brinda la dinamización del debate moderno, que no es moderno, sino, que los procesalitas de luxe de principios de siglo y cuna italiana denominaron flexibilización de la prueba, las que nos permite patear la pelota fuera y buscar los argumentos y las fundamentaciones que deberán recaer, en el que está con mayor "facilidad" y que cuente con mayor "disponibilidad" (principios del dinamismo de la prueba) de llevar convicción al saber del Juez.

No es posible mantener la idea, que una de las partes litigantes, tenga la carga de probar aquello que pueda perjudicarle y que si no lo hace, pueda colocarlo desfavorablemente en la resolución definitiva.

3. PRESUNCIONES

Consideramos efectos diferentes en la carga de la prueba, en el "thema Probandi" según se trate de presunciones:

a) Iuris et de juris, son autosuficientes, no admiten prueba en contrario, una vez probado el hecho sustantivo. Excluyen la prueba de un hecho considerándolo veraz.

b) Iuris Tamtun. Son las que admiten prueba en contrario y obliga a probar a quienes pretendan desvirtuarlas.

Así a la parte favorecida por una presunción solo le cabe probar el indicio del que se deduce el hecho presumido por medio de un lazo causal.

A la parte en posición desfavorable, por la acreditación de la presunción, le cabe la posibilidad de demostrar la falsedad de tal afirmación, ya se trate de la ausencia de nexo causal o la ineficacia del indicio.

Las presunciones liberan a la parte que las alega, a la prueba de éstas, si bien no las exonera de forma total, sólo ha de probar el hecho que se deduce de aquel que se presume. (Ej. Presunción de vulneración del principio tuitivo protectorio al que se encuentra constreñido el empleador cuando se vulneran derechos sustantivos del empleado, sanciones incausadas, postergación arbitraria en ascensos, retrogradación salarial).

El amparo de los derechos fundamentales, derecho a la intimidad, a la honra, a la dignidad y a la propia imagen, vulnerada por el descrédito, eximen de prueba, puesto que el daño se presume ilegítimo si se acredita la grosera lesión de estos.

INDICIOS

Al decir de Alsina "indicio", es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general todo hecho conocido, mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido.

Cabe entonces distinguir el indicio de la presunción. El indicio es una circunstancia que por si sola, no tiene valor alguno, en cambio, cuando se relaciona con otras y siempre que sean graves precisas y concordantes, constituye una presunción. Por lo tanto la presunción, es la consecuencia, que se obtiene por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos.

La tarea del que reclama y alega, es hacer que jueguen a su favor, las presunciones y los indicios que se hagan incuestionables, para la evaluación de la prueba que no vulneren el principio de coherencia y hagan favor al criterio del juez.

Este concepto, voltea pilares rígidos de la fuerza probatoria, que aún con pretensión de fidedignos, limitaban la potestad del Juez, hoy con más libertad. S.S deja, aparta de lado, la prueba rígida o tasada la que es postergada, como regla en los procesos sociales y pasa a tener relevancia la "sana crítica".

De esta manera el argumento suficiente, sostenido, obliga a la parte que compromete, a demostrar que su obrar fue diligente protectorio, oportuno y al Juez a estimar lo circunstanciado, en base a su experiencia de vida, al sentir colectivo y la lógica. (sana crítica, buen saber)

¿Podremos romper el estigma " es dificil la prueba en el acoso"? ¿podremos exorcizar su impunidad ? es tan difícil como en cualquier otro debate, depende de cómo elaboremos sus prioridades, como discernir su importancia y posibilidad de apreciación por el tribunal. Que rango axiológico le damos a la testifical, no obstante, su alta fama en la práctica del mobbing, considerando que se trata de un medio de admisión limitado, que debería ser excepcional, al lado de otras modalidades probatorias de mayor impacto, por ello, es que Benthan indica: "El arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas".

“D., E. E. y Otro c/ Consorcio De Prop. Edif. “Las Torres” s/ Daños Y Perjuicios” – CÁMARA DE APELACIONES DE TRELEW (Chubut) – 02/11/2011
PROPIEDAD HORIZONTAL. HECHO DELICTIVO EN UN EDIFICIO. Sustracción de un automóvil estacionado en la cochera. DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS ENTABLADA CONTRA EL CONSORCIO. RECHAZO. Espacio de propiedad exclusiva del accionante. Demandado que no asume la responsabilidad civil por la custodia de los automóviles allí estacionados. Inexistencia de contrato de garaje. TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. Sentencia apelada que encuadra el caso en base a la responsabilidad refleja por el hecho del dependiente (portero/sereno). Escrito de demanda basado en otro supuesto de responsabilidad contemplado en el mismo artículo. Grave contradicción. Análisis de los diversos supuestos de responsabilidad contemplados en el Art. 1113 del Código Civil. Alcances. Diferencias. CORRESPONDE REVOCAR LA SENTENCIA APELADA. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO DEMANDADO

“Fincar la responsabilidad del demandado en una responsabilidad indirecta, encuadrada en el primer párrafo del art. 1113, cuando se demandó invocando el carácter de guardián de la cosa –ya que la otra pretensión es incomputable en autos por su forma de introducción-, implica una severa violación del principio de congruencia, que afecta las garantías de defensa en juicio y debido proceso del demandado, por cuanto el mismo contestó la demanda, se defendió y siguió adelante los avatares del juicio en base a un factor de atribución que, de improviso, en la sentencia le fue drásticamente cambiado. Ello implica la violación de los arts. 34 y 163 del CPCC, específicamente, en cuanto a la exigencia de un pronunciamiento congruo con lo alegado y planteado por las partes se refiere.”

“La demanda no contiene, ni siquiera en forma secundaria o accesoria, un relato concreto de los hechos y circunstancias que habrían dado lugar tanto a la responsabilidad del consorcio como “guardián” – ya que no se describe el marco fáctico, la mecánica de los acontecimientos ni el factor causal de atribución de responsabilidad en tal carácter a la demandada – ni tampoco se narran los pormenores fácticos referidos a la mentada la “culpa in vigilando” que abonarían la configuración de ese “factor subjetivo” de atribución de responsabilidad.”

“La calidad de “guardián” atribuida al consorcio, subsumible en el segundo párrafo del art. 1113 C. Civil, como una responsabilidad objetiva, presupondría, para el caso: a) el desdoblamiento o disociación de las calidades de dueño y de guardián y b) un daño causado por el “riesgo” o “vicio” de la cosa (cochera) hipotéticamente bajo la “guarda” o “custodia” del consorcio. Sin embargo, nada esto ha sido acreditado en la causa.”

“De ningún modo puede considerarse que se encuentre acreditada en autos la existencia de un contrato entre el consorcio y los propietarios de unidades en dicha cochera, a tenor del cual la parte demandada hubiera asumido la responsabilidad civil por la custodia de los automotores allí estacionados. Más aún, como se ha dicho, según el reglamento de copropiedad y administración, las unidades de cochera son de dominio y “uso exclusivo” para guarda de vehículos, e incluso sus respectivos propietarios podrán alquilarlas, todo lo cual resulta incompatible con las características propias de un contrato de garaje.”

 

“Arenera Pueyrredón S.A. c/ AUSA S.A. s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” – TSJ DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 07/09/2011
COMPETENCIA. Acción de amparo interpuesta para dejar sin efecto licitación pública relativa a la CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE GIRATORIO “ROCA-PATRICIOS”. Empresa arenera emplazada en el margen del Riachuelo. Interés en mantener las condiciones de navegabilidad para abastecerse de arena. INEXISTENCIA DE VINCULACIÓN CON LA CAUSA “MENDOZA”. RECLAMO DE TUTELA DE DERECHOS INDIVIDUALES excluido de la competencia del Juzgado Federal de Quilmes. OBRA INTERJURISDICCIONAL A CARGO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Falta de prueba de afectación de un recurso ambiental interjurisdiccional. TÉRMINOS DEL ESCRITO DE DEMANDA. Inexistencia de convicción del carácter interjurisdiccional o federal de las impugnaciones. Continuación de la causa en la jurisdicción local

"Ferulano, Pío Leonardo y otros c/ Facera S.A. s/ Amparo gremial. Restitución en el puesto. Salarios caídos (procedimiento sumario art. 52 ley 23.551)" – SCBA – 05/10/2011
TUTELA GREMIAL. Representantes de la Asociación de Obreros Ceramistas de Campana. Asociación simplemente inscripta. Garantía de estabilidad sindical. Arts. 48 y 52 de la Ley 23551. PROTECCIÓN CONSAGRADA A FAVOR DE DIRIGENTES DE ENTIDADES SINDICALES CON PERSONERÍA GREMIAL. EXPANSIÓN AL ÁMBITO DE LOS SINDICATOS SIMPLEMENTE INSCRIPTOS. Garantías constitucionales –Arts. 14 bis y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional–. Doctrina de los precedentes "ATE" y “Rossi” de la CSJN. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 48 Y 52 DE LA LEY 23551. Violación del principio de la libertad sindical
Citar: elDial.com - AA7007

Publicado el 17/10/2011


"Inspección General de Justicia c/Clínica Modelo Laferrere S.A s/organismos externos" – CNCOM – 19/08/2011
SOCIEDADES. Irregularidad e ineficacia de Asamblea de Accionistas declarada en sede administrativa por la IGJ. Nulidad asamblearia procurada sin éxito por el interesado en sede judicial. Consecuente inviabilidad de la decisión administrativa apelada. Implicaciones jurisdiccionales del acto administrativo que declara la irregularidad e ineficacia de la asamblea. Límites constitucionales a la actuación de la administración pública (arts. 18 y 109 de la Const. Nacional). Pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos. Control judicial suficiente. (art. 31 y conc. Const. Nacional; art. 21, ley 48; art. 34, inc. 4to., CPCC)
Citar: elDial.com - AA7005

Publicado el 17/10/2011


“Lascano Marcos - medidas autosatisfactivas – EXPTE. 1946379/36” - CÁMARA QUINTA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL DE CÓRDOBA – 24/06/2011
DERECHO PROCESAL. Medidas autosatisfactivas. Concepto. Requisitos de admisibilidad. Criterios de valoración. Estrictez


Regla del caso:

Para el despacho de las medidas autosatisfactivas se exige un ejercicio prudencial en la apreciación de los presupuestos de admisibilidad. Es por ello que no debe ordenarse una medida autosatisfactiva sin verificarse previamente el acabado cumplimiento de determinados requisitos como son: a) la concurrencia de una situación de urgencia impostergable; b) la superposición o coincidencia de la pretensión cautelar con la pretensión material o sustancial que torne innecesario accionar por otra vía (juicio principal); c) la fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible, por lo que no es suficiente contar con un simple fumus bonis iuris sino que se requiere un alto grado de certeza al respecto.-


Sumarios:

1. Conforme doctrinariamente se sostiene se puede conceptualizar a las medidas autosatisfactivas diciendo que son soluciones jurisdiccionales urgentes, no cautelares, autónomas, despachables in extremis, en principio "inaudita et altera pars", siempre que medie una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles, procurándose con ellas dar una respuesta adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial. Son una especie dentro de lo que se ha dado en llamar "procesos urgentes", que se agotan con el despacho favorable del juez interviniente y que no necesitan de la posterior iniciación de una demanda principal. Es por esta razón que, implicando una satisfacción definitiva de la pretensión, se las considera de naturaleza autónoma, cualidad que la diferencia de la ‘tutela anticipada’. Medidas como la solicitada por la actora, si bien no están reguladas explícitamente en rito local, se encuentran reconocidas por la moderna doctrina y jurisprudencia en materia procesal, habiendo teniendo cabida en nuestro proceso sobre la base de lo dispuesto por el art. 484 del C.P.C.”.-

2. Hasta aquí no disentimos con las consideraciones de orden doctrinario o citas jurisprudenciales invocadas por el actor en su libelo de ‘demanda’ o en su expresión de agravios. Sin embargo, estimamos que le asiste la razón a la Sra. Juez a quo cuando juzga que no es posible verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para el despacho de este tipo de medidas excepcionales, bajo la estricta regla de análisis que exige. Recordemos que la Magistrada opina que no se cumplen, fundamentalmente, ni el peligro en la demora, ni la verosimilitud calificada que la jurisprudencia impone. Pues bien, tal como también manifestáramos en el antecedente “Sadaic c. Gourmet”, “se exige un ejercicio prudencial en la apreciación de los presupuestos de admisibilidad, criterio restrictivo al que adhiere la Corte Suprema de Justicia quien se ha expedido reiteradamente en este sentido. Es por ello que no debe ordenarse una medida autosatisfactiva sin verificarse previamente el acabado cumplimiento de determinados requisitos como son la concurrencia de una situación de urgencia impostergable, la superposición o coincidencia de la pretensión cautelar con la pretensión material o sustancial que torne innecesario accionar por otra vía (juicio principal) así como la fuerte probabilidad de que el derecho material del postulante sea atendible, por lo que no es suficiente contar con un simple fumus bonis iuris sino que se requiere un alto grado de certeza al respecto. Va de suyo entonces que quien pretende este tipo de medidas no sólo debe mencionar los elementos que justifiquen su hipótesis, sino acreditar -con un alto grado de verosimilitud- la imposibilidad de que ésta sea refutada.(…)

4. Recordemos que para la procedencia de este tipo de medidas, la verosimilitud debe traducirse en certeza de derecho, y para que podamos hablar de certeza es imprescindible que no haga falta más debate o prueba. En dicho sentido, se ha manifestado que: “Por ello es que se sostiene que al juez hay que convencerlo –[…]- de dos cosas: 1º) de la "fuerte probabilidad" de que asista razón al ocurrente y que por ello se hace necesario "anticiparle la tutela" que hubiere obtenido luego de un trámite ordinario lento y tortuoso y 2º) de la "urgencia (mucho más que periculum in mora) en que sea atendido su pedido so riesgo de sufrir un "daño inminente e irreparable". Este último, es decir, el "daño irreparable" de estas medidas se refiere no ya al peligro de que la sentencia final a dictar sea inútil por no poder ejecutarse sino al "riesgo" de "perecimiento de la pretensión" si no es anticipada la tutela (…).-

“Avila Marina del Carmen c/ kiskali S.A. y otro s/ accidente – accion civil” – CNTRAB – 15/07/2011
ENFERMEDAD LABORAL. Síndrome del túnel carpiano. CUMPLIMIENTO DE LABORES MANUALES REPETITIVAS. Efecto negativo sobre las articulaciones de los miembros superiores de la trabajadora. Obrar negligente de la empresa. Adopción tardía de medidas para reducir el riesgo de los operarios. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EMPLEADORA. Procedencia. ART. Falta de adopción de medidas de prevención. Extensión de la condena solidaria. Procedencia. Reparación integral de perjuicios. Indemnización del DAÑO MATERIAL y del DAÑO MORAL. Procedencia


“Hay actividades que, por sus especiales características, implican ciertos riesgos para la salud de quienes las llevan a cabo que no pueden ser evitados, en virtud de la inexistencia de medios tecnológicos o de otra índole que generen ese efecto. En tales supuestos, ante la concreción de un perjuicio concreto, podría considerarse que no se configura un supuesto de responsabilidad subjetiva y que, en todo caso, sería viable el resarcimiento respectivo que la ley especial de accidentes prevé. Pero no es el supuesto de autos. La empleadora pudo haber adoptado medidas tendientes a evitar o a reducir el riesgo de que los operarios que cumplían tareas manuales repetitivas (tal el caso de la actora), contrajesen síndrome de túnel carpiano.”

“Un régimen de trabajo que contemplase descansos más amplios y frecuentes durante el desarrollo de la jornada y que previese la rotación obligatoria de tareas con adecuada frecuencia, de modo tal de evitar el exceso de movimientos repetitivos de determinados grupos musculares de las extremidades superiores de los operarios, habría contribuido a alcanzar ese propósito. Sin embargo, la empresa sólo concedía a la actora (y al resto de los operarios) media hora para almorzar (así surge de las declaraciones testimoniales), lo que resulta insuficiente para evitar el efecto negativo, que sobre las articulaciones de los miembros superiores de los operarios genera el cumplimiento de tareas manuales repetitivas. Advierto que la empresa dispuso la rotación de los operarios como medio para lograr evitar ese efecto, pero ha quedado demostrado que esa medida no fue implementada sino luego de varios meses de trabajo de la actora, lo que da cuenta de que, al menos durante ese período previo, la empresa ha actuado negligentemente en la materia.”

“…las omisiones atribuidas a la empleadora, que posibilitaron la aparición de la dolencia que la actora padece, son también imputables a la aseguradora de riesgos del trabajo. En efecto, no obstante las obligaciones que dicha aseguradora tenía en el marco del régimen especial de la ley 24557, ella no ha invocado ni probado haber detectado el riesgo que para los operarios implicaba el desarrollo constante de tareas manuales repetitivas, en las condiciones que han quedado acreditadas y, consecuentemente, tampoco ha alegado ni demostrado haber formulado recomendaciones a la asegurada para que adoptase medidas concretas destinadas a evitar ese riesgo, a pesar de que esas medidas existían y eran de fácil implementación.”

“Carllinni, María Luján y otro c/Alico CIA. de seguros S.A. s/ ordinario” – CNCOM – 09/08/2011
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO. Prescripción de la acción. Aplicabilidad de la normativa vigente al tiempo que comenzó a correr el plazo prescriptivo. Plazo computable (art. 58 LS). Especialidad normativa de la ley de seguros. Inaplicabilidad de la ley de defensa del consumidor (ley 24.240) y sus modificatorias cuando lo que se demanda es el cumplimiento del contrato de seguro. Actos que no interrumpen la prescripción en curso

“Si bien con la sanción de la Ley 26.361, se modificó el Art. 50 de la Ley 24.240 incorporándose a las acciones judiciales y las administrativas al régimen de prescripción trienal, lo cierto es que a las prescripciones ya comenzadas les es aplicable el régimen de la ley anterior.”

“El régimen legal aplicable al plazo extintivo es el de un año previsto por la LS., 58 por ser el que se encontraba vigente al tiempo en que comenzó a correr el aludido plazo prescriptivo.”

“La ley 24.240 y sus modificatorias, son leyes generales que no derogan ni expresa ni tácitamente a la ley de seguros que, no obstante ser anterior, es ley especial; principio éste que puede incluso derivarse de la interpretación de lo reglado en el artículo 3 del estatuto de defensa del consumidor al dejar en salvo la aplicación de la normativa específica del régimen que regula la actividad del proveedor”.-

“Si bien el referido Art. 50 de la ley 24240 luego establece que “cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente –en alusión al trienal- se estará al más favorable al consumidor o usuario”, lo cierto es que esa directiva hermenéutica no puede aplicarse con prescindencia de la especialidad normativa referida en el apartado anterior.”

“En el seguro de vida colectivo a favor del beneficiario conocedor de la existencia del beneficio, el plazo de prescripción es de un año computado desde que la correspondiente obligación es exigible o sea, cuando la acción queda expedita, lo que en el caso, se produjo con la comunicación cursada por la aseguradora a la beneficiaria informándole que ya había anunciado al empleador del asegurado la declinación de su responsabilidad por falta de pago de las primas correspondientes al seguro.”

“A la mediación iniciada por la beneficiaria, no corresponde conferirle los efectos suspensivos previstos por el CCiv., 3986, pár. 1°, pues la misma se llevó a cabo ya transcurrido el plazo anual previsto por la LS., 58.”

 


"D. L. P. y otro c/ Fider Company S.A. s/ ordinario" - CNCOM – 01/08/2011
SOCIEDADES COMERCIALES. INOPONIBILIDAD de la personalidad jurídica. Constitución de una sociedad a los efectos de sustraer del acervo hereditario dos inmuebles del actual difunto. Ingreso de dichos inmuebles al patrimonio de la sociedad como aporte de capital del único socio que falleció luego de ceder las cuotas representativas del capital social. Encubrimiento de fines extrasocietarios. Procedencia. Art. 54 ley 19.550. Incorporación al acervo sucesorio de los inmuebles inscriptos a nombre del ente y de los alquileres percibidos

“En el caso, los actores imputan a quienes han demandado, una actuación fraudulenta que busca afectar sus derechos hereditarios, excluyendo del acervo del causante dos inmuebles. Hipótesis comprendida en el ya citado artículo 54 de la ley societaria. Para ello interpusieron una persona jurídica e ingresaron como aporte del hoy fallecido, único socio de Fider Company S.A. (sociedad uruguaya), los bienes que los actores aspiran a recuperar. Luego, ahondando la actuación que calificaron de fraudulenta, aparece el señor C. M. como actual poseedor del total del paquete accionario que habría sido transmitido por O. D. L., como modo de alejar todo cuestionamiento a la operatoria al ser este un aparente tercero respecto de la presunta maniobra.”

“En el caso, la actuación fraudulenta imputada a los demandados tendría por finalidad afectar la legítima hereditaria respecto de los aquí actores, herederos forzosos del causante La legítima ha sido definida, conforme lo dispuesto por el artículo 3591 del código civil, como un derecho de sucesión sobre determinada porción del patrimonio del causante, protegido imperativamente por la ley (Cifuentes S., Código Civil – Anotado y Comentado, T. IV, página 295). Síguese de ello que el causante ve limitada la libre disposición de sus bienes para el caso de muerte, pues una porción de su patrimonio debe quedar reservada para los herederos denominados “forzosos”. Ello no impide que su titular pueda disponer en vida de su patrimonio a título oneroso o bien consumirlo, pero no puede hacerlo a título gratuito, sea por actos inter vivos o mortis causa, excediendo la porción disponible.”

“… la legítima es la parte del patrimonio del causante de la cual ciertos parientes (herederos forzosos), no pueden ser privados sin justa causa de desheredación, por actos a título gratuito (Borda G., Tratado de Derecho Civil – Sucesiones, T. II, página 80).”

“… la actividad ilícita imputada encuadraría en una de las causales previstas por el artículo 54 de la ley 19.550, en tanto la afectación de la legítima de dos herederos forzosos como son los aquí actores, constituiría la frustración de derechos de terceros que contempla la norma.”

“… la estructura societaria parece haber sido exclusivamente utilizada para la compra y luego la locación de tales inmuebles; pero abandonada al tiempo de cumplir con los actos internos adecuados a esa nueva situación patrimonial. No fue acercada a la causa la decisión del directorio de adquirir sendas fincas, a pesar que la apertura de la sucursal en Buenos Aires que encauzaría tal compra fue dispuesta el mismo día de la operación inmobiliaria. Es de presumir entonces que a ese momento el único accionista de Fider Company S.A., quien “horas después” suscribiría las escrituras, conocía la inminencia del acto notarial.”

“… ha existido en este caso una interposición de persona con el fin espurio de afectar la legítima que conforma el acervo hereditario de O. D. L.. Entiendo probado que el causante “armó” esta sociedad uruguaya con el fin de mejorar la posición de su segunda esposa, lo cual provocó como contrapartida un detrimento en la vocación hereditaria de los hijos del primer matrimonio del fallecido. Y ello me lleva a proponer al Acuerdo que sea declarada inoponible a la sucesión de O. D. L. la sociedad uruguaya Fider Company S.A. y la incorporación a ella de los dos inmuebles de la calle Chivilcoy que constituyen su patrimonio.”


“González, Genoveva Antonia c/ Metrovías S.A. y Otro s/ daños y perjuicios” – CNCIV – 29/09/2011
DAÑOS Y PERJUICIOS. ACCIDENTE EN UNA ESTACIÓN DEL PREMETRO. Caída de una pasajera desde el andén hacia las vías del sentido contrario a la formación a la que intentaba acceder. Lesiones. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA FERROVIARIA. ANDÉN CENTRAL EXTREMADAMENTE ANGOSTO. Falta de medidas de seguridad adecuadas. Ausencia de vallas de protección. Inexistencia de culpa de la víctima o de otros pasajeros que se encontraban en el lugar del siniestro. Art. 184 del Código de Comercio. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Incapacidad sobreviniente. Daño moral. Elevación del monto indemnizatorio

“En el caso de los pasajeros que esperan en el andén central de la estación Fernández de la Cruz (andén con sentido hacia Lugano, que es hacia donde se dirigía la víctima), los trenes circulan a un lado y otro de los mismos, con un espacio reducido para los pasajeros en el andén.”

“Las consideraciones apuntadas por el experto en su dictamen son demostrativas de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la estación en que ocurrió el accidente. La caída de la actora a las vías del lado contrario al que se encontraba el tren al que intentaba acceder no puede sino atribuírselo a lo angosto del andén y a la falta de medidas de contención, sin que pueda achacársele a la víctima o a los demás terceros las consecuencias dañosas que pudieran haberse derivado.”

“La caída y el daño consecuente no pueden ser atribuidos a la actividad de la víctima o de los demás pasajeros, sino al peligro que surgía de las condiciones inadecuadas de dicho andén. Es indudable que de haber contado con un ancho razonable del andén, así como también con las vallas de protección a que alude el experto, la caída de la actora no se habría producido. Ello demuestra, en definitiva, que la empresa demandada incumplió con el deber de seguridad que estaba a su cargo.”

“J.E.B. c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor s/ otras causas con tramite directo ante la Cámara de Apel.” – CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – 19/09/2011
ADMINISTRADORES DE CONSORCIOS. Infracción a los arts. 9 y 10 inc. d) de la ley 941 de la Ciudad de Buenos Aires. FALTA DE PRESENTACIÓN EN TIEMPO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL. Incumplimiento reconocido por el actor. SANCIÓN. Multa. Publicación de la sentencia condenatoria

“… El recurso de apelación interpuesto por el actor no ha de prosperar, en primer lugar porque ha quedado efectivamente demostrado que incumplió con la obligación de presentar en término la declaración jurada exigida, tal como fuera reconocido por él mismo. En segundo lugar, porque conforme el marco normativo señalado en el apartado anterior, las disposición 266-DGDyPC-2006 y 2298-DGDyPC-2006, fijaron con exactitud los plazos para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al periodo en cuestión. Y finalmente, debido a que los argumentos expuestos por el actor al momento de fundar su recurso apuntan solamente a expresar su disconformidad con el modo en que se llevo a cabo el procedimiento, la demora en la que incurrió la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y el funcionamiento general de ese organismo, sin demostrar en cambio los errores de la administración a la hora de imponer la multa. Atento lo expuesto, corresponde rechazar el presente recurso y en consecuencia confirmar la disposición 3246-DGDyPC-2009 por medio de la cual se impusiera la sanción de multa por infracción a los artículos 9 y 10 inc. d) de la ley 941. Se propone, finalmente, que las costas se impongan a la vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota (artículo 62 CCAyT).”


"D. J. E. c/ Silberman Norberto Reinaldo y Otros s/ simulación" – CNCIV - 12/09/2011(sentencia no firme)
HONORARIOS PROFESIONALES. ABOGADOS. Actualización de honorarios impagos con mora. ART. 61 DE LA LEY 21.839. Cómputo de intereses. Tasa pasiva. Pauta aplicable a todos los abogados, sin ningún tipo de distinción. Ausencia de discriminación. Igualdad ante la ley. NORMATIVA QUE DEVIENE INCONSTITUCIONAL EN SU APLICACIÓN AL CASO CONCRETO. Liquidación que acredita la ausencia de reparación del daño moratorio sufrido por el abogado. Cálculo confiscatorio y arbitrario. Lesión al derecho de propiedad. Art. 17 de la Constitución Nacional. CORRESPONDE APLICAR TASA ACTIVA AL CRÉDITO DEL LETRADO QUE PLANTEÓ LA INCIDENCIA
Citar: elDial.com - AA6F58
Publicado el 27/09/2011

Ordenan a Cablevisión Cobrar 109 Pesos Por el Abono del Cable
En el marco de una acción de amparo iniciada por un particular y por la asociación civil Defensa de Usuarios y Consumidores, el Juzgado Federal Nº 3 de Código ordenó a Cablevisión S.A., como medida cautelar,  abstenerse de cobrar al particular toda suma superior a 109 pesos por el servicio de televisión por cable.

En su reclamo, los accionantes reclamaron la aplicación de resoluciones dictadas por la Secretaría de Comercio Interior, donde se precisaba el monto en que se debía comercializar aquel servicio.

El magistrado consideró que se configuraban en el presente caso “los presupuestos contenidos en el art. 230 del Código Procesal para su procedencia, toda vez que, sin que importe adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión planteada, del análisis efectuado por la parte accionante, resultaría la verosimilitud del derecho invocado en los términos que para la cautelar se requiere, esto es, la posibilidad razonable de que el derecho exista, por cuanto de la documental acompañada, resulta acreditado el incumplimiento entre lo dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación y la actitud para cobrar el servicio por Cable Visión S.A.”.

En cuanto al peligro en la demora, el juez consideró que se también se encontraba configurado, debido a que “se encuentran próximos a vencer los períodos respecto de los cuales se solicita la medida, a la medida cautelar solicitada ha lugar”.

En base a ello, en la resolución del 16 de septiembre, el magistrado ordenó a “Cable Visión S.A. que a partir del mes de octubre emita factura a la accionante respetando lo dispuesto por las Resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior N° 50/10; 36/11 y 65/11, esto es, se abstenga de cobrar toda suma mayor a $109 (ciento nueve pesos) , bajo apercibimiento”.

 

En la ciudad de General San Martín, a los __8_  días del mes de febrero de 2011, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Jorge Augusto Saulquin, Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi, para dictar sentencia en la causa Nº 1.498/08, caratulada "Telleldin, Carlos Alberto c/ Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Recurso directo art. 74 ley 12008 -texto según ley 13325-".
                    ANTECEDENTES
I. Con fecha 2 de octubre de 2008, el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en uso de la facultad que le otorga el art. 50 inc. g) de la ley 5.177 (t.o. decreto 2.885/01), resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el letrado Carlos Alberto Telleldin contra la resolución del Colegio de Abogados de San Martín que denegó su pedido de admisión en la matrícula y confirió a esa resolución el carácter de interpretación final conforme al art. 50, inc. I) de la citada norma legal (Expediente nº 08-153 del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, fs. 39 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, con fecha 24 de octubre del 2008, el letrado Carlos Alberto Telleldin interpuso recurso directo (fs. 64/71 exp. citado).
III. A fs. 75/88 de la presente causa, este Tribunal, con fecha 12 de diciembre del 2008, resolvió: conceder el recurso planteado en fecha 24/10/08 con efecto suspensivo; declarar la inconstitucionalidad del art. 74 del CCA en cuanto limita la impugnación que regula a un control restrictivo de legalidad, así como también la amplitud de debate y prueba propia de toda acción procesal; que el particular opte por encauzar su pretensión por el procedimiento ordinario o sumario de ilegitimidad previsto en el CCA; no hacer lugar a la medida cautelar solicitada; reservar en Secretaría el expediente administrativo Nº 08-153 caratulado: "Telleldin, Carlos Alberto s/ apelación (San Martín)"
IV. Con fecha 17 de febrero del 2009 (fs. 107/113 y vta.), la actora opta por el procedimiento sumario de ilegitimidad previsto en el C.C.A. para encausar la pretensión solicitada, "…por mediar una manifiesta, ilegal y ostensible omisión por parte del Colegio de Abogados de San Martín, al rechazar mi solicitud de matriculación como abogado en dicha jurisdicción…" (sic. fs. 107).
Relata los hechos, funda en derecho, solicita medida cautelar y hace reserva del caso federal.
Expone que: "…durante el tiempo que estuve detenido en la Unidad Nº2 de Villa Devoto, y ocupándome de mi situación  procesal  en tanto causa AMIA-DAIA, de público y notorio conocimiento; decido iniciar la carrera de Abogado en prisión, como forma de aprovechar el tiempo en cual, a sabiendas de mi inocencia, me encontraba ilegalmente privado de mi libertad. Es así que, el día 24 de septiembre de 2004 al ser absuelto de los cargos imputados y recuperar mi libertad, decido continuar y terminar la carrera que había iniciado en prisión…" (sic fs. 107 vta.)
Manifiesta que se ha matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con fecha 18 de julio de 2006 y con fecha 27 de septiembre de 2007 la CSJN le otorgó la matrícula federal.
Sigue diciendo el actor que, el 5 de mayo del 2008, solicita la inscripción en el Colegio de Abogados de San Martín y que el 10 de junio del mismo año el Honorable Consejo Directivo decide "(r)echazar la solicitud de matriculación del Dr. Carlos Alberto Telleldin, en atención  a que no acredita buena conducta conforme lo establece el art. 6 inc. 5 de la ley 5.177" (sic fs. 108)
Agrega que se notifica el 17/6/2008 y el 20/6/2008, interpone recurso de apelación ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos.
Manifiesta que lo resuelto contradice la normativa vigente no solo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional e internacional.
Agrega que son válidos para todas las jurisdicciones lo resuelto en una de ellas (vgr. Capital Federal).
Sostiene que en el caso, el derecho vulnerado lo constituye el derecho a un trabajo digno.
Considera que el rechazo de la matriculación por parte del Colegio de Abogados de San Martín se llevó a cabo en base al art. 6 inc. 5 de la ley 5177. Y que se acreditan los antecedentes con el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, en el cual, según afirma, se funda en el art. 2 inc. b) de la misma ley por la que se excluye de las posibilidades de matricularse a aquellos condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena.
 Sostiene que el concepto que se le otorga al término condena es el que establece el art. 51 inc. 2 del C.P. Y por otro lado, que la expresión caducidad, remite a la supresión del registro de reincidencia que opera diez años después de extinguida la pena.
Agrega: "…que cumplo con el inc. 1 del art. 2 de la ley 5177 dado que la condena se cumplió según informe de reincidencia el 5 de abril de 2002, siendo el resto del informe referido a la causa AMIA-DAIA, en la cual fui absuelto…" (sic. fs. 109 vta.) por lo que entiende no existe impedimento alguno para ser matriculado en el Colegio de San Martín.
El actor considera que la "ilegalidad manifiesta absoluta" de lo resuelto por el colegio no solo se limita a la confusión de dos institutos de diversa índole penal, sino, sumado a ello, el desconocimiento del decreto nacional 2293/92 de matricula única. Toda la argumentación la dirige a la normativa que tiende a la defensa al derecho constitucional de trabajar.
Finalmente, solicita medida cautelar, funda en derecho, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
V. Que a fs. 123/125, con fecha 31 de marzo del 2009, este tribunal resolvió: que la acción promovida tramite en principio, según las normas del proceso sumario de ilegitimidad, sin perjuicio de que la parte demandada podrá oponerse a ello; que se tenga presente la prueba documental agregada y denegar la producción de prueba informativa solicitada; que se corra traslado al Colegio de Abogados de San Martín y al Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires por el término de 20 días (art. 69 inc. 2 del Cód. cit.).
A fs. 126/127 y vta. se encuentra agregada la cédula de notificación al actor la que se hizo efectiva el 7 de abril del 2009.
VI.  Que a fs. 149/157 y vta., el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín contesta demanda.
1. En primer lugar plantea la falta de legitimación pasiva para ser demandado toda vez que no es emisor del acto administrativo definitivo y que agota la vía administrativa.
Más adelante, agrega que el Sr. Telleldin impugna el acto emanado del Colegio de Abogados de San Martín sin atacar la resolución del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Y que, de las decisiones legales aplicables, considera que el acto administrativo que puede ser objeto de una pretensión contencioso administrativa es el acto definitivo emanado del Consejo Superior del Colegio de Abogados provincial.
Finalmente sostiene que lo expuesto es conteste con lo resuelto por este tribunal que dispuso la formación de litis consorcio necesario citando al Colegio de Abogados provincial.
2. Además, contesta demanda y niega los hechos afirmados por la actora. Sostiene:
i) que el Colegio departamental como lo indica la ley 5177 en su artículo 6°, le solicitó a la actora que diera cumplimiento con los requisitos que se establecen en los distintos incisos, entre ellos el nº 5) que requiere acreditar buena conducta y concepto público.
ii) que la norma establece en el mencionado inciso 5): "Acreditar buena conducta y concepto público. La buena conducta se acreditará mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus funciones. El concepto público y el domicilio se acreditarán en la forma que se determine en la reglamentación".
3. Conforme lo establece la norma arriba transcripta el Colegio de San Martín manifiesta que el Sr. Telleldín, al solicitar la inscripción en la matrícula, acompañó certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, del que surgen diversos antecedentes penales suficientes para denegar la inscripción de la matrícula.
4. Sostiene el Colegio departamental que el acto por el cual se le negó la matricula es legítimo y luego de desarrollar los conceptos de "buena" y "conducta", afirma que conforme la ley que regula la materia, las conductas a tener en cuenta surgirán del informe del Registro de Reincidencia, "…es decir que no se requiere acreditar cualquier conducta, sino la conducta que informa el referido certificado y al Órgano Colegial se le impone la valoración de la conducta que surge del informe del Registro de Reincidencia. Hemos relatado párrafos arriba las conductas informadas por el Registro Nacional de Reincidencia y surge evidente que se trata de conductas que carecen de bondad, que resultan dañosas o nocivas, que contradicen la ley y la moral, consecuentemente estamos en presencia de MALA CONDUCTA" (sic).
Agrega la demandada  que el ejercicio de la profesión reviste indudable interés público; que la relación del abogado con el cliente es una relación de confianza, donde el letrado debe obrar con probidad.
Asimismo, sostiene que las condenas que informa el Registro no han vencido en el orden temporal, por lo que hace improcedente la pretensión de la actora.
5. La codemandada departamental disiente con la actora y afirma que la potestad del Colegio para denegar la matrícula "…no debe buscarse en el art. 2 inc. 1 de la ley 5177 sino en el juego armónico de los arts. 6 inc. 5 y el art. 9 segundo párrafo. En efecto si la ley ha establecido como requisito para la matriculación, entre otros, el acreditar buena conducta, no tendría sentido la norma si el Consejo Directivo careciera de la facultad de rechazar la solicitud de matriculación, cuando el postulante no acredite los extremos previstos en el art. 6, particularmente la buena conducta  requerida por el inc. 5. Por ello el art. 9 en su segundo párrafo establece que: "También podrá denegarse la inscripción cuando se invocase contra ella la existencia de una sentencia judicial definitiva que, a juicio de dos tercios del Consejo Directivo, haga inconveniente la inscripción del abogado de la matricula" (sic).

Finalmente, en este punto, agrega que el Consejo, en la sesión del día 10 de junio de 2008 -por unanimidad-, denegó la solicitud de matriculación del actor; la cual fue dictada en el marco de sus competencias y ha sido razonable conforme lo estatuido por la ley 5177.
6. Por su parte, en cuanto al certificado expedido por el registro nacional de reincidencia manifestó: "del certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias surge que: "a) Procesamiento del Sr. Carlos Alberto Telleldín en causa 1156 PASTEUR 633 (ATENTADO Homicidio, lesiones, daños), DAMNIFICADO AMIA y DAIA" que tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9. Sobre dicha causa agregó oportunamente certificado expedido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires que resolvió ABSOLVER DE CULPA y cargo al Sr. Telleldín en orden a los delitos imputados en las causas citadas. Del certificado expedido (…) surge asimismo que el Tribunal Oral Criminal Nro. 28 condenó al Sr. Carlos Alberto Telleldín por ser autor penalmente responsable del delito de falsificación de instrumento público, a la pena de dos años y seis meses de prisión y accesorias legales  y costas. A la pena de siete años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la dictada en el punto precedente y de la pena única de cinco años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas recaída con fecha 2 de mayo de 1997 ante el Juzgado de Sentencia Letra A secretaría 2 en la causa Nº 3822 – que tramitó ante el Juzgado de Instrucción Nº 27 – Secretaría 124 bajo el sumario nº 43124 comprensiva esta a su vez de la pena también única de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, discernida en esas actuaciones por sentencia definitiva del día 20 de junio  de 1996  a su vez integrada con la de un año  y seis meses  de prisión a cumplir  que allí se le impuso  en el orden al delito de encubrimiento Arts. 45 y 277 inc. 2 del CP; la de dos años de prisión en suspenso y costas dictada el día 8 de febrero de 1990 en la causa  nº 1625 del Juzgado Criminal nº 6 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires en orden al delito de corrupción –Art. 125 del CP y la de un año y seis meses de prisión en suspenso y costas dictada también en definitiva el día 14 de julio de 1995 en la causa nº 5562/94  del Juzgado Federal nº 1, Secretaría 3 de San Isidro, en orden al delito de puesta en circulación de moneda de curso legal apócrifa en grado de tentativa –Arts. 42 y 282 del CP cuya ejecución condicional en ambos casos fue revocada y de la pena de un año y ocho meses de prisión a cumplir impuesta por sentencia definitiva del 26 de agosto de 1996 en la causa nº 14341 del Juzgado nacional de Sentencia Letra C, Secretaría 5 y que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción nº 1, Secretaría 105 bajo el sumario nº 61383  en orden al delito de encubrimiento por recepción agravado por su habitualidad cometido en forma reiterada (cuatro hechos). Estos antecedentes fueron valorados por el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Martín, que consideró que el postulante no lograba acreditar su "buena conducta" conforme lo exige taxativamente el art. 6 inc 5 de la ley 5177, atento que conforme lo determina la misma norma, la "buena conducta" debe ser acreditada con el certificado expedido por el Registro de Reincidencia" (ver fs. 153/154).
7. Marca la demandada la improcedencia del decreto 2296/1992 de matrícula única, ya que no es de aplicación en la Provincia de Buenos Aires por no haber adherido a lo dispuesto por el decreto 240/99; explica que el decreto 2293/92 es aplicable sólo a las jurisdicciones cuyas legislaturas hubiera aprobado el Pacto Federal para el Empleo y además haber derogado en sede provincial de manera expresa las normas locales que exigen la matriculación de los profesionales para poder ejercer su profesión. Y si bien la Provincia adhirió al Pacto federal, no se cumplió  la segunda condición dado que la legislatura no derogó la ley 5177. 
   8. Ofreció como prueba el expediente Nro. 08/153 del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
VII. A fs 158 y vta. la actora declara bajo juramento, que con relación a la prueba documental que acompañara en copia simple a fs. 133/135 y vta. -acta número 2045 del Colegio de Abogados de La Plata-, no haber tenido conocimiento de la misma al momento de interponer la demanda. En lo que interesa, en el mismo se dio tratamiento a una presentación efectuada por un letrado en torno a la prohibición establecida en el art. 2.1. de la ley 5177, y al supuesto de "buen concepto público" (cfr. art. 6 inc. 5 de dicha ley), haciéndose lugar al pedido de inscripción del letrado.
VIII. A fs. 161 este tribunal tuvo por contestada la demanda por parte del Colegio departamental (fs. 149/157 vta.), en tiempo y forma y por ofrecida la prueba. Tuvo presente para su oportunidad la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta y con relación a la presentación de fs. 158 relacionada con la de  fs. 136 ordenó que pasen los autos para resolver.
IX. A fs. 175 esta cámara resolvió que la presentación de fs. 158 ha sido efectuada dentro del término establecido a fs. 139/140 y en virtud de la declaración jurada efectuada en el escrito en examen, correspondía admitir la documentación adjuntada por el accionante a fs. 133/135 en los términos del art. 334 del C.P.C.C.; ordenándose correr vista de dicha pieza a los demandados.
     X. A fs. 195/199 el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires contesta demanda y ofrece prueba.
     1. Niega las afirmaciones de la actora y en particular "(q)ue haya habido una manifiesta, ilegal y ostensible omisión por parte del Colegio de Abogados de San Martín al rechazar su solicitud de matriculación como abogado…" (sic).
2. Ratifica todo lo expuesto en la resolución dictada por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires de fecha 4 de septiembre del 2008. Afirma que se actuó dentro del marco normativo, respetándose los principios de debido proceso, defensa en juicio e igualdad ante la ley.
3. Sostiene que como consecuencia de la apelación ante el Consejo Superior interpuesta por el Sr. Carlos Alberto Telleldin se dio origen al expediente administrativo Nª 08-153.
Expone que en el mencionado expediente se refiere que consta el pronunciamiento del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 2 de octubre del año 2008.
4. Solicita se tenga por reiterado y ratificado todo lo expuesto en la Resolución del Consejo Superior, dictada con fecha 2 de octubre de 2008 y dentro del marco de la ley 5177.
5. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas identificadas con el número 08-153.
XI. Por providencia obrante a fs. 200 se tuvo por contestada la demanda por parte del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, en tiempo y forma y por ofrecida la prueba.
XII. A fs. 218/219 este tribunal resolvió que:
a) La actora a fs. 107 optó por el procedimiento sumario de ilegitimidad, trámite al que no se opuso la demandada (conf. fs. 138 y cont. dem. de fs. 149/157 y cédula fs. 184/185 y cont. dem. fs. 195/199).
b) Tener por acompañado el expediente nº 08-153 y desestimar la prueba informativa requerida por la parte actora a fs. 112 en virtud de lo dispuesto por el art. 69 inc. 4° del C.C.A.
c) Atento a que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires contestaron la demanda (fs.149/157 y 195/199) y no existiendo prueba pendiente de producción, corresponde a los fines de mejor resolver y en virtud de lo dispuesto por los arts. 46 del C.C.A. y 36 inc. 2º del C.P.C.C.,  que por Secretaría se acceda a la página de Internet del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de ser posible, se imprima un juego del acta 2045 y del pronunciamiento recaído con fecha 27 de mayo de 2009 en los autos "Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación" –T.639. XLII-, respectivamente, para su incorporación a las presentes actuaciones.
d) Finalmente y una vez cumplido lo indicado precedentemente se hizo saber a las partes la documentación que se agregará y córraseles vista para que en el plazo común de cinco días presenten el alegato (art. 69 inc. 6° del C.C.A.), plazo que comenzará a correr a partir de la última notificación.
XIII. A fs. 220/238 se dio cumplimiento con lo ordenado a fs. 218/219 agregándose las copias correspondientes al acta 2045 del Colegio de Abogados de La Plata y al pronunciamiento recaído con fecha 27 de mayo de 2009 en los autos "Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ recurso de casación" –T.639. XLII-.
A fs. 241/246 corren agregadas las cédulas diligencias que notifican a la actora y a los codemandados el auto de fs. 218/219.
XIV.- Por Secretaría se informó a fs. 252 que el plazo para la presentación de los alegatos se encuentra vencido y que solo lo hicieron los codemandados.
XV.- El Tribunal estableció las siguientes cuestiones a resolver:
¿Corresponde admitir la falta de legitimación pasiva interpuesta por el Colegio de Abogados de San Martín?
¿Es fundada la pretensión del actor?
            V O T A C I O N
A la primera cuestión planteada el señor Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:
1º) El codemandado Colegio de Abogados de San Martín, en primer lugar, plantea la falta de legitimación pasiva para ser demandado, toda vez que afirma que no es emisor del acto administrativo definitivo y que agota la vía administrativa. Considera que de las decisiones legales surge que el acto administrativo que puede ser objeto de una pretensión contencioso administrativa es el acto definitivo emanado del Consejo Superior del Colegio de Abogados provincial.
2º) Cabe recordar que, con respecto a las excepciones previas admisibles, el art. 35 del CCA dispone que sólo se admitirán –entre otras- a la falta de legitimación para obrar en el demandante o en el demandado cuando fuere manifiesta, con la salvedad de que "...en caso de no ocurrir esta última circunstancia,...el juez la considere en la sentencia definitiva" (confr. art. citado inc. 1º, ap. g). Asimismo, prevé que tal excepción podrá también oponerse como "...defensa de fondo al contestar la demanda". (cfr. Art. 35, inc. 2º del CCA).

La falta de legitimación se configura cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta (CSJN en autos "Cantenys, Santiago Oscar y otros c/ Junta Nacional de Granos s/ Daños y Perjuicios" del 9/05/06, en elDial.com - AM16BE).
Asimismo, el articulo 74 del CCA establece que: "(l)as pretensiones que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, tramitarán mediante recurso directo ante las Cámaras Departamentales en lo Contencioso Administrativo que corresponda al lugar donde se produjo el hecho que motivó el acto cuestionado a los fines de establecer el debido control de legalidad de aquéllos…".
3°) En la causa CCASM N° 1674, este tribunal sostuvo que "a la luz del pronunciamiento de la S.C.J.B.A. en la causa "Colegio de Bioquímicos", del 22-XII-08, corresponde reinterpretar el criterio seguido por este tribunal en la causa nº 356-M "D,A M C/ Colegio De Abogados De La Provincia De Buenos Aires S/ Recurso Directo Art. 74 Ley 12.008 -Texto Según Ley 13.325-" del 3-VII-07, en sentido similar al adoptado en el expediente Nro. 1214 "F T, D J c/ Colegio De Médicos de la Provincia de Buenos Aires S/ Recurso Directo Art. 74 Ley 12008 Texto según Ley 13.325  del 10-III-09): En efecto, sin perjuicio de la facultad revisora del Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (art. 20, 43, inc. f de la ley 10.973 y sus modificatorias), en el supuesto de autos se advierte necesario que en el debate también intervenga el Colegio de Martilleros del Departamento Judicial Morón, en su carácter de persona jurídica del derecho público (art. 12 ley 10.973) y titular de la potestad disciplinaria (art. 15, inc. b de la ley 10.973... y arg. CCASM Expte. Nro. 1214 "F T, D J c/ Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires S/ Recurso Directo Art. 74 Ley 12008 Texto según Ley 13.325  del 10-III-09".
4°) En atención a que el caso arriba indicado guarda similitud con el presente hago propios los argumentos expresados en el punto anterior y en consecuencia propongo se rechace la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Colegio departamental. ASI LO VOTO.
Los señores Jueces Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi votan en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:
1º) Atento al modo en que ha quedado trabada la litis, corresponde que me expida sobre dos cuestiones comprendidas en la pretensión del actor concerniente: a) a la aplicación, en el caso, del decreto nacional de matrícula única (2293/92); y b) a la anulación de la resolución del Colegio de Abogados de San Martín y del Colegio Provincial en cuanto denegó su matriculación.
2º) En primer lugar, frente a la pretensión de la actora respecto de la aplicación en el caso del Decreto nacional de matrícula única (Dec. 2293/92), entiendo que este planteo luce al menos contradictorio. Ello, en cuanto que el actor al mismo tiempo reclama su inscripción en el Colegio de Abogados de San Martín de la Provincia de Buenos Aires, cuando conforme el mismo lo sostiene, ya cuenta con la matricula federal y la del Colegio de la Ciudad.
Sin perjuicio de ello, es de destacar que la codemandada Colegio de Abogados de San Martín lo rechazó con argumentos sólidos a los cuales se hizo referencia en el punto VI.6 de los antecedentes.
Es exacto lo expresado por el Colegio departamental en cuanto a la improcedencia de la aplicación del decreto 2296/1992 de matrícula única en la Provincia de Buenos Aires; ello por no haber adherido la mentada provincia a lo dispuesto por el decreto 240/99.
El decreto 2293/92 podría ser aplicable en lo que hace a la matrícula única solo en las jurisdicciones cuyas legislaturas hubieran aprobado no solo el Pacto Federal para el Empleo, sino además haber derogado en sede provincial de manera expresa las normas locales que exigen la matriculación de los profesionales para poder ejercer su profesión.
El artículo 2 del mencionado decreto 240/99 textualmente dice: "(l)as disposiciones del Decreto N° 2293/92 serán aplicables a los profesionales matriculados o inscriptos, en las condiciones establecidas en su Artículo 1°, en jurisdicciones cuyas legislaturas hubieran aprobado el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento y adecuado al Decreto N° 2293/92 el ordenamiento provincial correspondiente, mediante la derogación expresa de las normas locales que exijan la matriculación de los profesionales para poder ejercer su profesión en el ámbito provincial". 
En este aspecto, es dable recordar que "…constituye elemental regla hermenéutica que cuando el texto de la norma es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicar el precepto estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido" (Ac. 39.014, sent. del 12-IV-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-I-598; Ac. 40.495, sent. del 20-II-1990 en "Acuerdos y Sentencias"; 1990-I-147; Ac. 45.868, sent. del 27-VIII-1991 en "Acuerdos y Sentencias", 1991-III-29; Ac. 47.842, sent. del 6-IV-1993; Ac. 58.089, sent. del 3-IX-1996; Ac. 65.508, sent. del 23-III-1999, y esta Cámara en causas Nº 1082, "Fuentes", S. del 21-IX-2007, Nº 1102, "R.H. Tucci", S. del 4-X-2007, entre muchas otras).
En esas condiciones, el hecho que la provincia haya adherido al Pacto Federal no es suficiente para la aplicación de la normativa de la matrícula única ya que no se cumplió con la segunda condición; ello en la medida que la legislatura provincial no derogó la ley 5177.
Por su parte, es de destacar que la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires  de 1994 le dio a los Colegios profesionales rango constitucional al incorporar a los mismos en el artículo 41, que en la parte que interesa dice: "… (l)a provincia reconoce a las entidades intermedias expresivas de las actividades culturales, gremiales, sociales y económicas y garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales…".
Por último, cabe recordar que la CSJN ya se expidió sobre el tema en la causa "B.C.R.A. c. C.P.A.C.F." (La Ley, 2000/06//01, 2000-E, 189) donde sostuvo que la aplicación del decreto 2293/92 está sujeta a la aprobación del Pacto Federal para el Empleo la Producción y el Crecimiento por las legislaturas locales y la derogación expresa de las disposiciones que exigen la inscripción en la matrícula profesional, requisito este último que no se había llevado a cabo.
Por todo lo expuesto, cabe rechazar la pretensión de aplicación en la Provincia de Buenos Aires del decreto 2293/92 de matrícula única.
3º) Ahora bien, procederé a analizar la segunda cuestión a resolver.
Al respecto cabe recordar que el actor pretende la anulación de la  resolución denegatoria de su inscripción en el Colegio de Abogados de San Martín -que fuera confirmada por el Colegio provincial-: "…por mediar una manifiesta, ilegal y ostensible omisión por parte del Colegio de Abogados de San Martín, al rechazar mi solicitud de matriculación como abogado en dicha jurisdicción…" (sic, ver fs. 107).
Para ello entiendo conveniente recordar:
a) En primer lugar, la motivación del acto por medio del cual el Colegio de Abogados de San Martín -con fecha 10 de junio del 2008- rechazó el pedido de matriculación efectuado por el Dr. Telleldín.
A fs. 4 de la presente causa se encuentra agregada copia de la mentada resolución donde se expresó - textualmente- lo siguiente: "San Martín, 10 de junio de 2008. VISTOS: Que el DR. CARLOS ALBERTO TELLELDIN ha solicitado a este Consejo Directivo su matriculación como abogado. Que de acuerdo con los requisitos de exigencia obligatoria, adjunta a su pedido un certificado del Registro Nacional de Reincidencia del cual surgen informados antecedentes judiciales. Que agrega a su presentación un escrito, en el cual formula una serie de consideraciones referidas a su particular situación. Y CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido  por la ley 5177, los Colegios de Abogados tienen, entre otras funciones, el gobierno de la matrícula. Que el artículo 2  inc. 1) de la ley establece que no podrán inscribirse  y corresponderá la exclusión de la matrícula  de los condenados a cualquier pena  por la comisión de delito doloso, con sentencia firme hasta el término de la condena. Que en el presente caso, del certificado acompañado por el peticionante  surgen informados  antecedentes judiciales, registrándose diversas causales por delitos dolosos. Que el art. 6 de la ley 5177 dispone que, para lograr su matriculación, el abogado debe –entre otros requisitos- acreditar "buena conducta". Que definiendo la forma de acreditarlo, el inciso 5° impone que tal requisito se cumplirá  con certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias. Que en el particular, el contenido de este informe aparece como un obstáculo insalvable a la luz de la disposición legal  que taxativamente exige acreditar buena conducta, y más aún, establece  también el medio de concretarlo. Que ello imposibilita otorgar su matriculación, ya que las decisiones a adoptar  por este Cuerpo  en el ejercicio del gobierno de la matrícula están sujetas a disposiciones  legales que no pueden  ser soslayadas. POR ELLO, el Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados  de San Martín dispone: 1- Rechazar la solicitud de matriculación como abogado presentada por el DR. CARLOS ALBERTO TELLELDIN, en atención a que no acredita  buena conducta conforme lo establece  el art. 6 inc. 5 de la ley 5177. 2-  Regístrese y notifíquese al interesado. Cumplido archívese."
b) En segundo lugar, la motivación del acto del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por el que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la aquí actora (ver fs. 39).

En ese sentido expresó que: "Dolores, Octubre 2 de 2008. VISTO el expediente caratulado "TELLELDIN Carlos Alberto s/ Apelación, y del que RESULTA: 1º) Que el letrado Carlos Alberto TELLELDIN, con matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomo 104, folio 950, y del Colegio de Abogados de la Capital Federal, tomo 92, folio 756, con domicilio real en al calle Julio Besada Nº 816, de la localidad de Martin Coronado, partido de Tres de Febrero, solicitó su inscripción en la matrícula del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martin, y esa petición le fue denegada mediante resolución de fecha 10 de junio del corriente año (fs. 4). Por tal motivo, el interesado recurrión directamente ante el Consejo Superior, por medio de escrito recibido el 20 de junio ppdo. (fs. 1/3). 2º) Que el Colegio de San Martín fundamentó el rechazo en la circunstancia de que el peticionante "no acredita buena conducta conforme lo establece el art. 6º, inc. 5º, de la ley 5177". Según esta norma, al abogado requiere ejercer la profesión se le exigirá además de los requisitos contenidos en los incisos 1) a 4) de la misma, "acreditar buena conducta y concepto público", aclarando que la primera de se acreditará mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadísticas Criminal o el organismo que haga sus veces. 3º) Que, en su resolución, la entidad de marras hace mérito del contenido del informe obrante a fs. 11/18, que –señala-, "aparece como un obstáculo insalvable …", que "imposibilita otorgar su matriculación" (sic). Y CONSIDERANDO: 1º) Que el recurrente basa su apelación en la disposición del art. 2 icn. 1º), de la ley de rito, conforme a la cual no pueden inscribirse en la matrícula "los condenados a cualquier pena pro la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena", citando asimismo el art. 51, inc. 2º, del Código Penal, y agregando que tanto el Colegio Público antes mencionado, como la Cámara Federal de San Martin, le extendieron las habilitaciones correspondientes sin reparo alguno. 2º) Que cabe, en la especie, formular un claro distingo entre los conceptos de gobierno de la matrícula y la aplicación de la potestad disciplinaria atribuida a los Colegios, pues en virtud del primero de ellos, nuestras instituciones pueden, por ejemplo, disponer la suspensión provisoria en la matrícula, independientemente de la sanción ética que le pudiera corresponder al letrado, entendiéndose que esa facultad se ejerce cuando la gravedad del delito y la verosimilitud de la prueba así lo acrediten, y resulta motivada por la inconveniencia de incorporar al ejercicio activo a quien exhibe una conducta impropia de tal naturaleza que afecte la dignidad de su ministerio como servidor y colaborador de la Justicia. La institución siempre tiene reservada la atribución, propia y exclusiva, de preservar el gobierno de la matrícula, a través de la no admisión de quien no acredite la referida buena conducta y concepto público; 3) Que la regla de la conveniencia o inconveniencia  en las decisiones que adopta el Consejo Directivo, en materia de suspensión  provisoria o denegación de la inscripción, importa una atribución establecida por la ley, cuyo ejercicio, a su vez, implica la apreciación subjetiva del órgano, en orden a la derivación pública que la incorporación a la matrícula pueda producir en detrimento de la función del abogado destinada como fin último al bienestar general. En el presente caso, los hechos que surgen de los antecedentes acompañados afectan sensiblemente la confianza, probidad, buena fe y lealtad, deber ético esencial de todo abogado en el desempeño de su ministerio. El artículo 6º, inciso 5º, de la ley 5177 prevé de manera específica la forma que habrá de acreditarse dicha conducta, mediante el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal, y que, en el presente caso, evidencian que el recurrente se halla afectado por una condena que todavía no ha vencido en el orden temporal. En consecuencia, se advierte la ausencia de la "buena conducta" que exige la ley, según la apreciación que realiza  el Consejo Directivo del Colegio de San Martín, a través de una resolución motivada en la apreciación de los antecedentes del recurrente, en un análisis que no resulta irrazonable, ni arbitrario. POR TODO ELLO, el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en uso de la facultad que le confiere el art. 50, inc. g), de la ley 5177 (t.o. decreto 2885/01). RESUELVE: 1º) No hacer lugar al recurso de apelación deducido por el letrado Carlos Alberto TELLELDIN contra la resolución del Colegio de Abogados de San Martín que denegó su pedido de admisión en la matrícula. 2) Conferir a esta resolución el carácter de interpretación final conforme al art. 50, inc. I), del referido instrumento legal. 3º) Incorporar la misma al Digesto del Consejo Superior. 4º) Notificar la presente en la forma de estilo y archivar las actuaciones."
c) La fundamentación del reclamo de la actora –ver punto IV de los Antecedentes-.
d) Los fundamentos dados en la contestación de la demanda por parte del Colegio de Abogados de San Martín –ver punto VI) 2), 3), 4), 5) y 6) de los Antecedentes-.
e) Los fundamentos dados en la contestación de demanda por parte del Colegio de Abogados de la Provincia –ver punto X) de los Antecedentes-.
4º) Efectuada dicha reseña de antecedentes relevantes, creo pertinente efectuar un breve análisis de la ley de colegiación obligatoria provincial, cuyos artículos relevantes para el caso se reseñarán más adelante.
Al respecto, Morello y Berizonce citan a Piero Calamandrei, el cual sostiene que "(n)o es exagerado decir que en un sistema judicial inevitablemente complicado…como lo es el de los estados civilizados modernos, la justicia no podría funcionar si no existiesen los profesionales del derecho, puesto que las dificultades de juzgar resultarían enormemente acrecentadas, hasta constituir obstáculos en la práctica insuperables, si el juez, suprimidos abogados y procuradores, viniera a quedar en contacto directo con la impericia jurídica y la mala fe de las partes litigantes" ("Abogacía y Colegiación Augusto" M. Morello, Roberto O. Berizonce, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1981. pág. 17).
En la misma obra, sostienen que: "…el sometimiento del ejercicio de la abogacía al régimen de la colegiación obligatoria, tal como ha ocurrido en la Provincia de Buenos Aires a consecuencia de la sanción de la sabia y rectora ley 5177, dio una nueva fisonomía a la profesión… no podrán dejar de admitir las bondades comprobadas que arroja la existencia de los Colegios de Abogados, a los que se ha reservado el gobierno de la matrícula. Dignificación de la profesión, afianzamiento de la solidaridad gremial, fortalecimiento del poder disciplinario sobre los abogados, mayor responsabilidad ética profesional son, entre otras, las importantes conquistas que se obtuvieron con el nuevo régimen" (ob. cit. pág. 17).
Asimismo, que: "…c) La inscripción en la matrícula se lleva a cabo en el Colegio Departamental del que el letrado formará parte, siendo deber del Colegio verificar si reúne los requisitos exigidos por la ley…" (ob.cit. pág. 19.).
Refieren que: "…el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardársele". Texto que ha sido acogido por el decreto ley 23.398/56, de reformas al C.P.C., agregándoselo como último apartado, al art. 52; y ulteriormente por la ley 7425 (art. 58)". (o.c. pág. 24).
Por su parte, cabe tener particularmente en cuenta lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al analizar la colegiación obligatoria impuesta por ley nacional 23187, al sostener que:
"La organización de las profesiones en general, en colegios profesionales, no es per se contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. Por ello, si se considera la noción de orden público en el sentido referido de las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está implicada en ese orden" (Com. Interam. Derechos Humanos Fecha: 22/03/1988 Partes: Ferrari, Alejandro M. y otros, Citar Lexis Nº  2/26788 Publicado: JA 1988 III 328).
5°) Sentado ello, a efectos de analizar la legitimidad de la denegatoria de la inscripción denunciada, entiendo necesario señalar la normativa que establece la ley 5177; la cual, en lo que aquí interesa respecto al gobierno de la matrícula prevé:
     Artículo 1°:"…Para ejercer la profesión de abogado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se requiere: 1- Tener título de abogado…. 2- Estar inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados departamentales creados por la presente Ley…".
     Artículo 2°: "No podrán inscribirse en la matrícula y corresponderá la exclusión de la misma de: 1-  Los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena…".
     Artículo 6°: "El abogado que quiera ejercer la profesión presentará su pedido de inscripción al Colegio Departamental del que formará parte. Para la inscripción se exigirá: 1- Acreditar identidad personal. 2- Presentar el diploma universitario original. 3-  Manifestar si le afectan las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en los artículos 2º, 3º y 4º. 4- Declarar su domicilio real, y el domicilio legal en que constituirá su estudio y servirá a los efectos de sus relaciones con la Justicia y el Colegio. 5-  Acreditar buena conducta y concepto público. La buena conducta se acreditará mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus funciones…".
 Artículo 7°: "El Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión y se expedirá dentro de los quince (15) días de presentada la solicitud…".

Artículo 8°: El matriculado prestará juramento ante el Consejo Directivo, de desempeñar lealmente la profesión de abogado, observando la Constitución y las leyes, así de la Nación como de la Provincia; de no aconsejar ni defender causa que no sea justa, según su conciencia, y de patrocinar gratuitamente a los pobres".
Artículo 9°: "Podrá denegarse la inscripción cuando el abogado solicitante estuviese afectado por alguna de las causales de inhabilidad del artículo 2º. A estos efectos, los Colegios estarán facultados para solicitar, de oficio, los informes que se consideren indispensables. También podrá denegarse la inscripción cuando se invocase contra ella la existencia de una sentencia judicial definitiva que, a juicio de dos tercios de los miembros del Consejo Directivo, haga inconveniente la incorporación del abogado a la matrícula. En todos los casos, la decisión denegatoria será apelable por ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia, dentro de los diez (10) días hábiles de producida su notificación, y deberá hacerse por escrito y en forma fundada. La resolución del Consejo Superior podrá ser recurrida por ante los tribunales contencioso administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 12.008".
Artículo 10°: "El abogado cuya inscripción fuera rechazada, podrá presentar nueva solicitud, probando ante el Colegio Departamental la desaparición de las causales que fundaron la denegatoria. En todos los casos, la denegatoria deberá ser comunicada a los restantes Colegios Departamentales".
6°) Reseñada la normativa aplicable y conforme a los antecedentes procesales del caso, corresponde analizar si lo resuelto por el Colegio de Abogados de San Martín y la confirmación por parte del Colegio provincial -las que han sido materia de impugnación por la actora-, se ajustan o no a derecho.
7°) De la normativa transcripta advierto que el legislador, por un lado, estableció causales de inhabilidad para el ejercicio de la abogacía en el ámbito provincial y de exclusión de la matrícula (cfr. lo previsto en el art. 2 ley 5177). Entre ellas, la normativa inhabilita a: "los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena…" (inc. 1).
A su vez, el legislador provincial previó requisitos que debe cumplir el interesado al inscribirse en la matrícula, entre ellos, el de acreditar buena conducta (cfr. art. 6 inc. 5 ley 11757), que se acredita con el "certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus funciones…".
A mi criterio no corresponde la asimilación de ambos institutos por el hecho que su acreditación se materialice por intermedio del mismo instrumento (vgr. certificado de reincidencia), en la medida que éste último sirve a distintos efectos; para saber: (i) si el interesado está –directamente- inhabilitado para inscribirse; o (ii) si reúne o no buena conducta para el ejercicio de la profesión de abogado.
En efecto, el hecho que dicho documento eventualmente no refleje la existencia de una condena por delito doloso firme y vigente al momento de la denegatoria de inscripción, no implica el cumplimiento automático del recaudo de "buena conducta".
Éste requisito, a mi juicio, traduce el análisis de un concepto jurídico indeterminado (vgr. "buena conducta") que debe efectuar la autoridad colegial frente a cada inscripción.
Conforme tiene dicho la CSJN, este tipo de conceptos imponen un análisis casuístico "ponderando las circunstancias propias del supuesto examinado en todos sus aspectos y conjuntamente, lejos de cualquier aplicación mecanicista y con la flexibilidad necesaria para su adecuación a las complejas circunstancias humanas" (cfr. CSJN, "Arcángel Maggio S.A. s/concurso preventivo s/incidente de impugnación al acuerdo preventivo", 15/03/2007, T. 330, P. 834).
En esas condiciones, el concepto de "buena conducta" amén de que no puede ser aprehendido bajo fórmulas sacramentales o inflexibles, otorga discrecionalidad al ente decisor y cuenta con límites imprecisos que, a tenor de la normativa aplicable en la especie, se delimitan con la totalidad del contenido del certificado de reincidencia, con las circunstancias de cada caso en que se aplique, y con el principio de razonabilidad (cfr. 28 CN y ccdtes. y ver SCBA, B 52762 S 31-3-2004, Juez Negri (SD) Hernández, Alicia Esther y otros c/ Municipalidad del Partido de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa, y en igual sentido SCBA, B 56073 S 10-5-2000, entre muchas otras).
8°) En estas condiciones, cabe señalar que, tanto en la motivación del acto del Colegio de Abogados de San Martín como el de Provincia, respecto a la valoración de la "buena conducta", se hace referencia a los antecedentes que surgen del certificado de reincidencia presentado por el actor.
En base a los mismos, las autoridades colegiales intervinientes llegan a la conclusión que el actor no presenta buena conducta, por lo cual, le deniegan la inscripción en la matrícula.
Por un lado, la invocación de ilegalidad de dicha decisión que formula el actor, entiendo que no puede tener favorable recepción en tanto los entes decisores aplicaron, a efectos de la decisión denegatoria un supuesto expresamente previsto en la normativa aplicable (inexistencia de buena conducta, cfr. art. 6 inc. 5 de la ley 5177).
Y, en cuanto a las demás críticas que formula a las decisiones impugnadas (irrazonabilidad y/o arbitrariedad), pese a que, a efectos de torcer dicha tesitura, el actor invoca haber sido absuelto en la causa "AMIA DAIA" y la caducidad del plazo del art. 51 inc. 2 CP, lo cierto es que los antecedentes que surgen del certificado de reincidencia no permiten vislumbrar irrazonabilidad en la valoración de la conducta del actor efectuada por las autoridades colegiales.
 La carencia de buena conducta se desprende -sin dudas- del mismo certificado de reincidencia.
En tal sentido, cabe observar que con fecha 29/04/08 el Registro Nacional de reincidencias certificó en los términos del art. 51 del CP y del art. 8 inc f de la ley 22117 que el actor registra ante dicha repartición los siguientes antecedentes judiciales (ver fs. 30/37):
1) A fs. 31 el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional federal nº 9 informa con fecha 2/08/99, que en el marco de la causa nº 1156 "Pasteur 633 Atentado (homicidio, lesiones daños) damnificado: AMIA y DAIA".
a) Con fecha 9/08/94 se decretó el procesamiento del actor  por encontrarlo autor responsable del delito de encubrimiento, el que concurre idealmente con el reemplazo ilegítimo de motor de automóvil, y en forma material con el de falsificación de documento privado (art. 54, 55, 277 inc. 1º y 299 CP y art. 33 del DL 6582/58); y en consecuencia, se convirtió la prisión preventiva en su actual detención. Surge además, que esta última fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal con fecha 28 de diciembre del mismo año;
b) Con fecha 30/4/98 se amplió el procesamiento del actor de las filiaciones consignadas, en orden al delito de uso reiterado "4 hechos" de documento nacional de identidad adulterado en calidad de autor (arts. 45, 55, 296 en función del 292 CP) y mantuvo la prisión preventiva dispuesta de conformidad con el art. 312 inc. 1 del CPP; y que tal resolución fue confirmada por el superior;
c) Con fecha 2/11/98 amplió el procesamiento del actor de las demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo prima facie responsable como partícipe necesario de los delitos de homicidio calificado, lesiones leves, graves y gravísimas- y daño cometidos todos ellos e forma reiterada (86 muertos, 109 lesionados) agravados en función de lo dispuesto por la ley 23592); ello, en virtud de la participación que le cupo con relación al atentado en la sede de la AMIA acaecido el 18/07/94. Asimismo, mantuvo la prisión preventiva dispuesta, resolución confirmada por la alzada el 11/05/99.
2) El 12/10/00 obra informe del Tribunal Oral nº 28 por medio del cual informa que en la causa nº 445 seguida contra el actor, por el delito de estafa en forma reiterada (dos hechos) en concurso real con falsificación de documento público, se dictó sentencia el 10/08/99 resolviéndose condenar al Sr. Telleldin por ser autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento público (a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y costas); asimismo lo condenó a la pena de siete años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas comprensiva de la dictada anteriormente, y la pena única de cinco años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, recaídas con fecha 2/05/97 por ante el juzgado de sentencia Letra "A" Secretaría 2 en la causa nº 3822 que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción nº 27, Secretaría nº 124 bajo el sumario nº 43124, comprensiva ésta a su vez de la pena también única de cuatro años y seis meses de prisión y accesorias legales y costas discernida en dichas actuaciones por sentencia definitiva del 20/06/96 (a su vez integrada con la de un año y seis meses de prisión a cumplir que allí se le impuso en orden al delito de encubrimiento –arts. 45 y 277 inc. 2 CP, la de dos años en prisión en suspenso y costas dictada el 8 de febrero de 1990 en la causa 16425 del juzgado criminal nº 6 de San Martín, Prov. de Buenos Aires en orden al delito de corrupción –art- 125 CP y la de un año y seis meses de prisión en suspenso y costas dictada también en definitiva el 14/07/95 en la causa nº 5562/94 del Juzgado Federal nº 1 Secretaría 3 de San Isidro, en orden al delito de puesta en circulación de moneda de curso legal apócrifa en grado de tentativa –arts. 42 y 282 CP.- cuya ejecución condicional en ambos casos fue revocada) y de la pena de un año y ocho meses de prisión a cumplir impuesta por sentencia definitiva del 26/08/96 en la causa nº 14341 del Juzgado Nacional de Sentencia Letra "C" Secretaría nº 5 y que tramitó por ante el Juzgado de Instrucción nº 1, Secretaría nº 105 bajo el sumario nº 61383 en orden al delito de encubrimiento por recepción agravado por su habitualidad, cometido en forma reiterada (4  hechos).

Asimismo, informó que el cómputo de la pena oportunamente practicado vencería el día 5 de abril de 2002 y el registro de la misma caducaría a todos sus efectos el día 5 de abril del año 2012.
3) Por último, en fecha 20/02/01 el Juzgado de Instrucción nº 4, Sec. Nº 18, con relación a la causa nº 49.041/98 caratulada "Juzgado Federal nº 9 Autos Pasteur 633 –Atentado, denuncia s. asoc. Ilícita, encubrimiento, y estafas reiteradas- donde uno de los imputados es el Sr. Telleldín, informó que el 25/10/00 se dispuso la elevación a juicio de la causa. Que dicha elevación es con relación al delito de asociación ilícita (cfr. art. 210 párrafo 1º CP; y que en el caso del actor, también era con relación a los delitos de estafa (11 hechos) el que concurre idealmente con el delito de encubrimiento agravado por la habitualidad, cometido en forma reiterada –once hechos- (arts. 54, 55, 172 277 inc. 3º CP). Y que, por estos delitos el Sr. Telleldín fue procesado con fecha 2/11/95 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 9, Sec. Nº 17 en la causa nº 1156 caratulada "Pasteur 633" (homicidio, lesiones, daños) damnificados AMIA DAIA, que se iniciara el 18/07/94.
En efecto, de acuerdo a los antecedentes que surgen de dicho documento, considero que no puede prosperar la demanda, en tanto resultan legítimas las decisiones de las autoridades del Colegio provincial y departamental intervinientes, en su aspecto resolutorio y sus fundamentos.
Entiendo que, más allá de la situación penal del actor en la "causa Amia" -en la cual se encuentra procesado, en atención que la CSJN in re "T. 639. XLII. Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ rec. de casación ordenó que "vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto"- y las diversos delitos en los que se encuentra procesado que surgen del certificado de reincidencia, los delitos por los cuales el actor ha sido condenado guardan relación con aquellos bienes jurídicos enraizados con los deberes comprendidos en el ejercicio profesional de la abogacía - en particular la fe pública-.
En efecto, no puede soslayarse que el actor ha sido condenado a los delitos de:
(i) falsificación de instrumento público  -cfr. art. 292 CP- lo cual afecta al bien jurídico "fe pública" (cfr. título XII CP).
(ii) puesta en circulación de moneda de curso legal apócrifa en grado de tentativa –cfr. 282 del CP- lo cual afecta al bien jurídico "fe pública" (cfr. título XII CP).
(iii) encubrimiento –cfr. art. 277 CP- lo cual afecta el "normal funcionamiento de los órganos de los órganos de gobierno" -cfr. Fontan Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Tomo VII, Lexis n° 1508/000678- (cfr. título XI CP).
(iii) encubrimiento por recepción agravado por su habitualidad cometido en forma reiterada (cuatro hechos) que afecta el "correcto funcionamiento de la administración pública" (cfr. título XI CP)."
(iv) corrupción de menores –cfr. art. 125 del CP- que afecta al bien jurídico "delitos contra la integridad sexual" (cfr. título III CP).
Tales conductas, que fueron objeto de condena, no se condicen con aquellos deberes y funciones debe desarrollar en el marco del ejercicio de profesión colegiada.
Téngase presente que el abogado no es simplemente un profesional habilitado por su diploma universitario para exponer el derecho, enseñarlo y hacerlo valer en las causas de justicia, sino que es, además, un auxiliar de justicia a quien las leyes que organizan la justicia pueden - conforme al enunciado del preámbulo y al art. 5, Constitución Nacional - exigir cierta organización y disciplina que garantice el ejercicio responsable y ético de la profesión legal jurídica (del voto de los doctores Fayt y López in re  "B. C., R. A. c. Colegio Público de Abogados", del 1/06/00, LA LEY 2000-E, 189) (Conf. leyes nacionales n° 27, art. 8; n° 50, art. 23; n° 932, arts. 1 y sgtes.; n° 4162, arts. 1, 3 y otros); así como "un integrante potencial de sus tribunales en los casos de impedimento, recusación o excusación de sus miembros" (cfr. voto en disidencia de los doctores Sagarna y Casares en la causa "Sogga, Constantino y otros", LA LEY 40, 405, Fallos Corte: 203:100, del  29/10/1945) (los resaltados son propios).
No menos relevante resulta recordar, en este punto, que la ley 5177 impone una serie de prohibiciones a los abogados en el ejercicio de la profesión (cfr. art. 60, 72 y ccdtes.); así como, en el marco del Código de Ética para el ejercicio de la abogacía –dictado cfr. art. 25, inc.7 de la ley 5177 y el art. 32, inc. B del decreto 5410/49- se estipula que:
"Art. 1º.- ESENCIA DEL DEBER PROFESIONAL. CONDUCTA DEL ABOGADO. El abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración; que su conducta ha de estar caracterizada por la probidad y la lealtad, y por el desempeño con dignidad de su ministerio; y que la esencia de su deber profesional es consagrarse enteramente a los intereses de su cliente, y poner en la defensa de los derechos del mismo su celo, saber y habilidad, siempre con estricta sujeción a las normas morales.- La conducta profesional supone, a la vez, buen concepto público de la vida privada del abogado.-
Art. 2º.- DEFENSA DEL HONOR PROFESIONAL.- El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesional. No solamente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios lícitos, la conducta moralmente censurable de jueces y colegas y denunciarla a las autoridades competentes o a los Colegios de Abogados.-
Art.5º.- RESPETO A LA LEY: Es deber primordial del abogado respetar y hacer respetar la ley y las autoridades legítimas.
Art. 6º.- VERACIDAD Y BUENA FE: La conducta del abogado debe estar garantizada por la veracidad y la buena fe. No ha de realizar o aconsejar actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia o que importe engaño o traición a la confianza pública o privada" (los resaltados son propios)
Reitero lo dicho por la por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más atrás, al sostener que "La organización de las profesiones en general, en colegios profesionales… constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegas"; y que "la matriculación en el Colegio Público de Abogados es una función pública y, por razón de esta condición, dicha función debe y tiene que ser de carácter obligatorio, puesto que de otra manera el Estado estaría   por la vía del Colegio  estableciendo para unos profesionales un requisito que no exigiría para otros y, por lo mismos, violaría entonces el derecho de igualdad ante la ley, no pudiendo  además  ejercer control sobre el ejercicio profesional del abogado. Se trata, pues, de la actividad propia de un ente público con carácter derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público que actúa en nombre y representación del Estado" (Com. Interam. Derechos Humanos, Fecha: 22/03/1988 Partes: Ferrari, Alejandro M. y otros, Citar Lexis Nº  2/26788, Publicado: JA 1988 III 328) (los resaltados son propios).
Cabe agregar que: "la responsabilidad del profesional mueve la confianza del usuario, contribuyendo a su vez a jerarquizar el desempeño de las profesiones jurídicas" (C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 30/8/2005, "Jiménez, Juan Andrés v. Grimberg, Raúl G. s/ daños y perjuicios") y que: "El abogado a quien se le confía el asunto tiene, hacia la persona que deposita en él su confianza, una responsabilidad ética y legal" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C 14/04/1981 Naumow, Marta S. c. Gutiérrez, Julio E. LA LEY 1982-A, 212 AR/JUR/1740/1981)
Por estos fundamentos, las decisiones de las autoridades del Colegio de Abogados provincial y departamental intervinientes en autos, impugnadas por el actor, no resultan irrazonables ni tampoco ilegítimas.
9°) Por su parte, se observa que en la resolución de la autoridad provincial del Colegio de Abogados, más allá de fundar la denegatoria de inscripción en la inexistencia de "buena conducta" (cfr. 6 inc. 5 ley 5177), hace referencia al art. 2 inc. 1 de la ley 5177 y  alusión a que el actor  "se halla afectado por una condena que no ha vencido en el orden temporal" (ver fs. 39 vta).
A tales efectos, y en sentido contrario a lo manifestado por el actor en su demanda (ver fs. 66 vta in fine), cabe observar que el propio Tribunal Oral en lo Criminal nº 28, en el marco de la causa nº 445 seguida contra el aquí actor, informa una serie de condenas aplicadas al Sr. Telleldín, concluyendo que "la pena impuesta vencerá el 5 de abril de 2002 y el registro de la misma caducará a todos sus efectos el día 5 de abril del año 2012" (fs. 35).
En consecuencia, cabe advertir que el actor al momento del pedido de inscripción –e inclusive a la fecha de la presente-, contrariamente a lo sostenido en su demanda, se hallaba afectado por las consecuencias de las condenas aplicadas en razón del régimen de reincidencia (cfr. art. 51 inc. 2 CP); lo cual, corrobora el acierto de las decisiones denegatorias de su inscripción en la matrícula. 
10º) A mayor abundamiento, entiendo que no resultan aplicables al caso, los precedentes dictados por esta alzada vinculados a las licencias de conducir (CCASM causa Nº 1146/07, sentencia del 30/11/07, entre otras) en atención a las especiales características que tiene, en la especie, la admisión de la matrícula, conforme se expresara en los considerandos anteriores.
Y, adicionalmente cabe sostener que, la resolución de las autoridades del Colegio de Abogados del Dto. Judicial de La Plata (ver fs. 134/135) que invoca el actor en su favor, no obliga a los demás colegios departamentales, atento a la independencia de los mismos en el gobierno de la matrícula de los abogados y de los procuradores (cfr. arts. 15, 16, 18 y 19 inc- 1 Ley 5177); amén de que en dicho caso se analizó, a diferencia del presente, el "buen concepto público" del interesado.
11º) Sentado ello, debe desestimarse la crítica del actor, en cuanto sostiene que la denegatoria de la matriculación afecta el derecho constitucional de trabajar.
Ello, en cuanto el derecho de trabajar o ejercer industrias lícitas está sujeto a leyes que reglamentan su ejercicio, las cuales serán susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resulten irrazonables, o sea cuando los medios que arbitren no se adecuen a los fines cuya realización procuren, o cuando consagren una manifiesta iniquidad; situación que, conforme lo expuesto en los dos considerandos anteriores, no se configura en el caso de los recaudos para el ejercicio de la abogacía que establece la ley 5177 (cfr. art. 6 inc 5), en tanto el actor no acredita "buena conducta" (arg. cfr. CSJN, in re "H., A." LA LEY 1983-C, 49, del 22/03/1983).
Por otra parte debe señalarse que el derecho al trabajo que garantiza nuestra constitución nacional –cfr. art. 14 – no se circunscribe ni se agota, exclusivamente, en el ejercicio de la profesión liberal de abogado, sino que puede hallar su cauce en una innumerable gama de actividades a las cuales puede recurrir el actor para solventar, con eficiencia y probidad, las necesidades de orden material y espiritual que se le presenten en su vida diaria.
12º) Por todo lo expuesto, propongo: 1º) Con los fundamentos expuestos en los puntos 1°), 2°), 3°) y 4°) – al tratar la primera cuestión- rechazar  la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Colegio de Abogados de San Martín; 2º) Con los fundamentos vertidos al tratar la segunda cuestión, no hacer lugar a la demanda promovida por Carlos Alberto Telleldín y, en consecuencia, confirmar las decisiones de las autoridades del Colegio de Abogados provincial y departamental impugnadas en autos; 3º) Imponer las costas en el orden causado (artículo 51 inc. 1 del CCA); 4º) Vuelvan los autos al acuerdo a efectos de la regulación de honorarios. ASI VOTO.
Los señores Jueces Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi adhieren al voto precedente, con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
              S E N T E N C I A
Por las razones antes expuestas, este Tribunal RESUELVE: 1º) Con los fundamentos expuestos en los puntos 1°), 2°), 3°) y 4°) – al tratar la primera cuestión- rechazar  la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Colegio de Abogados de San Martín; 2º) Con los fundamentos vertidos al tratar la segunda cuestión, no hacer lugar a la demanda promovida por Carlos Alberto Telleldín y, en consecuencia, confirmar las decisiones de las autoridades del colegio de abogados provincial y departamental impugnadas en autos; 3º) Imponer las costas en el orden causado (artículo 51 inc. 1 del CCA); 4º) Vuelvan los autos al acuerdo a efectos de la regulación de honorarios. Regístrese y notifíquese.


ANA MARIA BEZZI

JORGE AUGUSTO SAULQUIN

 

HUGO JORGE ECHARRI


ANTE MÍ
Ana Clara González Moras
Secretaria
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo - San Martín.

A00360382921 - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala B. - Ref. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala B. Causa: 10.772/07. Autos: Silvestri, Hilda Rosa c/Silva, Elvio s/ desalojo por vencimiento de contrato. Cuestión: honorarios profesionales - utilización de métodos de actualización, Protocolo de Regulación elaborado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 28-JUN-2011. -
....................
R. 574.844 Expd. 10.772/07 "Silvestri, Hilda Rosa c/Silva, Elvio s/ desalojo por vencimiento de contrato" Buenos Aires, 28 de junio de 2011. Autos y vistos: A fin de entender en el recurso de apelación interpuesto contra los honorarios regulados, cabe realizar una serie de consideraciones previas en relación de los mínimos contemplados por el art. 8 de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-. La última reforma arancelaria fue sancionada en enero de 1995, esto es, hace más de dieciséis (16) años. Desde aquella época a diciembre de 2010, el salario básico de un juez de primera instancia se incrementó de $ 3.145,52 a $ 13.062,76. Esto representa un aumento del orden del 415,29%. Por su parte, la retribución de los mediadores también se vio incrementada en virtud de las disposiciones especificas del decreto 1465/07, y así se sostuvo que "los montos de los aranceles y de los honorarios que perciben los mediadores han permanecido inalterados y se han tornado insuficientes, lo que justifica que se aumenten ". Y con similares criterios se procedió a la modificación del monto del art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En este sentido, la Corle Suprema de Justicia de la Nación actualizó hasta la ley de convertibilidad en el fallo "Alicia Josefina Lalo c/ Jorge Alberto Kohon", Fallos 323:311, del 7 de marzo de 2000 y la Cámara Nacional en lo Civil en Pleno, en autos "Pérez c/ Cisneros s/ daños y perjuicios", del 3 de septiembre de 2003, que pasó a ser


Causa: 41.695
"D., N. C. y otros s/defraudación a la propiedad intelectual" Sala V/ll

///nos Aires, 19 de agosto de 2011.-

Autos, y vistos, y considerando:

I- ) N. C. D. y M. de los A. M. fueron procesadas, como coautoras, por el delito de defraudación a la propiedad intelectual -art. 71 de la ley 11.723- (puntos dispositivos I y II, auto decisorio de fs. 294/329).

II- ) En prieta síntesis, el suceso prima facie atribuido tuvo su génesis cuando D. era dependiente de "C.........", titular de la empresa "F........", y consiste en haber copiado ilegítimamente su base de datos (relativa a la organización de eventos de intercambio de experiencias y mejores prácticas dirigidos al nivel ejecutivo del ámbito empresarial), que en palabras de la querella constituye su mayor activo y con éstos haber montado junto a M. una empresa competidora de similares características que ofrecía análogos productos, desviando así la clientela en provecho propio.

Cabe mencionar, que las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que hacen a la imputación, están descriptas con precisión en las indagatorias de fs. 265/272 y fs. 273/275 y en el auto decisorio puesto en crisis.

III- ) En el escrito de apelación glosado a fs. 339/342, la defensa arguyó, al tratar la situación de D., que la protección de la ley 11.723 en modo alguno se extendía a casos como el presente, pues ampara la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no a estas nociones en sí, en tanto está permitida la utilidad colectiva que una idea provechosa posee.

Señaló además que dicha información no es susceptible de apropiación porque sería de dominio público y que el registro de la ley 25.326 no constituye propiedad.

Asimismo, criticó el valor que se le asignó a la pericia informática practicada en sede civil, en tanto se habría tratado de una prueba obtenida de modo irregular impugnada en aquella sede.

Al referirse a la situación de M., indicó que su vinculación con "C....." fue puramente formal para que se pudiera constituir la sociedad, y que se partió de un derecho penal de autor ya que se infirió su aporte ante su condición de analista de sistemas y el parentesco que la une con D..

Ahora bien, efectuada la pertinente deliberación en los términos del art. 455 del ordenamiento procesal, concluimos que la decisión apelada debe homologarse.

Ello así, por cuanto disentimos con la apreciación de la defensa en relación a que la base de datos aludida carece de protección al amparo de la citada norma, pues como correctamente lo mencionó el juez a quo, fue incluida por la ley 25.036.

Al respecto, entendemos que no se trata de una simple recolección de datos, pues se aprecia que están seleccionados y clasificados acorde a las necesidades de la empresa, y orientados a un método específico de trabajo en vistas a elaborar y promocionar los productos que se ofertan. Es decir, componen un método de realización basado en su experiencia comercial, y por lo tanto mal podría concluirse que son datos de neto dominio público.

Tampoco compartimos las críticas vinculadas con la pericia informática practicada en sede civil, ya que ningún elemento existe que de sustento a las sospechas de parcialidad que dejó traslucir en su articulación. Ello, sin perjuicio de considerar, además, que las conclusiones del magistrado instructor lucen razonables y acorde a los extremos comprobados en la causa, y que la nulidad deducida contra aquella experticia fue in limine rechazada en aquél fuero.

En relación a la situación procesal de M., también consideramos que el plexo probatorio reunido es suficiente para, con el grado de probabilidad exigido en este estadio procesal, disponer su procesamiento.

En efecto, la alegada situación de "prestanombre" en vista a la conformación de la sociedad no logra convencernos. Es que más allá de que se trataría de un supuesto de fraude a ley mercantil, de momento no corroborado, lo cierto es que existen indicios que avalan la circunstancia de que desarrolló tareas de trascendencia, como correctamente se explicó en la resolución recurrida, y que descartan su mera participación formal en el acto constitutivo.

Recuérdese, como se mencionó, que en los correos electrónicos enviados promocionando los productos aparecía como responsable de administración y atención al público.

La indefinición de su parte en este punto, ya que al ser indagada adujo que ocasionalmente colaboró en cuestiones administrativas mientras que al recurrir afirmó que no tenía otra forma de identificarse que como empleada porque ello era lo que se ajustaba a la realidad, resta credibilidad a su descargo en cuanto a su accidental presencia en la empresa.

En función de los expuesto y demás argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, los que a los fines de evitar innecesarios reiteraciones corresponde dar por reproducidos en la oportunidad, se resuelve:

Confirmar los puntos dispositivos I y II del auto decisorio de fs. 294/329 en cuanto fueron materia de recurso.

Devuélvanse las actuaciones a su procedencia y sirva la presente de atenta nota. La jueza María Laura Garrigós de Rébori no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia.

Rodolfo Pociello Argerich
Mirta L. López González

Ante mi:
Andrea Fabiana Raña
Secretaria C.S.J.N.

 


Nota de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca.

El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en autos "D. N. C. y otros s/defraudación a la propiedad intelectual" (causa 41.695) rta.19/8/2011, donde la Sala confirma el procesamiento en orden al delito de defraudación a la propiedad intelectual (art. 71 de la ley 11723) respecto de la imputada que copió ilegítimamente la base de datos de la empresa en la cual se desempeñaba, relativa a la organización de eventos empresariales, desviando así la clientela en provecho propio, hacia una empresa que formó con otra persona y que ofrecía en el mercado análogos productos.

Destaca la Sala que disiente con la defensa en relación a que la base de datos aludida carece de protección, pues como correctamente lo mencionó el magistrado de la instancia de origen, fue incluida por la ley 25.036. Así, no se trata de una simple recolección de datos ya que se aprecia que están seleccionados y clasificados acorde a las necesidades de la empresa y orientados a un método específico de trabajo en vistas a elaborar y promocionar los productos que se ofertan. Ello permite colegir que componen un método de realización basado en la experiencia comercial.

Asimismo precisan que la pericia informática llevada a cabo en sede civil es válida toda vez que ningún elemento existe que de sustento a las sospechas de parcialidad.

Por último, con relación a la otra persona imputada en la maniobra, también se consideraron reunidos los extremos para dictar su procesamiento, toda vez que existen indicios que avalan la circunstancia de que desarrolló tareas de trascendencia y que descartan su mera participación formal en el acto constitutivo de la sociedad. Agregaron que en los correos electrónicos enviados promocionando los productos aparecía como responsable de administración y atención al público, que al ser indagada adujo que ocasionalmente colaboró en cuestiones administrativas y, al recurrir el procesamiento, afirmó que no tenía otra forma de identificarse que como empleada porque así era en realidad, circunstancias que restan credibilidad a su descargo en cuanto a su accidental presencia en la empresa.-

Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca.

“A. A. A. y otro c/ Endemol Argentina S.A. s/ accidente-acción civil” – CNTRAB – 16/05/2011
ENFERMEDAD INCULPABLE. Afección psicológica y afección cardíaca. Estrés laboral. AUSENCIA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ADECUADA ENTRE LOS FACTORES LABORALES Y EL EPISODIO CARDÍACO. Proceso patológico provocado por un rasgo de la personalidad del trabajador. Alteración de las emociones. Acción de daños y perjuicios. Rechazo

“Descartado el nexo causal entre el episodio de la “angina de pecho” con las condiciones generadas por el ámbito laboral, sólo cabe ponderar éstas como posible factor de riesgo de la causa del estrés, presentado por el apelante ambiguamente como accidente y como enfermedad. Sobre esto, cabe recordar que el estrés no es, en sí mismo, una enfermedad. Se trata de un síndrome general de adaptación que es manifestado por el organismo cuando responde a ciertas variaciones del entorno. En la medida que la vida misma es un proceso de adaptación permanente, con el objeto de mantener un equilibrio dinámico dentro de un marco que permita la continuidad funcional del sistema viviente, el estrés se halla en cualquiera de los actos que componen la vida y sólo se detiene con la muerte. Desde luego, la necesidad de adaptarse a cambios drásticos o de superar dificultades graves provoca una mayor tensión capaz de desencadenar o agravar diversas patologías. De la conclusión de la pericia psicológica surge que el coactor sufre de “distimia crónica”, esto es una alteración del estado de ánimo, una depresión leve de carácter crónico, que se inicia durante el desarrollo de la personalidad, en la niñez tardía o adolescencia y cuya evolución es prolongada, puede durar toda la vida.”

“No fueron sus tareas laborales las que le provocaron el proceso patológico detectado en la pericia psicológica, sino que es la presencia de un rasgo de su personalidad llamado trastorno distímico la causa frecuente de sus malestares a nivel personal, familiar o laboral. Dada esta estructura, cualquier evento de la cotidianidad es considerado por aquél como una agresión de su entorno que le provoca “alteraciones de las emociones”. En conclusión, la pretensión del actor no es susceptible de encuadrar en un subsistema de responsabilidad civil, por no haberse establecido la relación causal entre un factor laboral y el daño (artículos 499, 901/906, 1109 y 1113 del Código Civil), lo que conduce a sellar definitivamente la suerte adversa del recurso.”

 

703 documentos para Honorarios provisorios
• 
o Sentencia de Sala III, 29 de Septiembre de 1992 (caso Inc. De Regulacion de Honorarios Anticipados en Autos Baiter S.a. C/ e.N. (M.O.S.P.) S/ Nulidad de Resol. Y Daños y Perjuicios)
HONORARIOS. PROVISORIOS. Procedencia. Sólo en supustos de excepción, cuando concurren especialísimas circunstancias, procede la regulacón provisoria de honorarios. Mo., Mu. y A. INC. DE REGULACION DE HONORARIOS ANTICIPADOS EN AUTOS BAITER S.A. c/ E.N. (M.O.S.P.) s/ NULIDAD DE RESOL. Y DAÑOS Y PERJUICIOS 29/09/92 NAC.CONT.ADM.FED., SALA III -------------------------------------------------------------- HONORARIOS. PERITOS. Ingenieros. Regulación provisoria. Pautas. Si bien el arancel de los peritos ingenieros no contiene una previsión expresa respecto a la regulación provisoria, esta resulta posible por aplicación analógica de los principios contenidos en las normas sobre aranceles de abogados, del interventos judicial y de los peritos contadores (E.D. ...
• 
o Sentencia de Sala I, 7 de Octubre de 1999 (caso Papel Prensa S.a. -Incidente Hon.Dres. Pose y Massa- C/e.N. -Mº de Economía- y Otros S/Contrato Administrativo Causa: 24.784/99)
HONORARIOS. PROVISORIOS. Regulación. Principio general. Excepciones. Si bien es cierto que los honorarios profesionales se deben regular en la sentencia definitiva -o, en su caso, resolución que pone fin al pleito- no lo es menos que en supuestos excepcionales no resulta descartable una regulación anticipada y provisoria de emolumentos. Situación admisible no sólo en aquellas hipótesis previstas legalmente sino también cuando en función de las circunstancias concretas que muestra el litigio el dictado de las resoluciones que determinan la pertinencia de la regulación es demorada por factores totalmente ajenos a la actuación profesional (esta Sala "Sideco Americana SACIF c/ Comisión Nac. de Energía Atómica s/ contrato de obra pública", del 15/4/94). Buján, Coviello Papel Prensa S.A...
• 
o Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 5 de Abril de 2000 (caso Ponzamesi, Oscar Alfredo c/ Novobra S.A. y otra s/ Enfermedad accidente)
Laboral - REX-Sentencia recurrible - Honorarios de abogados - La resolución del Tribunal del Trabajo que regula honorarios mínimos y provisorios no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. CPCB Art. 278
• 
o Sentencia de Sala III, 15 de Junio de 2004 (caso Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal nº 173.182/02 del 15 de Junio de 2004.)
HONORARIOS. PROVISORIOS. En la regulación de honorarios provisorios el juez no se encuentra acotado por pautas rígidas, debiendo hacerlo en forma prudencial y según las modalidades de cada pleito (esta Sala "Incidente de regulación de honorarios anticipados en autos Baiter S.A.", del 29/9/92 y "Ford Motor Argentina S.A.", del 4/11/97). Argento, Grecco. .182/02 "Vainer Marta Carlota c/ PEN LEY 25.561 Dtos 1570/01 214/02 (RIO) s/ Proceso de Conocimiento-Ley 25.561". 15/06/04 NAC.CONT.ADM.FED. Sala III.
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o Auto nº 27028 de 2ª Cámara En Lo Civil, 25 de Septiembre de 2000
Materia: Procesal Civil Tipo de Resolución: Auto Voces: Alimentos Provisorios - Honorarios-base Regulatoria Texto: Las normas legales aplicables a la medida precautoria de alimentos provisorios son los arts. 9 inc. a) y f), 3 y 31 de la ley 3641, en tanto corresponde calcular los honorarios profesionales sobre la base de lo reclamado por alimentos durante dos años y aplicarle el tercio de la escala. Al resultado así obtenido corresponde disminuirlo en un treinta por ciento en base a lo dispuesto por el art. 3 de la mencionada ley arancelaria. Referencias Normativas: Norma: Código Procesal Civil art.: 0036 Expediente: 27028 - Urrutia, Mercedes Del Carmen Miere, Orlando Alimentos Provisorios Fecha: 25-09-2000 Magistrados: Varela De Roura-caso-marzari Cespedes Tribunal: Segunda Cámara En...
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o Sentencia de Sala IV, 28 de Febrero de 2002 (caso Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal nº 21.496/98 del 28 de Febrero de 2002.)
HONORARIOS. PROVISORIOS. Peritos. Si bien los honorarios de los peritos deben estimarse, en principio, al momento de ser dictada la sentencia, se ha admitido, con carácter excepcional, la regulación provisoria -sujeta a ulterior modificación una vez que se dicte el pronunciamiento definitivo o en el momento en que se ponga fin al proceso de otro modo- si ha transcurrido un extenso lapso desde que se realizó el trabajo (cfr. esta Sala in re "Incidente en autos: Sideco Americana c/Dir. Nac. de Vialidad s/contrato de obra pública", del 20/4/95) o cuando ha existido una demora excesiva en el trámite judicial debido a la exclusiva voluntad de las partes -v.gr. cuando los trámites procesales se encuentren suspendidos- (cfr. Sala III, "Baiter S.A. c/E.N. -M.O.S.P.- s/nulidad de resol. y da...
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o Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 11 de Febrero de 1999 (caso Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal nº 16.684/96. del 11 de Febrero de 1999.)
HONORARIOS. REGULADOS CON CARACTER DEFINITIVO. FIRMEZA. DOCTRINA PLENARIA POSTERIOR. INAPLICABILIDAD. FICHA N° 6258. LOS HONORARIOS REGULADOS POR ESTA SALA EN LA SENTENCIA NO SON PROVISORIOS -COMO INTERPRETA LA APELANTE- SINO QUE SON DEFINITIVOS Y ESTAN FIRMES, COMO ACERTADAMENTE SOSTIENE EL A QUO. ADEMAS, FUERON FIJADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PLENARIO "LA TERRITORIAL DE SEGS C/ STAF", DEL 11.9.97. EN ESE SENTIDO, AUN ADMITIENDO EL EFECTO VINCULANTE DEL FALLO PLENARIO Y SU APLICACION INMEDIATA A LOS JUICIOS YA INICIADOS Y QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y NO TERMINADOS POR SENTENCIA FIRME, LA NUEVA JURISPRUDENCIA PLENARIA ES INAPLICABLE A LOS HECHOS ANTERIORES CUANDO DESTR UYA O CAMBIE DERECHOS ADQUIRIDOS, PORQUE NO TIENE EFECTO RETROACTIVO, SINO QUE ES OBLIGATOR...
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o Sentencia de Sala II, 26 de Diciembre de 1995 (caso Sideco Americana S.a.C.i.i.F. C/ D.N.V. S/ Contrato de Obra Pública Causa: 45.573/94)
HONORARIOS. Provisorios. Ley 21.839. En principio, la obligación de regular honorarios nace con la sentencia definitiva (art. 47 ley 21.839 t.o. 1995), salvo la concurrencia de especialísimas circunstancias que tornen viable la regulación provisoria, como lo configura la existencia de una demora excesiva en el trámite, debida a la exclusiva voluntad de las partes. Damarco, Conte Grand Sideco Americana S.A.C.I.I.F. c/ D.N.V. s/ contrato de obra pública Causa: 45.573/94 26/12/95 NAC.CONT.ADM.FED., SALA II LEY 21.839 -------------------------------------------------------------- PROCEDIMIENTO JUDICIAL. Caducidad. Actividad procesal que depende del oficial primero. Improcedencia. Art. 310, inc. 3 del C.P.C.C.N. De conformidad con lo dispuesto en el art. 3...
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o Sentencia de Sala III, 17 de Mayo de 1994 (caso Figueroa, Eduardo a. C/ e.N. S/ Juicio de Conoc.)
PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CADUCIDAD DE INSTANCIA. Apelación. Falta de elevación de las actuaciones a la segunda instancia. Improcedencia. Art. 251 del C.P.C.C.N. Resulta improcedente la caducidad de la instancia cuando el juez concede el recurso de apelación y dispone la elevación de los autos, restando sólo la remisión de las actuaciones a la alzada (confr. art. 251 del C.P.C.C.N. y esta Sala in re "Didefón", del 23-11-93 y sus citas). Mo., Mu. y A. FIGUEROA, Eduardo A. c/ E.N. s/ JUICIO DE CONOC. 17/05/94 NAC.CONT.ADM.FED., SALA III P.C.C.N., ART. 251 -------------------------------------------------------------- HONORARIOS. PROVISORIOS. Pautas de regulación. Tratándose de una regulación de honorarios provisorios, el juez no se encuentra acotado por...
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o Sentencia de Sala I, 8 de Junio de 1999 (caso Compañía Azucarera Concepción S.a. -Inc. Hon.Dr. Jacobo C/ e.N. -Dir.Nac. De Azucar- S/ Expropiación -Servidumbre Administrativa Causa: 13.325/99)
HONORARIOS. PROVISORIOS. Abogado que cesa en su actuación. Derecho aplicable. Tratándose de la regulación provisoria de honorarios profesionales correspondientes al letrado que cesa en su actuación profesional durante la sustanciación del pleito (y que nadie discute) deviene aplicable en cuanto al monto lo dispuesto por el art. 20 de la ley del Arancel de Abogados y Procuradores a la luz de las pautas establecidas en el art. 6º de la norma citada (cfr. esta Sala, "Servicios Industriales S.A. -Alfredo Raúl Elías- c/ Y.P.F. y/o quien resulte responsable s/ contrato de obra pública", del 12/8/97). Buján, Licht, Coviello Compañía Azucarera Concepción S.A. -Inc. Hon.Dr. Jacobo c/ E.N. -Dir.Nac. de Azucar- s/ expropiación -servidumbre administrativa Causa: 13.325/99 8/06/99 NAC.CONT...


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Inquilinos Deberán Retener Ganancias de Propietarios No Inscriptos en el Registro de Operaciones Inmobiliarias
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó que hasta el 30 de junio, los propietarios deberán inscribir en un registro de alquileres los contratos de locación de inmuebles urbanos por los que perciban, ya sea de manera individual o en conjunto, la suma de 8 mil pesos mensuales.

A su vez, también deberá procederse a la inscripción cuándo se trate de inmuebles rurales, en aquellos casos en que el arrendatario posee campos en alquiler que superen las 30 hectáreas.

Los locatarios tendrán la obligación de controlar el cumplimiento por parte del propietario del inmueble del presente régimen de información.

En caso de que el propietario no hubiese informado el contrato de alquiler en el Registro de Operaciones Inmobiliarias (ROI), el inquilino o arrendatario tendrá la obligación de retener la alícuota máxima prevista para el Impuesto a las Ganancias, sin considerar el mínimo exento sujeto a retención.

Cabe destacar que la AFIP podrá aplicar sanciones a los propietarios que no informen los contratos de alquiler, mientras que en el caso de que sean monotributistas no se efectuarán retenciones.

Por su parte, los inquilinos quedarán sujetos a las sanciones previstas para la obligación de retener impuestos de la Ley de Procedimientos.


El CPACF promueve acción de inconstitucionalidad del art. 61 in fine de la ley 21.839
El Consejo Directivo resolvió por unanimidad convocar a todos los matriculados a sumarse a la acción declarativa de inconstitucionalidad para proteger y resguardar la retribución de la labor profesional

El CPACF se encuentra litigando ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal (VER ESCRITO) con el objeto de obtener una acción declarativa de inconstitucionalidad respecto del art. 61 in fine de la ley 21.839 (B.O. 20/07/1978) de Aranceles y Honorarios de Abogados y Procuradores, modificado por el art. 12 inc. q) de la ley 24.432 (B.O. 10/01/1995), en resguardo de los intereses profesionales de sus matriculados, considerando que:

La tasa fijada oportunamente por el art. 61 in fine de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432 en su título IV de “Disposiciones transitorias y complementarias”, hoy carece de validez siendo inconstitucional su aplicación, no sólo por el paso del tiempo y el cambio de las circunstancias económicas-financieras que se dieron en la época de su sanción (año1995), lo cual la deja sin sustento fáctico, convirtiéndola en arbitraria, sino por la clara afectación a garantías constitucionales.

La tasa pasiva fijada por la ley no cumple con la función resarcitoria que tienen los intereses moratorios, que consiste en reparar el retardo injustificado, sumado a que tampoco mantiene el capital de los honorarios pactados o regulados.

En este contexto, el artículo 61 in fine de la Ley 21.839 se vuelve insostenible, porque variaron sustancialmente, en forma diametralmente opuesta a su finalidad original, las situaciones y consideraciones de hecho y derecho tenidas en cuenta al momento de su sanción. La tasa pasiva establecida por la norma ha quedado desvirtuada por la prohibición de la actualización y la correspondiente depreciación monetaria, generando una tasa mínima que desvirtúa por completo la naturaleza retributiva y alimentaria de los honorarios profesionales.

El CPACF pregona la aplicación de la tasa activa de interés de acuerdo a la actualidad económica y jurídica, que permita preservar la incolumidad de los honorarios a favor de los abogados.

Los honorarios de los profesionales abogados no sólo son irrisorios sino que se los discrimina sin más, al aplicar intereses computados sobre tasas distintas según sea la parte o el letrado pese a tratarse de sumas de dinero, con el agravante de que éstas sumas tienen naturaleza alimentaria.

Continuar aplicando la tasa pasiva incondicionalmente sin bucear en la realidad y actualidad, no sólo económica y financiera, sino de la labor diaria del abogado es destruir una profesión, que por cierto, tiene estatus constitucional y forma parte ineludible del sistema judicial y de la defensa de las garantías constitucionales de la República.

Por último, las normas que se impugnan comportan una inexcusable violación del orden jurídico constitucional, vulnerando lo dispuesto por los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 33 de la Constitución Nacional, procurándose con esta acción la declaración de inconstitucionalidad.

En síntesis, lo que esta Institución busca resguardar y defender son los derechos de los abogados a una retribución digna acorde con su profesión y a tal fin se requiere la aplicación de la tasa activa para aquellos honorarios, ya sean regulados o pactados, que no han sido pagados en tiempo y forma por sus deudores.

Sin perjuicio de ello, el Juzgado ha rechazado la presentación hecha por el CPACF en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional toda vez que las cuestiones patrimoniales pertenecen a cada letrado y no al conjunto de la matrícula. Consideramos desacertada tal interpretación toda vez que somos todos los abogados quienes sufrimos la aplicación de esta normativa y no existe ningún caso en el cual los jueces se aparten de lo preceptuado en la norma arancelaria.

El CPACF ha apelado dicha resolución y ha considerado necesario convocar a todos los abogados a adherir a la demanda como co-actores a los efectos de ampliar sus alcances y hacer ver que la problemática es global.

Quienes deseen sumarse a la acción de inconstitucionalidad deberán firmar el escrito de adhesión y presentarlo por DUPLICADO en la Mesa de Informes, Corrientes 1441 PB, de 7,30 a 18 horas. Pasados 15 días podrán retirar la copia con el correspondiente sello de recepción del juzgado interviniente.

Expte. Nº22944/10 'CPACF c/ EN- Ley 21839 y 24432- s/ Proceso de conocimiento'
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativa Federal Nº8 Secretaria 15.


RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL - REMOLQUE. Servicio de asistencia al viajero - Vínculo asociativo. DAÑOS - Rotura de la caja de cambios como consecuencia del modo en que fue remolcado el automóvil. Incumplimiento de obligación de resultado, consistente en efectuar el remolque en condiciones de indemnidad para el vehículo del socio. RESPONSABILIDAD DEL ACA -Automóvil Club Argentino-. ASEGURADORA. Extensión de la responsabilidad. Rechazo. Exclusión de la cobertura por la naturaleza contractual de la obligación.  
 "Tojo Rubén Héctor c/ Automóvil Club Argentino s/ daños y perjuicios" - CNCIV - Noviembre/2006
 "Obsérvese que en la documental acompañada con la demanda se agregó una copia del informe del accidente, en el que el empleado de la demandada dijo que por error, levantó el automóvil de la parte delantera lo que ocasionó la rotura de la caja de cambios. También señalo que su propietario que se había quedado sin combustible en la ruta no le indicó el modo correcto de remolcar su vehículo. El señor Juez en la audiencia preliminar, concordantemente con los términos de la litis, fijó como único objeto de prueba: las consecuencias patrimoniales del hecho para el actor y el lucro cesante que experimentó."

"En oportunidad de contestar la citación en garantía, La Caja de Seguros S. A. sostuvo que la cobertura pactada con el club demandado solamente cubría reclamos por responsabilidad civil extracontractual del ACA y para demostrarlo adjuntó la póliza. No obstante, contestó la demanda y realizó una pormenorizada negativa de todos los hechos expuestos en la demanda y en el punto 5, se adhirió a la contestación de demanda del Automóvil Club."

"No encuentro obstáculo para adecuar correctamente el caso dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, porque el juez tiene la atribución y el deber de fallar de acuerdo con los hechos traídos a su conocimiento, sin estar obligado a resolver según el encuadre jurídico o definición técnica aportada por las partes. De allí que la determinación del motivo de atribución de responsabilidad, importa un problema de encasillamiento jurídico al que resulta aplicable el principio "iura curia novit"."

"Se trata pues, del incumplimiento de obligaciones emanadas del vínculo asociativo que genera la calidad de socio del Automóvil Club Argentino y que en el particular caso de autos se refieren a la asistencia al viajero en ruta cuando el automóvil que lo transporta sufre averías, accidentes e incluso, si se queda sin combustible. Para ello existen servicios de remolque que son prestados por equipos del Club o concesionarios y si este servicio no cumple con los requisitos propios de diligencia y prudencia debe responder por los daños ocasionados (arts. 512, 520. del Cód. Civil). Se trató del incumplimiento de una obligación de resultado, efectuar el remolque en condiciones de indemnidad para el vehículo del socio."

"Por lo tanto, debe hacerse lugar al recurso de la Caja de Ahorro S.A. y en consecuencia, revocar la sentencia también en este aspecto toda vez que no corresponde hacer extensiva la condena a aquélla, pues el seguro de responsabilidad civil únicamente abarca los daños de naturaleza extracontractual (conf. fs.83,cláusula 1, fs. 85 cláusula "l"). En atención a lo resuelto en este aspecto corresponde adecuar las costas debiendo imponérselas a la demandada Automóvil Club Argentino (art. 279 y 68 del Cód Procesal)." 

CONTRATO DE TRABAJO. Contratación y subcontratación. Art. 30 Ley 20744. Solidaridad. Transporte de mercaderías. Extensión de la responsabilidad al supermercado. Procedencia. Indemnizaciones. Duplicación indemnizatoria (art. 16 Ley 25561). Duplicación de todas las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, no sólo las previstas en la Ley 20744  
 SD. 39821 CAUSA 1.415/04 - "Jordan, Ariel Teofilo c/Transportes Edar SA y otro s/ despido" - CNTRAB - 27/12/2006 
 "Desde la perspectiva que emana del Art. 30 de la LCT no media en el caso motivo válido como para eximir de la condena solidaria a la recurrente, en tanto es un hecho notorio que la misma se dedica a la actividad supermercadista, siendo una de sus actividades la venta de mercaderías a sus clientes y eventuales consumidores, con lo cual, tal como lo puntualizar la "a-quo", el transporte y distribución de las mercaderías desde el depósito del supermercado a sus diferentes sucursales, responde a una necesidad de la empresa principal de centralizar la recepción de mercaderías de los distintos productores. Como la actividad normal y específica es la habitual y permanente del establecimiento, o sea la relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, el transporte realizado en dichas circunstancias es indispensable para la comercialización de los productos que vende el supermercado codemandado, por lo que propicio confirmar la condena solidaria (en similar sentido, CNAT Sala I in re "Masi, Esteban C/ Día Argentina s.A. y otro", S.D. nro.: 81239 (3/12/03), "Sanchez, César C/ Borelli, Jorge y otro", Sala III S.D: nro.: 87239 del 30/11/05 y esta sala in re "Saad ...C/ Transportes Edar S.A. y otros...", S.D. nro.: 37.666 del 23/06/04)."

"Este Tribunal tiene decidido que por aplicación del art. 1º de la Ley 25.561 y el decreto 264/02 deberán duplicarse no sólo las indemnizaciones previstas en la LCT (por despido y omisión de preaviso), sino TODAS (lo destaco) las derivadas de la extinción del contrato de trabajo en razón de la normativa laboral vigente (vgr. Además de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, deben incluírse las propias de la Ley de Empleo 24.013 y de las Leyes 25.323 y 25.345) tal como he expresado brevemente mi opinión en la publicación titulada "Se ha cuadruplicado la indemnización por despido" (v. Revista Sociedad Argentina de Derecho Laboral, año III, nro.: 13 de marzo/abril 2002, ver esta Sala SD 36.628 del 25/4/03 "Machín, Rubén C/ Crocco Hnos. soc. de hecho y otro S/ Despido")." 

MARCAS - NOMBRES DE DOMINIO. Cese en el uso de nombre de dominio. Procedencia. Afectación de derechos marcarios por la inscripción de una marca ajena como nombre de dominio. Acto ilícito. Inducción a engaño (Art. 10 Convenio de París y Art. 953 del Código Civil). Revisión del acto administrativo que autorizó el registro en NIC-Argentina  
 "Editorial Atlántida S.A. c/ Carzoglio, Patricia y otros s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - 12/12/2006 
 "Demostrado el interés legítimo del actor de acuerdo con los derechos emergentes del régimen de marcas, cuya constitucionalidad no ha sido controvertida por la demandada, sus principios resultan plenamente aplicables a los registros NIC-Argentina en internet, habida cuenta de que hasta allí cabe extender el uso de la marca."

"Ha quedado demostrada la afectación de los derechos marcarios de la actora por la inscripción de su marca como nombre de dominio por la demandada, lo cual: 1) es un acto ilícito en los términos del art. 31 de la ley de marcas; 2) induce a engaño de conformidad con lo que se encuentra vedado en el art. 10 del Convenio de París y el art. 953 del Código Civil y, 3) de no mediar la intervención judicial, por aplicación de las reglas del registro, la parte actora habría quedado excluida de su uso como nombre de dominio en internet, y ello por quien no acreditó otra prerrogativa para hacerlo que la prioridad en la inscripción."

"Si bien el registro fue inicialmente legítimo, tampoco lo es menos que, atento su precariedad, debe ceder frente a la comprobada afectación de derechos de terceros (esta Sala Causa 6150 [Fallo en extenso elDial - AA3993], del 7/9/2000 y 6600 [Fallo en extenso elDial - AA219B] del 30/11/2000), lo cual, además, torna inconsistente la declaración del titular en el sentido contrario (Regla No. 12 de las aprobadas para la Registración de los Nombres de Dominio mediante la Resolución 2226/00 del M.R.E.C.I. y C.), puesto que su interés legítimo no va más allá que la inscripción. Todo ello trasunta la posibilidad de revisión del acto administrativo que la autorizó (esta Sala Causa 4579 [Fallo en extenso elDial - AA357F] del 9/5/2006)."

"De la doctrina judicial emergente de los precedentes mencionados (causas 6150 [Fallo en extenso elDial - AA3993] y 4579 [Fallo en extenso elDial - AA357F]) se desprende la ilegitimidad y antijuridicidad de esa pretensión, toda vez que la demandada destinó la página de marras a ofrecer servicios de igual naturaleza que los que involucran las marcas registradas por la actora, comprobándose, además, que tiene registrado numerosos nombres de dominio en internet con varias marcas y designaciones notorias, dentro de las que están incluidas las de la actora." 

  Número Especial
  
Marcas y Nombres de Dominio en Internet
 
El avance de las nuevas tecnologías genera múltiples conflictos que tocan distintas ramas del derecho. Así, el desarrollo de internet ha logrado generar puntos de colisión con el derecho marcario, cuestión que veremos reflejada en numerosos casos jurisprudenciales.
Las Reglas para la Registración de nombres de dominio en Internet en Argentina, sus principios básicos y enunciados generales se encuentran contemplados en la Resolución 2226/2000 siendo establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y utilizadas por el servicio NIC Argentina quien se encarga de efectuar el requerimiento solicitado por la entidad registrante, actuando en su carácter de administrador del Dominio Argentina de Internet.
Si bien el registro de un determinado nombre de dominio se otorga a la persona física o jurídica que primero lo solicite ante Nic-Argentina ello no implica para dicho administrador su responsabilidad respecto de la legalidad de ese registro por lo que no le corresponde evaluar si el registro puede violar derechos de terceros.
Pero ... ¿qué sucede si el titular de una marca se ve imposibilitado de registrarla como nombre de dominio porque el mismo ha sido otorgado a un tercero? ¿qué sucede cuando quien registra una marca ajena lo hace con mala fé? sin un interés legítimo? ¿genera esto una situación de confundibilidad en el público consumidor? ¿cuáles son los casos en los que no se reconoce la prioridad del primero que solicita el registro?
De ello se ha ocupado la doctrina y la jurisprudencia, aquí presentamos a los lectores una investigación especial sobre los tópicos más conflictivos de la materia.
 
Doctrina
            
Algunas aproximaciones a los nombres de dominio de Internet
Por Eduardo Molina Quiroga              
 
  Nombres de dominio: estado actual de las problemáticas legales vinculadas a la comunicación en Internet
Por Federico Pablo Vibes              
 
  Conflictos en Internet con nombres de personas famosas y su resolución bajo el marco de la Política de la ICANN
Por Diego Laurini              
 
  Controversias entre marcas y nombres de dominio ".ar". Una propuesta
Por Roberto A. Bianchi              
 
  Nombres de dominio de Internet: Una cuestión pendiente de regular
Por Raúl Martínez Fazzalari              
 
  Conflictos sobre nombres de dominio. La aplicación de los principios de la OMPI en la Jurisprudencia Argentina. Comentario al fallo Radogowski
Por Gabriel Martínez Medrano   >> Fallo Relacionado
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS: Registro de marca ajena como nombre de dominio. Inaplicabilidad del principio de prioridad registral. Cancelación definitiva del registro. MALA FE en la registración de nombre de dominio: Supuestos en los que se configura. Efectos. Carga de la prueba.-
CAUSA 4411/02 - "Radogowski Andres c/ Catania Martin s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 10/05/2005
             
 
  Medidas Cautelares en relación al conflicto de las marcas contra los nombres de Dominio de Internet
Por Fernando Maresca y José Mariano Maltese              
 
  Jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal
            
>> Sala I
 
INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO. Registro de una marca ajena como nombre de dominio. Registro en NIC ARGENTINA no otorga derecho irrevocable. Prioridad absoluta del primero que solicitó el nombre de dominio. Rechazo
Causa 4579/2000 - "Industrias Solano SA c/ Gallo, Hugo y otro s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 09/05/2006              
 
  INTERNET. NOMBRES DE DOMINIO. Reivindicación de un dominio en Nic Argentina. Medida cautelar. Rechazo. Ausencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Orfandad probatoria. TASA DE JUSTICIA. Monto a oblar
Causa 2918/05 - "Colella Martín Nicolás c/ Lioy Gustavo y otro s/ medidas Cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 28/02/2006              
 
  NOMBRE DE DOMINIO EN INTERNET. MARCAS. Titularidad. Posterior registro del nombre de dominio realizado por el demandado. Nombre de dominio con el que no se accede a ninguna página web. Verosimilitud del derecho. CAUCION REAL. Disminución del monto.
CAUSA 1.353/2.005 - "QUIMICA ERPE S.R.L. c/ LOPRESTI GUILLERMO s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 07/06/2005              
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET - MARCAS. Titularidad. Utilización como nombre de dominio. Superposición de actividades. Impedimento de acceder a la red ejerciendo en plenitud el derecho que nace de su titularidad. Pretensión del titular del registro marcario de que se ordene el cese del uso al mero solicitante posterior de la marca y se revoque la inscripción del nombre de dominio. Reconocimiento de la prioridad absoluta de quien primero lo solicitó. Procedencia
Causa N° 4218/1998-I -"CAFRE S.A. c/ Informática para Profesionales S.R.L s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 13/03/2003              
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS. Página web. Entidad registrante contratada para su diseño. MEDIDAS CAUTELARES. Pretensión del titular de la marca que se ordene la suspensión preventiva del registro de dominio por considerar que la entidad, en su carácter de diseñador de la página, no lo registró a su nombre, según lo solicitado, sino al suyo propio. Falta de prueba. Rechazo. Ausencia de Verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
Causa 6865/2002 - "C Y T COMUNICACIONES Y TELEMÁTICA S.R.L. c/ INTERNET PROYECTS SA s/ medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 08/10/2002              
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. No rige el principio de especialidad. Interés legítimo. Suspensión provisional de un nombre de dominio que no está en uso. Se autoriza al actor a utilizar -con carácter cautelar- el registro. Verosimilitud del derecho. CAUCION.
Expte 2.752/2002 - "Consitex SA c/ Heinar SA s/Medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 04/06/2002              
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. Suspensión provisoria de los nombres de dominio "ralstonpurina.com.ar", "dogchow.com.ar" y "catchow.com.ar". Autorización cautelar y provisoria a la titular de los registros marcarios y denominación social para utilizar en igual forma esos registros impidiéndose su transferencia. CAUCION REAL. Finalidad. Disminución del monto.
C. 8222/00 - "Ralston Purina Company c. Madera Matías s. varios propiedad industrial e intelectual" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 15/02/2001              
 
  INTERNET. Nombres de dominio. Marcas
C. 6600/00 - "Bacardi & Company Limited s. medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 30/11/2000              
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. MARCAS. Titularidad. Registrante: Pretensión de registrar un nombre de dominio idéntico a una marca y a un dominio ya registrado. Medida cautelar. Obligaciones del registrante y/o solicitante. Interés legítimo. Verosimilitud del derecho.
C. 6150/00 - "F. Hoffmann La Roche AG c/ SAF SA y otro s/ incidente de medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 07/09/2000              
 
  >> Sala II
 
NOMBRES DE DOMINIO - USO DE DESIGNACIÓN AJENA SIN AUTORIZACIÓN - MARCA DE HECHO - "TARJETA BANELCO" y "BANELCO" vs "TARJETABANELCO.COM.AR" -
Causa 820 - "Banelco S.A. c/ Michael Gustavo Emilio s/ Cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 21/07/2006              
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS: Utilización como nombre de dominio. Interés legítimo. Pretensión del titular de la marca que se ordene la transferencia provisoria del nombre de dominio. Rechazo. Nombre de dominio que no identifica a ninguna página en uso. Suspensión provisoria del registro. Procedencia. Aplicación del ADPIC
C. 15.378/03 - "Industrias Alimenticias Mendocinas SA c/ ALCO y otro s/ medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 10/03/2005              
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO. MARCAS. Titular de una marca. Nombre de dominio que no deriva a ninguna página web. Administrador del Dominio Argentina de Internet (NIC-Argentina). Reglas para la registración de nombres de dominio en Internet. Irresponsabilidad por cualquier conflicto de marcas. Inexistencia de evaluación con respecto a la legalidad del registro solicitado en orden a la eventual afectación de derechos de terceros. Suspensión preventiva del registro. Anotación provisoria a nombre del demandante. Procedencia
CAUSA N° 7185/2000 - "SA Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ INFORMET s/ Cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 15/11/2001              
 
  MARCAS - NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET. Titularidad de nombre comercial. Marcas idénticas. Solicitud de suspensión preventiva e inscripción provisional. Procedencia. Alegación de prescripción adquisitiva del nombre comercial. Improcedencia. No puede ser un extremo valorado por encima de la titularidad de las marcas en cabeza de la actora. Medida cautelar innovativa.
Causa N° 2255/2001 - "Redexpress S.A. c/ Figoli Roberto s/ incidente de apelación" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 29/05/2001              
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO. Pretensión de modificar la inscripción registral. Medidas cautelares. Contracautela. Fijación.
Causa N° 6740/2000 - "Commerzbank AG s/ medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 28/09/2000              
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET: Titularidad. Registro marcario. Ley 24425. MEDIDA CAUTELAR Y MEDIDA ANTICIPATORIA
C 5050/99 - "PUGLIESE FRANCISCO NICOLADS c/ PEREZ CARLOS ENRIQUE s/ MEDIDAS CAUTELARES" - CNCIV Y COMFED - SALA II - 30/12/1999              
 
  >> Sala III
 
INTERNET. MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO. Titularidad de una marca reconocida. Inscripción como nombre de dominio de una marca ajena. Medida cautelar. Pretensión del titular de la marca que se ordene la cancelación definitiva del registro del dominio y se lo inscriba a su nombre. Procedencia. Verosimilitud del derecho. Reglas para el Registro de Nombre de Dominio. Interés legítimo.
C. 6499/06 - "Mastellone Hnos. SA. c. Bustillo Mariana s. incidente de apelación de medida cautelar" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 21/09/2006              
 
  INTERNET. MARCAS. Oposición al registro de marca. Procedencia. Confundibilidad. Servicios distintos. Marca destinada a un medio de comunicación gráfico - marca destinada a brindar servicios de telecomunicaciones. Productos dirigidos a una misma clase de público. Imposibilidad de coexistencia.
Causa N° 7.267/01 - "TELINVER SA c/ EDITORIAL COYUNTURA SA Y OTRO s/ cese de oposición al registro de marca" - CNCIV Y COMFED- SALA III - 19/09/2006              
 
  INTERNET. NOMBRES DE DOMINIO. No rige el principio de especialidad. Interés legítimo. Titularidad de una marca. Reglas para el registro de nombres de dominio. Límites. Arts. 953 y 1071 del Código Civil. Inscripción como nombre de dominio de una marca ajena. MEDIDAS CAUTELARES. Suspensión provisoria del nombre de dominio. Rechazo. Inexistencia de Peligro en la demora
C. 10.431/05- "Tiempo Libre SA c. Alberto Atilio Segurel s. medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 29/06/2006              
 
  INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS: Registro de marca ajena como nombre de dominio. Inaplicabilidad del principio de prioridad registral. Cancelación definitiva del registro. MALA FE en la registración de nombre de dominio: Supuestos en los que se configura. Efectos. Carga de la prueba.-
CAUSA 4411/02 - "Radogowski Andres c/ Catania Martin s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 10/05/2005              
 
  INTERNET: MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO. Inscripción como nombre de dominio de una marca ajena. Registrante: Comercialización de los mismos productos que el titular de la marca. Mala fe. Presunción. Pretensión del titular de que se ordene al registrante abstenerse de utilizar la marca y denominación comercial como nombre de dominio: Procedencia
Causa 4902/00 - "PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG c/ Fasano Fernando s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA III - Noviembre/2005              
 
  NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET - MARCAS. Utilización de un registro cambiario por parte de quien no es titular. Uso exclusivo de la marca al titular conferido por el art. 4 de la ley 22.362. Extensión a su uso en internet. ADPIC: Aplicación. Verosimilitud del derecho. Cancelación preventiva. Anotación provisoria a favor del titular de la marca
CAUSA N° 1.480/01 - "MONSANTO COMPANY c/ PELL DOMINET Y OTRO s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 05/04/2001              
 
  >> Sala de Feria
 
INTERNET - MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO. Registros "AUTOFOCO" Y "AUTOFOTO.COM.AR". Comunidad de elementos que podrían eventualmente provocar confusiones en el público consumidor. Suspensión provisoria de "AUTOFOTO.COM.AR" hasta el dictado de la sentencia definitiva.
CAUSA N° 9.397/2000 - "TRADER COM ARGENTINA SC C/ WORLDSYS SA s/ medidas cautelares" - CNCIV Y COMFED - SALA DE FERIA - 18/01/2001              
 
  Jurisprudencia de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal
            
>> Juzgado Civil y Comercial Federal
 
INTERNET - NOMBRES DE DOMINIO - MARCAS. Titularidad. Uso marcario. Legítimo interés. Uso indebido de marca ajena. Imposibilidad absoluta de registrar su propia marca como nombre de dominio. MEDIDA CAUTELAR. Suspensión preventiva del nombre de dominio "freddo.com.ar" registrado por el demandado. Titular marcario: Autorización para utilizar la designación "Freddo" como nombre de dominio. Verosimilitud del derecho. Reglas para el Registro de Nombres de Dominio en Internet.
"Heladerías Freddo S.A. c/ Spot Network s/ Apropiación Indebida de nombre "Freddo" para internet" - JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 7 SECRETARIA N° 13 (Sentencia firme) - 26/11/1997              
 
  Jurisprudencia de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal
            
>> Sala I
 
MARCAS. USO DE MARCA AJENA. Pagina web. Creación. Registración del nombre del dominio para que se incorpore a la red Internet. Dominio registrado con el nombre de una empresa conocida. REVOCACION DE LA RESOLUCION QUE DECRETO EL PROCESAMIENTO. FALTA DE MERITO.-
C. 37110 - "ALONSO, Rodrigo J. s/procesamiento" - 21/03/2005 - CNCRIM Y CORREC FED - Sala I - 21/03/2005              
 
  PROPIEDAD INTELECTUAL. MARCAS. Registración de sitio web (www.pag0miscuentas.com.ar). Infracción a las leyes 22.362 y 11.723. Resolución 2226/2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: norma que establece los motivos y circunstancias por los cuales pueden denegarse las solicitudes y EN NINGUNA REGLA SE OBSTACULIZA LA UTILIZACION DE UN NOMBRE QUE RESULTE "SIMILAR"A UNO YA INSCRIPTO. Equiparación entre "dominio" y "marca": no trasladable al ámbito penal. Principio de legalidad. FALTA DE MERITO
C. 37.327 - "ALBERTOCCHI, Dario s/procesamiento" - CNCRIM Y CORREC FED - Sala I - 06/12/2005              
 
  Normativa
            
L. 11723 - Propiedad intelectual
Sanción: 14/IX/926
Promulgación: 22/IX/926
Publicación: B.O. 23/IX/926
(Con las reformas de los decretos-leyes 12063/57 y 1224/58 y las leyes 20098, 23479, 23741, 24249 y 24286)              
 
  L. 22362 - Marcas
Sanción: 26/XII/80
Publicación: B. O.: 02/01/1981              
 
  L. 24425 - ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO.
Sancionada: Diciembre 7 de 1994
Promulgada: Diciembre 23 de 1994
(Art. 50)              
 
  Resolución 2226/2000 - REGISTRACION DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Apruébanse las Reglas para la Registración de Nombres de Dominio Internet en la República Argentina, a ser utilizadas por el servicio del NIC Argentina, que se presta en la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad. Encomiéndase a dicha Dirección la actualización de las reglas mencionadas y la elaboración de una propuesta de mecanismo para la resolución de controversias
Bs. As., 08/08/2000
Publicación en el B.O.:29/08/2000              
 
  Decreto 267/2005 - LEY DE MINISTERIOS Sustitúyese el artículo 18 de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N° 438/92), sus modificatorios y complementarios, a los efectos de actualizar las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Bs. As., 04/04/2005
Publicación en el B.O.: 06/04/2005              
 
  Decreto 554/97 - TELECOMUNICACIONES - Declárase de Interés Nacional el acceso de los habitantes de la República Argentina a la red mundial INTERNET. Autoridad de Aplicación.
Bs. As., 18/06/1997
Publicación en B.O.: 23/06/1997              
 

 
A los autores que generosamente participaron de este número especial con sus trabajos de doctrina
 
Al Dr. Luis Omar Salomón, a cargo de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
 
Al Dr. Horacio Alfonso y Dra. María Balverde del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7 Sec. 13.

 


MIGRACIONES - Suministro de trabajo remunerado a residentes ilegales. Sanciones. Multa. Monto fijo. Art. 48 de la Ley 22439. Violación del principio de igualdad. Inconstitucionalidad. Rechazo
"Dirección Nacional de Migraciones - M° del Interior c/ Valmor S.R.L. (ley 22.439)" - CSJN - 12/12/2006
"La ley 22439, bajo cuya vigencia viene resuelto el sub lite, ha sido derogada por la ley 25871, publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero de 2004, que es la que habrá de regular, en el futuro, lo referido a la admisión, ingreso, egreso y permanencia de extranjeros en la República Argentina. Más, al no haberse dictado aún el decreto reglamentario e interpretando las claras disposiciones del nuevo régimen legal (cfse. Fallos: 314:1018 y 1849; 324:415, entre otros), es menester concluir que el supuesto continúa regido por la ley 22.439 y el decreto n° 1.023/ /94." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"El artículo 48 de la ley 22.439 expresa, en su parte pertinente, que: "Quienes infringieran las disposiciones establecidas en los Artículos 31 y 32, serán sancionados ante la sola comprobación de la infracción, por la Dirección Nacional de Migraciones con las multas que a continuación se detallan: a) Cuando se trate de los responsables mencionados en el artículo 31 las multas ascenderán a la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) por cada infracción verificada. Para el caso de dadores de trabajo doméstico, la multa a aplicar será de doscientos pesos ($ 200) por cada infracción, previo emplazamiento de treinta (30) días...". El artículo 49, a su turno, dispone que: "Las sanciones serán graduadas de acuerdo con la naturaleza de la infracción, la persona, antecedentes y en el caso de reincidencia en las infracciones a la presente ley o de su reglamentación, las mismas serán acumulativas y progresivas". (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"Advierto que el artículo 48 de la ley 22.439 (en su redacción por la ley 24.393), establece multas de monto fijo a los infractores enunciados en el art. 31 del referido cuerpo legal. La norma en cuestión instaura dos sanciones diferenciales, a partir de disponer, también, dos situaciones distintas: la del dador de trabajo doméstico, por un lado, que sanciona con una pena menor; y la del dador de trabajo, cualquiera sea su modalidad, por otro, que reprime con una penalidad mayor. De lo expuesto se desprende que, en tanto se respete cada calificación y la sanción establecida para la misma, no pueden, prima facie, considerarse afectados principios constitucionales como el de igualdad ante la ley; siendo que en el caso dista de haberse acreditado la circunstancia antedicha desde que, sobre la base de los artículos 31 y 48, ítem a), primera parte, de la ley 22.439, en la versión de la n° 24.393 -en modo alguno evidenciados irrazonables, arbitrarios o inicuos- se ha incriminado y sancionado a la administrada por haber suministrado trabajo rentado, en explotaciones agrícolas, a residentes ilegales." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"Al respecto, cabe tener presente también que, si no se ha demostrado la existencia de una inequidad manifiesta, o de un apartamiento írrito del principio de igualdad, el juicio referente a la proporcionalidad de la pena, que se trasunta en la ley con carácter general, es de competencia exclusiva del legislador, sin que competa a los tribunales juzgar del mismo, ni imponer graduaciones o distinciones que la ley no contempla, desde que instituye iguales sanciones a todos los que incurran en la infracción que se incrimina como una suerte de salvaguarda del referido principio." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"Cabe añadir, por último, que V.E. ha reiterado que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal, es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico, sólo estimada viable sí su carencia de razonabilidad es evidente (cfr. doctrina de Fallos: 323:2409 y sus citas, entre otros), extremo que, como ha quedado expuesto, no se patentiza aquí." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)


Número Especial


• Doctrina Resultados Completos (9
 
CADUCIDAD DE INSTANCIA-PODER JUDICAL  
La caducidad de la instancia, el deber de la parte y del funcionario judicial 
Es propósito de estas líneas introducir algunas reflexiones entorno al instituto
procesal de la cadu ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-ABOGADOS  
La Corte Suprema como Casación Nacional, 
I. El pórtico de la anotación común a los dos fallos (Di Benedetto y Gaifer S.R.L.)
del Alto Tribuna ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PROVINCIAS-CONCURSOS  
El nuevo régimen de caducidad de la instancia en la Provincia de Buenos Aires y
su aplicación en los concursos 
I Introducción El procedimiento concursal no sólo vehiculiza derechos
concursales, ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA  
La caducidad de la instancia y un fallo ejemplarizador - Comentario Breve 
Cuando escribimos con PAYá Extinción del proceso civil por voluntad de las
partes -hace algunos años ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-DEMANDA-RECONVENCION  
Otra vez la caducidad - Comentario Breve 
La sala E de la Cámara Nacional en lo Comercial, en los autos del epígrafe revocó
la sentencia d ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PRESCRIPCION-RECURSO EXTRAORDINARIO-
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS-MULTA PROCESAL-COSTAS  
Caducidad de instancia, prescripción y otras cuestiones - Comentario Breve 
1 Las cuestiones resueltas En una clara y bien ordenada sentencia, la sala E de
la ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PRESCRIPCION-CONSTITUCIONES PROVINCIALES-
DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL  
Una reforma inconstitucional al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Buenos Aires. El fin del instituto de la caducidad de la instancia 
I Los nuevos textos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires. La ... 

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LITISCONSORCIO-PROCESOS-ALLANAMIENTO-TRANSACCION-CADUCIDAD DE
INSTANCIA-DERECHO DEL TRABAJO  
Litisconsorcio: Clases y efectos - Nota a Fallo 
1 El fallo La Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo
Contencioso A ... 

--------------------------------------------------------------------------------

CADUCIDAD DE INSTANCIA  
La muerte de la caducidad de la instancia 
Introducción El instituto procesal denominado caducidad de la instancia o también
perención d ... 

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. .
Voces: RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
PROCESOS DE EJECUCIÓN - EJECUCIÓN HIPOTECARIA - MANDAMIENTO DE
INTIMACIÓN DE
PAGO Y EMBARGO - RECURSOS PROVINCIALES -
Partes: H.S.B.C. Bank Argentina S.A. c/ Raúl Francisco Camera s/ ejecución
hipotecaria
Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes
Fecha: 13/9/2006
Cita: MJJ8982

 

Sumario
1.-Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de
ley, dejando sin efecto la sentencia de Cámara recurrida y revocando el
interlocutorio de primer grado que declaró caduco el proceso de ejecución
hipotecaria, ello por cuanto la demora en el libramiento del mandamiento no
puede ser imputada a la actora sino que es imputable al tribunal.

3.-Tres son los presupuestos para la procedencia de una declaración de
caducidad del proceso: a) existencia de una instancia; b) inactividad
procesal y; c) transcurso del plazo legal. No basta, por lo tanto, que
exista una instancia abierta desde el mismo momento en que se introdujo la
demanda, ni que la contraparte acuse la caducidad antes de consentir el acto
de impulso, si entre cada uno de los sucesivos actos de impulsión no
transcurrió el plazo de tres meses previsto por el art. 310, inc. 2, del
Código Procesal Civil Comercial de Corrientes. Una vez presentado el
proyecto de mandamiento por la parte actora, ya la actividad de suscribirlo
o la de ejercer respecto de él el deber de saneamiento incumbía -por
imperativo legal- al juez (CPC; arts. 531 y 34, inc. 5, b), configurándose
así la situación prevista en el artículo 313 inc. 3 del Código Procesal que
prevé que no se producirá la caducidad cuando la demora fuere imputable al
tribunal.

Fallo
En la ciudad de Corrientes, a los trece días del mes de septiembre de dos
mil seis, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de
Justicia, Doctores Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, con la
Presidencia del Dr. Eduardo Antonio Farizano, asistidos de la Secretaria
Jurisdiccional Dra. Norma Cristina Plano de Fidel, tomaron en consideración
el Expediente Nº 25824/05, caratulado: "H.S.B.C. BANK ARGENTINA S.A. C/ RAUL
FRANCISCO CAMERA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA". Habiéndose establecido el
siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Eduardo
Antonio Farizano y Fernando Augusto Niz.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO
HORACIO SEMHAN,
dice:

I.- Contra el pronunciamiento de la Excma. Cámara (fs. 68/69) que
confirmando el interlocutorio de primera instancia declaró caduco este
proceso de ejecución hipotecaria, la parte ejecutante interpuso el recurso
extraordinario de inaplicabilidad de la ley (fs. 72/75) ya admitido por el
Superior Tribunal (fs. 142) y acerca de cuyo mérito o demérito se debe ahora
juzgar.

II.- Conforme las constancias de autos, el 12 de junio de 2003 el HSBC Bank
Argentina SA presentó la demanda ejecutiva (fs. 1/4) y el 7 de agosto de
2003 se notificó la providencia que despachó la ejecución mandando librar
mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate (fs. 25
vta.). El 8 de agosto de 2003 el letrado de la ejecutante presentó en Sría.
el proyecto de mandamiento (fs. 25 vta.) que el 3 de setiembre de 2003 la
actuaria hizo saber que no se suscribía por contener errores en los montos
consignados en su texto (fs. 25), providencia ante la cual el 5 de setiembre
de 2003 la parte acompañó nuevo proyecto de mandamiento (fs. 25). El 25 de
setiembre de 2003 la Secretaría remitió el mandamiento a la Oficina de
Mandamientos y Notificaciones (fs. 25 vta.), que señaló como primera y
segunda fechas para su diligenciamiento el 7 de octubre y 20 de noviembre de
2003 (fs. 30). El 20 de noviembre de 2003 el Oficial de Justicia se
constituyó en el domicilio denunciado para la práctica de la diligencia, mas
ésta fracasó por no vivir en él el ejecutado (fs. 30 vta.), siendo devuelto
el mandamiento sin diligenciar al Juzgado el 27 de noviembre de 2003 (fs. 31
vta.), notificándose de ello el 18 de diciembre de 2003 (fs. 31 vta.). El 2
de febrero de 2004 la ejecutante presentó un escrito denunciando el nuevo
domicilio del ejecutado y adjuntando un nuevo proyecto de mandamiento (fs.
32), escrito que fue proveído el 12 de febrero de 2004 y notificándose la
providencia el 16 de febrero de 2004 (fs. 32 vta.). El 29 de julio de 2004
la parte urgió se suscribiera y librara el proyecto de mandamiento
oportunamente presentado (fs. 33), ante lo cual el 13 de setiembre de 2004
la Sría. hizo saber que tal proyecto no se suscribiría en razón de no
coincidir el monto consignado en su texto con el presupuestado
provisoriamente por el juez (fs. 33 vta.). El 15 de setiembre de 2004 la
parte presentó un nuevo proyecto de mandamiento (fs 34) que el 14 de octubre
de 2004 fue suscripto por el juez (fs. 43 vta.) y el 21 de octubre de 2004
remitido a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones (fs. 35 vta.).

El 28 de octubre de 2004 compareció espontáneamente el ejecutado para
plantear la caducidad del proceso (fs. 36/39).

III.- Ello así, es evidente en lo resuelto por la Cámara a quo que se
prescindió de dar a la controversia el tratamiento adecuado, de acuerdo con
las constancias de la causa y la normativa aplicable.

IV.- En efecto. Tres son los presupuestos para la procedencia de una
declaración de caducidad del proceso: a) existencia de una instancia; b)
inactividad procesal y; c) transcurso del plazo legal. No basta, por lo
tanto, que en autos exista una instancia abierta desde el mismo momento en
que se introdujo la demanda, ni que la contraparte acusara la caducidad
antes de consentir el acto de impulso, si entre cada uno de los sucesivos
actos de impulsión no transcurrió el plazo de tres meses previsto por el
art. 310, inc. 2, del Código Procesal Civil Comercial de Corrientes.

V.- En ese orden, lo alegado al plantearse la perención, esto es que entre
el acto impulsor del 16 de febrero de 2004 y su inmediato siguiente del 29
de julio de 2004 trascurrieron cinco meses, no es circunstancia que pueda
gravitar en contra del demandante con una sanción de caducidad del proceso.
Ello, por la sencilla razón que una vez presentado el proyecto de
mandamiento por la parte, ya la actividad de suscribirlo o la de ejercer
respecto de él el deber de saneamiento incumbía -por imperativo legal- al
juez (CPC; arts. 531 y 34, inc. 5, b), configurándose así la situación
prevista en el artículo 313 inc. 3 del Código Procesal que prevé que no se
producirá la caducidad cuando la demora fuere imputable al tribunal.

VI.- En suma; por carecer de un análisis crítico de los elementos relevantes
para la solución del caso el pronunciamiento del a quo vino a aplicar un
instituto excepcional y de interpretación restrictiva más allá del ámbito
que le es propio, con lesión del derecho del justiciable de obtener en
tiempo propio la sentencia que se pronuncie sobre su demanda principal.

VII.- Razón por la que voto por hacer lugar al recurso extraordinario
deducido para en mérito de ello, dejar sin efecto la sentencia de Cámara
recurrida y revocar el interlocutorio del primer grado que declaró caduco el
proceso. Con costas devengadas, en todas las instancias, al ejecutado
incidentista, y devolución del depósito económico a la ejecutante. Regulando
los honorarios conjuntos de los letrados de la parte vencedora en esta
instancia extraordinaria, Dres. Juan Francisco Serrano Giménez y Leonardo
Enrique Rosetti, en el 25% de la suma que se regulen sus honorarios por el
incidente de caducidad en primera instancia, correspondiendo adicionar a los
aranceles el 21% que los citados abogados deben tributar como IVA en el
carácter acreditado de responsables inscriptos (fs. 150 y 151).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR EDUARDO
ANTONIO
FARIZANO,dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por
compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO
AUGUSTO NIZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio Semhan, por
compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la
siguiente:

SENTENCIA Nº 155

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley
deducido para en mérito de ello, dejar sin efecto la sentencia de Cámara
recurrida y revocar el interlocutorio del primer grado que declaró caduco el
proceso. Con costas devengadas, en todas las instancias, al ejecutado
incidentista, y devolución del depósito económico a la ejecutante. 2°)
Regular los honorarios conjuntos de los letrados de la parte vencedora en
esta instancia extraordinaria, Dres. Juan Francisco Serrano Giménez y
Leonardo Enrique Rosetti, en el 25% de la suma que se regulen sus honorarios
por el incidente de caducidad en primera instancia, correspondiendo
adicionar a los aranceles el 21% que los citados abogados deben tributar
como IVA en el carácter acreditado de responsables inscriptos (fs. 150 y
151). 3°) Insértese y notifíquese.

Fdo: Dres. Farizano-Semhan-Niz.


****************************************************************************************************
**

Voces: RECURSO EXTRAORDINARIO - GRAVAMEN IRREPARABLE - CADUCIDAD
DE
INSTANCIA - DAÑOS Y PERJUICIOS - SENTENCIA DEFINITIVA - DEBIDO
PROCESO -
DEFENSA EN JUICIO - CONSTRUCCIÓN DE OBRA - COSTAS -
Partes: Argentina Televisora Color c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A. y
otros s/
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 30/5/2006
Cita: MJJ7844

 

 


Fallo
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e:

- I -

Surge de autos que el Magistrado a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial N° 16, resolvió decretar de oficio la caducidad de
instancia de las actuaciones principales, por haber transcurrido a su
criterio el plazo previsto por el artículo 310, inciso primero, del código
de rito, sin que la actora instara el procedimiento e impuso las costas en
el orden causado (v. fs. 818/819 de los autos principales, fojas que citaré
de ahora en adelante salvo indicación en contrario).

Para así decidir y en lo que aquí interesa, el juez consideró que desde el
28 de febrero de 2001, fecha en que se notificó Benito Roggio e Hijos S.A.
la radicación de las actuaciones, hasta el 10 de diciembre de 2002, fecha en
que declaró operada la caducidad de la instancia, no mediaron verdaderos
actos impulsorios por parte de la actora.

Dicha resolución fue apelada por la demandante a fojas 824; contra lo
principal decidido y por los demandados respecto a la imposición de costas.
La Sala D, de la Cámara del Fuero, decidió confirmar el pronunciamiento de
primera instancia en lo principal de la decisión y lo modificó parcialmente
imponiendo las costas de ambas instancias a la accionante. (v. fs. 876/881)

Contra dicho decisorio la actora interpuso recurso extraordinario federal a
fojas 901/908 que denegado a fojas 948/949, da lugar a la presente queja.

- II -

La quejosa reprocha arbitrariedad a la sentencia. Sostiene que la resolución
de la Cámara, confirmó el error en que incurrió el juez de primera
instancia, es decir admitió la caducidad de la instancia con fundamento en
lo normado por el artículo 310, inciso 1° del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, omitiendo valorar que no existió de su parte
inactividad procesal o actividad procesal inoficiosa. Afirma que, la
resolución atacada afecta directamente prerrogativas constitucionales y
lesiona su derecho de defensa en juicio y debido proceso -arts. 17 y 18 de
la C.N.-, privándola de reclamar la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados por los demandados con motivo de la deficitaria construcción
realizada en el edificio donde funciona Canal 7 (ATC).

Destacó que el recurso es procedente, por constituir la decisión apelada
sentencia definitiva, que pone fin al proceso y no existe la posibilidad de
volver a accionar, atento que de admitirse ésta, se produciría la
prescripción de la acción y la consecuente pérdida del derecho a reclamar.

- III -

No está de más recordar, a todo evento, que V.E. tiene reiteradamente dicho
que para que proceda el recurso extraordinario, se requiere que la
resolución apelada revista el carácter de sentencia definitiva en los
términos del artículo 14 de la ley 48. Si bien es cierto que lo atinente a
la caducidad de la instancia remite al examen de cuestiones de hecho y de
derecho procesal, tal doctrina admite excepción cuando con menoscabo del
derecho de defensa en juicio y del debido proceso, lo resuelto se aparta de
las constancias de la causa, poniendo fin al pleito, y causando un agravio
de imposible o insuficiente reparación ulterior al encontrarse impedida la
apelante de iniciar un nuevo proceso por eventual prescripción de los
derechos debatidos. (confr. Fallos: 320:1821, 304:660, 310:1045, 310:1782,
entre otros)

A mi modo de ver el recurso intentado debe prosperar porque los jueces de la
causa incurrieron en arbitrariedad al omitir tener en cuenta que la demora y
falta de impulso del proceso no le era imputable a la parte actora, ya que
no surge que ésta haya incurrido en abandono y que por lo tanto deba ser
sancionada con la aplicación de tal instituto.

Es preciso señalar, conforme lo ha sostenido reiteradamente V.E., que la
caducidad de la instancia es un modo anormal de terminación del proceso y de
interpretación restrictiva, y la aplicación que de ella se haga debe
adecuarse a ese carácter sin llevar con exceso ritual el criterio que la
preside más allá del ámbito que le es propio. (confr. Fallos: 319:1142,
323:2067, 304:660; 308:2219; 310:1009; 311:665; 320:38, entre otros)?.

Creo propicio resaltar que, en 1992, se presenta en autos ATC S.A (v. fs.
629 del 4° cuerpo de los autos principales) y manifiesta que por Decreto N°
522/92 se dispuso la creación de ATC S.A., y que la actividad de la hasta
entonces actora de autos, Argentina Televisora Color LS82 Canal 7, subsistía
sólo a los fines del proceso de liquidación. Asimismo, expresa que el citado
Decreto dispuso el traspaso de los bienes y activos de la sociedad en
liquidación al patrimonio de ATC S.A., lo que la legitima-según sostuvo-
para proseguir con la acción. Surge por otra parte que a fojas 634 de los
autos principales se tuvo por parte a ATC S.A.

El 21 de septiembre de 1999, (v. fs. 2317/18 del cuaderno de prueba de la
parte actora), el abogado representante de los demandados proyectistas y
directores de obra solicita se tenga, por nulos los actos realizados por ATC
S.A. y rebelde a Argentina Televisora Color LS82 Canal 7 por abandono del
proceso. Todo ello, con fundamento en los arts. 44, 59, 169 y concordantes
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La parte actora contesta el traslado respecto a la nulidad y petición de
rebeldía articulada por los codemandados proyectistas y directores de obra,
manifestando que el proveído que luce a fojas 634 de los autos principales
tuvo por parte a ATC S.A. y que la codemandada impugnante en su oportunidad
guardó silencio sobre el particular. Expresa que la providencia se encuentra
firme y consentida por todas las demandadas en autos y, que por lo tanto, ha
precluído la oportunidad procesal de impugnar tal presentación, puesto que
la supuesta nulidad argüida fue convalidada con el accionar posterior del
codemandado, quien después de siete años alude a la existencia del acto
viciado, y pretende nulificar la presentación de ATC S.A. Solicita, en
consecuencia, se rechace la nulidad articulada. (v. fs. 2391/95 del cuaderno
de prueba de la parte actora) A fojas 2396 del mismo, el Juzgado tiene por
contestado el traslado conferido.

El 29 de marzo de 2001, la parte actora solicita se resuelva el incidente de
nulidad interpuesto por la demandada a fojas 2317/18. Surge también que a
fojas 2482 del cuaderno de prueba, el abogado de ATC S.A., con fecha 25 de
junio de 2001, reitera el pedido, y a fojas 2483, el Juzgado requiere que
previo a resolver se notifique al Síndico del proveído de fs. 2479.

Advierto que, en el cuaderno de prueba de la parte actora, se hallan
notificadas todas las partes; a fojas 2484 se encuentra agregada la cédula
dirigida al síndico; a fs. 2487 la cédula remitida al apoderado de los
demandados proyectistas y directores de obra, a fojas 2480 a los demandados
Petersen Thiele y Cruz S.A., a fojas 2481 a Sebastián Maronese S.A. y a
fojas 2488 a Benito Roggio S.A.- todas diligenciadas por la parte actora-.

Cabe indicar, asimismo, en el incidente de nulidad articulado por el
apoderado de los demandados proyectistas y directores de obra se cuestionaba
algo tan fundamental como la personería misma de ATC S.A. como actor en la
causa, tema cuya dilucidación resultaba esencial para la continuidad del
proceso. Adquiere particular relevancia en la cuestión objeto de dictamen la
circunstancia de que el abogado de ésta última presentó el 1 de octubre de
2002, un escrito acusando caducidad de instancia del incidente de nulidad en
los términos del art. 310 inc 2 del Código de rito y solicitó a su vez se
clausure el período probatorio (v. fs. 2489 del cuaderno de prueba de la
parte actora), solicitud que se reitera el 25 de noviembre del 2002 (v. fs.
2495 del cuaderno aludido)

Se desprende entonces de lo expuesto, que al momento en que fue decretada la
caducidad en cuestión se hallaban pendientes de resolución en la causa los
referidos actos procesales a cargo del tribunal, los cuales fueron
solicitados reiteradamente por la accionante. Cabe advertir que alguno de
esos pedidos resultaron actos interruptivos del plazo de inac-tividad
previsto por la ley, y por ende, la demora no se puede imputar a la actora,
máxime cuando aquellos guardaban relación con la posibilidad de que ATC S.A.
continuara con la acción, y en particular porque el proceso se hallaba en un
avanzado estado y el justiciable lo había instado durante años (v. Fallos
310:1009)

Por lo expuesto, considero que es descalificable el pronunciamiento que al
declarar la perención de la instancia de modo oficioso incurrió en un
excesivo rigor formal, al omitir considerar lo actuado por la quejosa en las
presentes actuaciones, pues si bien no hubo una declaración de suspensión
del proceso principal en los términos del artículo 176 del código de rito,
éste quedó suspendido tácitamente a la espera de la decisión final del
incidente que nunca llegó a resolverse y, el cual intentaba desplazar del
proceso a ATC S.A.

En tales condiciones, entiendo que corresponde declarar procedente la queja,
hacer lugar al recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia y
disponer se dicte por quien corresponda una nueva con ajuste a derecho.

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2005.

MARTA A. BEIRÓ DE GONÇALVEZ

ES COPIA

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 30 de mayo de 2006.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa
Argentina Televisora Color c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A. y otros", para
decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, y se
remite a sus fundamentos y conclusiones por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal
subrogante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se hace lugar a
la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin
efecto el fallo apelado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de
que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con
arreglo a lo expresado. Reintégrese el depósito de fs. 1. Agréguese la queja
al principal, notifíquese y remítanse. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI -
RICARDO LUIS
LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).

ES COPIA

DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.

ARGIBAY

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es
inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal subrogante, se
desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 1. Notifíquese y,
previa devolución de los autos principales, archívese. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

 

Recurso de hecho interpuesto por A.T.C., representada por el Dr. Ernesto
Leandro Cassini, con el patrocinio del Dr. Roque Luis Cassini

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala D)

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial n° 16.

 

Repertorio de fallos elegi algún otro  y te lo copio y te lo mando

 

 

 

RECURSOS PROVINCIALES - RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY -
PROCESOS DE EJECUCIÓN - EJECUCIÓN HIPOTECARIA - MANDAMIENTO DE
INTIMACIÓN DE PAGO Y EMBARGO - CADUCIDAD DE INSTANCIA13/9/2006
H.S.B.C. Bank Argentina S.A. c/ Raúl Francisco Camera
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

 

AMPARO - SALUD - MEDICAMENTOS - PROFESIONALES DE LA MEDICINA -
FARMACÉUTICOS - CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES - LOCACIÓN -
LOCACIÓN DE INMUEBLES - MEDIDAS CAUTELARES - SECUESTRO DE BIENES -
JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA - SANCIONES ADMINISTRATIVAS - CLAUSURA -
MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO - CADUCIDAD DE
INSTANCIA11/7/2006
Olavarría Diego Ignacio c/ Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Salud -
Dirección de Políticas del Medicamento
Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

RECURSO DE APELACIÓN - CADUCIDAD DE INSTANCIA - SEGUNDA INSTANCIA -
ACTOS PROCESALES - NOTIFICACIÓN POR CÉDULA - NOTIFICACIÓN
PERSONAL20/6/2006
Hospital Privado Modelo SA c/ First Medical SRL
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:A

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA - COSTAS - DEFENSA EN JUICIO - DEBIDO PROCESO -
DAÑOS Y PERJUICIOS - CONSTRUCCIÓN DE OBRA - SENTENCIA DEFINITIVA -
RECURSO EXTRAORDINARIO - GRAVAMEN IRREPARABLE30/5/2006
Argentina Televisora Color c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A. y otros
Corte Suprema de Justicia de la Nación

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
DESALOJO - PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PROCESAL - ACTUACIÓN DE
OFICIO22/5/2006
Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº 8017/04 (Sala II Cámara de
Apelaciones Civil y Comercial): Desalojo por falta de pago: Calizaya, Roberto Inés
c/ Lamas, Julián
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

 

RECURSO DE CASACIÓN PROVINCIAL - JURISPRUDENCIA - CADUCIDAD DE
INSTANCIA - EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES - PAGO - EJECUCIÓN
FISCAL17/5/2006
Municipalidad de Córdoba c/ Campos Eduardo A.
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba Sala:civil

 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL - ABOGADOS - RESPONSABILIDAD DEL
ABOGADO - CULPA CIVIL - IMPRUDENCIA - NEGLIGENCIA - PRUEBA -
REPRESENTACIÓN PROCESAL - LETRADO PATROCINANTE - CADUCIDAD DE
INSTANCIA18/4/2006
Marino Claudio Alejandro c/ Oliva Rubén Marino
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:F

 

AMPARO - CADUCIDAD DE INSTANCIA - RECURSO DE APELACIÓN -
NOTIFICACIONES - MEDIDAS CAUTELARES - MEDIDA CAUTELAR
INNOVATIVA7/4/2006
Alvarez Sandra Maria Edith y otra
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba Sala:quinta nominación

 

SENTENCIA DE REMATE - NOTIFICACIONES - INTERNET - CADUCIDAD DE
INSTANCIA - ACTUACIÓN DE OFICIO - RECURSO DE APELACIÓN6/4/2006
Poveda Gonzalo Ariel c/ Ledezma Dardo Rafael
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:E

 

REPRESENTACIÓN PROCESAL - LETRADO PATROCINANTE - GESTOR
PROCESAL - PARTES - CADUCIDAD DE INSTANCIA - FIN DE LA EXISTENCIA DE
LAS PERSONAS4/4/2006
Pinilla Ernesto Carlos c/ Veiga de Barros Maria Cecilia
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:E

 

Tomos El Derecho Resultados Completos (87)

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PRUEBA
15/12/2004
Clínica Brandzen S.A. c. Obra Social de la Fed. Grem. del Pers. Ind. de la Carne y
Derivados

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:E

 

HONORARIOS DEL PERITO - CADUCIDAD DE INSTANCIA - NOTIFICACIONES -
RECURSO DE APELACIÓN - CONSULTORES TÉCNICOS 13/12/2004
Bunge Ceval S.A. c. Herbert A. H. Behrens S.A.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:E

 

ABOGADOS - LETRADO APODERADO - MANDATO - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
DAÑOS Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO 22/10/2004
Z., A. C. y otro c. Colegio Público de Abogados de la Cap. Fed.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:C

 

ABOGADOS - OBLIGACIONES DE MEDIO - RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO -
CADUCIDAD DE INSTANCIA - LETRADO APODERADO - DAÑO MORAL 24/9/2004
A. A., R. P. c. I. N., J. y otro

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:K

 

ABOGADOS - TAREAS EXTRAJUDICIALES - LETRADO PATROCINANTE -
LETRADO APODERADO - RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO - MALA PRAXIS -
INDEMNIZACIÓN - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PÉRDIDA DE LA CHANCE -
INTERESES 20/9/2004
B., J. L. c. L., C. A.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:F

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA - INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE INSTANCIA -
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA - PRUEBA - OFRECIMIENTO DE PRUEBA 5/8/2004
Romero, Hilda Celina c. La Primera de Grand Bourg S.A.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:B

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA - INTERRUPCIÓN DE LA CADUCIDAD DE INSTANCIA -
TAREAS EXTRAJUDICIALES - PRUEBA DE TESTIGOS 19/4/2004
Ruiz y Ormaechea, Miguel A. c. Lloyds TSB Bank NA

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:B

 

PROPIEDAD HORIZONTAL-EXPENSAS-INCONSTITUCIONALIDAD-EXCEPCIONES-
CONSTITUCIONALIDAD-EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA- CADUCIDAD DE
INSTANCIA - EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO- CERTIFICADO DE DEUDA
POR EXPENSAS - JUICIO EJECUTIVO - CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD -
IGUALDAD ANTE LA LEY- DEFENSA EN JUICIO 18/12/2003
Cons. Edif. Torres Jardín 287/91 c. Sánchez, Horacio Jesús y otros

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala:D

 

CONCURSOS Y QUIEBRAS - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PEDIDO DE QUIEBRA -
ESTADO DE CESACIÓN DE PAGOS - PAGARÉ - FACULTADES DEL JUEZ -
PRUEBA - 10/12/2003
Hopken, Marcelo Adrián le pide la quiebra Franzetti, Beatriz.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:A

 

EXTENSIÓN DE LA QUIEBRA - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PLAZOS
PROCESALES 2/12/2003
Banco Patricios S.A. s/quiebra c. Rebrij, Abraham

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala:C

 

Repertorios El DerechoResultados Completos (200)

CADUCIDAD DE INSTANCIA - ACTOS PROCESALES -
21- Corresponde declarar la caducidad del incidente de caducidad de instancia si
desde que se dict ...

 

IVA - - ABL - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - INCIDENTE - RECURSO
DE APELACIÓN - APE - CADUCIDAD - APE -
Recurso de apelación IV- Casuística F) Caducidad de instancia 46- El auto que
concede el recurs ...

 

SENTENCIA - - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - RECONVENCIÓN -
PRIMERA INSTANCIA - COSTAS - PROCESO - DEMANDA - CADUCIDAD -
Costas XIV- Supuestos específicamente regulados D) Caducidad de instancia 87-
Declarada la cadu ...

 

ART - - PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - CONSENTIMIENTO -
CER - DEMANDA - CONSENTIMIENTO - PLAZO - CADUCIDAD - ART -
Caducidad de instancia VIII- Petición C) Oportunidad 107- El planteo de caducidad
de instancia ...

 

EXCEPCIONES - ART - - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - CADUCIDAD -
ART -
Caducidad de instancia VIII- Petición C) Oportunidad 108- La caducidad de
instancia de articula ...

 

ART - - PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PLAZO LEGAL -
CER - PARTES - COSTAS - ALLANAMIENTO - DEMANDA - PLAZO - CADUCIDAD -
PLAZO LEGAL - ART -
Costas XIV- Supuestos específicamente regulados D) Caducidad de instancia 26-
Si el acuse de la ...

 

ART - IVA - - PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PROCESO -
PLAZO - CADUCIDAD - ART -
Caducidad de instancia I- Generalidades 1- El funcionamiento del Instituto de
caducidad de la in ...

 

- PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - PLAZO - CADUCIDAD -
Caducidad de instancia VII- Plazo B) Cómputo 4- Interpuesto algún recurso para
ante un órgano s ...

 

- CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA - NOTIFICACIÓN - NOTIFICACIÓN POR
CÉDULA - PROFESIONALES - PRIMERA INSTANCIA - CADUCIDAD -
Caducidad de instancia IV- Carga de impulsar el procedimiento 2- Si el magistrado
subordinó la e ...

 

ART - IVA - SIDE - - AUTOR - PLAZO - CADUCIDAD - CADUCIDAD DE INSTANCIA -
VOLUNTAD - ERROR - NOTIFICACIÓN - VOLUNTAD - ERROR - PLAZO -
CADUCIDAD - ART -
Caducidad de instancia VII- Plazo D) Interrupción 6- Actos interruptivos 14-
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CADUCIDAD DE INSTANCIA-PODER JUDICAL
La caducidad de la instancia, el deber de la parte y del funcionario judicial
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CADUCIDAD DE INSTANCIA-ABOGADOS
La Corte Suprema como Casación Nacional,
I. El pórtico de la anotación común a los dos fallos (Di Benedetto y Gaifer S.R.L.)
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CADUCIDAD DE INSTANCIA-PROVINCIAS-CONCURSOS
El nuevo régimen de caducidad de la instancia en la Provincia de Buenos Aires y
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I Introducción El procedimiento concursal no sólo vehiculiza derechos
concursales, ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA
La caducidad de la instancia y un fallo ejemplarizador - Comentario Breve
Cuando escribimos con PAYá Extinción del proceso civil por voluntad de las
partes -hace algunos años ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA-DEMANDA-RECONVENCION
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La sala E de la Cámara Nacional en lo Comercial, en los autos del epígrafe revocó
la sentencia d ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PRESCRIPCION-RECURSO EXTRAORDINARIO-
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS-MULTA PROCESAL-COSTAS
Caducidad de instancia, prescripción y otras cuestiones - Comentario Breve
1 Las cuestiones resueltas En una clara y bien ordenada sentencia, la sala E de
la ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA-PRESCRIPCION-CONSTITUCIONES PROVINCIALES-
DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
Una reforma inconstitucional al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Buenos Aires. El fin del instituto de la caducidad de la instancia
I Los nuevos textos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires. La ...

 

LITISCONSORCIO-PROCESOS-ALLANAMIENTO-TRANSACCION-CADUCIDAD DE
INSTANCIA-DERECHO DEL TRABAJO
Litisconsorcio: Clases y efectos - Nota a Fallo
1 El fallo La Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en lo
Contencioso A ...

 

CADUCIDAD DE INSTANCIA
La muerte de la caducidad de la instancia
Introducción El instituto procesal denominado caducidad de la instancia o también
perención d ...


__,_._,___
Los testigos no perdonan
La Cámara Nacional del Trabajo otorgó validez convictiva a los dichos de un testigo que si bien no recordaba el nombre de la calle donde el actor prestaba servicios, pudo describir con lujo de detalles el establecimiento del empleador. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30997


La culpa es de los dos
La Cámara Civil distribuyó responsabilidades entre un automovilista y el conductor de una moto por el accidente de tránsito que protagonizaron. El primero hizo un giro en U invadiendo el carril del conductor de la moto y además violó la prioridad de paso. Por su parte, este último no conducía con el casco y antiparras reglamentarios y no extremó las precauciones en su manejo. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30954

El precio del deber
La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal condenó a la Policía Federal Argentina al pago de $309.480 en concepto de indemnización para la familia de un policía que falleció al intentar evitar un asalto. Los camaristas también afirmaron que la prescripción se produce a los dos años de recibida la notificación del acto administrativo que declara la muerte en y por actos del servicio. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30959

La falta de aviso a la AFIP no impide el cobro de la indemnización
La Cámara Nacional del Trabajo admitió en su totalidad los rubros reclamados en una demanda, afirmando que la falta de envío del telegrama a la AFIP no impide el cobro de la indemnización establecida en el artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo. Declararon también la inconstitucionalidad del decreto reglamentario del artículo 80 de la L.C.T. FALLO COMPLETO
http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=30961

JUICIO POLITICO. Enjuiciamiento de magistrados provinciales. Destitución e inhabilitación. Impugnación. Carácter justiciable de las sentencias dictadas en materia de juicio político a magistrados. Intervención del superior tribunal local  
 C. 1678. XXXVIII RECURSO DE HECHO - "Cangiano, Jorge Alberto - intendente Municipal de Villa Mercedes San Luis expte. 1-D-99 s/ su denuncia c/ Careaga, Ana María - juez titular del Juzgado del Crimen N° 1 Segunda Circunscripción Judicial" - CSJN - 08/08/2006 
 "Este Tribunal (Fallos: 311:2320; 315:761 y 781) ha extendido a las decisiones de los jurados de enjuiciamiento de magistrados provinciales la doctrina según la cual el superior tribunal local del que ha de provenir la sentencia definitiva susceptible de recurso extraordinario es, en principio, el órgano jurisdiccional erigido como supremo por la constitución local, pues sin soslayar el principio en virtud del cual las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, no pueden vedar a ninguna de ellas, y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional (Fallos: 313:114; 315:761; 317:1486; entre otros). Con esta comprensión, la intervención del superior tribunal local es indeclinable cuando se plantean cuestiones prima facie de naturaleza federal, como son las configuradas por la alegada violación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del juez natural, al haberse ordenado la destitución de un magistrado sin que tales planteos hayan sido examinados por el tribunal a quo que se negó a tomar intervención con fundamento en la irrecurribilidad de la destitución (in re A.139.XXXIX. "Acuña, Ramón Porfirio s/ causa N° 4/99", del 23 de agosto de 2005) prescindiendo de la arraigada doctrina de esta Corte señalada en el considerando 2°, cuya autoridad ha sido subrayada en el precedente de Fallos: 307:1094. Por ello y habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada." 
 
CONCURSO PREVENTIVO. Causas laborales. FUERO DE ATRACCION. Improcedencia. Excepciones. Art. 9 Ley 26086  
 "Apes SA s/ incidente de revisión" - CNCOM - 22/08/2006 
 "Se agravia el incidentista solicitando se aplique la ley 26.086, teniendo a la sentencia dictada en sede laboral como sentencia verificatoria, dejándose sin efecto la resolución dictada en estos autos."

"Señalase que tanto las sentencias dictadas en sede laboral en primera y segunda instancia como la resolución atacada son de fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley 26.086. Ha establecido dicha norma en su artículo 9° (cláusula transitoria), que los juicios excluidos por el art. 21 de dicho ordenamiento legal -que sustituyó en lo pertinente el texto previsto por la ley 24522-, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren radicados ante el juez concursal les serán aplicadas de inmediato las modificaciones introducidas por esta ley a la competencia material, debiendo ser remitidas las actuaciones a la justicia originariamente competente dentro de los QUINCE (15) días hábiles; quedando exceptuados aquellos casos en los que en el expediente se hubiera dictado el llamado de autos para sentencia, los créditos de pronto pago y aquellos juicios en los que se hubiera optado por la verificación del crédito según lo previsto por el artículo 21, inciso 1° de la Ley N° 24.522."

"Siendo que en autos ya se había dictado resolución a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, encontrándose, por ende, dentro de los supuestos de excepción previstos en sus disposiciones, no resulta procedente lo pretendido por el recurrente. Por ello, se desestima el agravio en análisis." 
 
CONCURSO PREVENTIVO. FUERO DE ATRACCIÓN. Juicios seguidos en contra del concursado. Integración de un litis consorcio pasivo facultativo. Ley 26086. Interpretación. Competencia  
 Expte. Nº 4.705/2.006, caratulado: "Conflicto negativo de competencia (Juzgado de 1º Inst. Civil y Comercial Nº 7 - Sala III - Cámara Civil y Comercial suscitado en el expte. Nº B-59.755/00: Ordinario por daños y perjuicios: Zerpa de Cruz, Gabriel y otros c/ Empresa de Transporte Tacita de Plata y otro" - STJ DE JUJUY - 13/09/2006 
 "No cabe duda que, de la correcta hermenéutica de la ley 26.086/06, los juicios seguidos en contra del concursado en donde exista un litisconsorcio pasivo facultativo, y en los que el actor no opte por continuar el juicio ante el tribunal de su radicación originaria, para lo que deberá desistir de la demanda en contra del fallido, el fuero de atracción sigue ejerciendo sus efectos."

"En consecuencia no surgiendo de los autos elevados ni de sus acumulados que los actores en el presente juicio hubieren desistido de su acción en contra del quebrado, la competencia para entender en el juicio de conocimiento resulta ser del Juzgado por donde se ventila la quiebra."

"Bajo tales parámetros la doctrina ha entendido que "...la ley 26.086 no cambia el tratamiento que para la cuestión deparaba la ley 24.522. Si el quebrado compone un litisconsorcio pasivo facultativo, la operatividad del fuero de atracción de la quiebra depende también de la voluntad del actor: si este desiste del proceso contra aquél, entonces la causa no cambia de radicación y continúa sustanciándose por ante el tribunal original, claro que sin la participación del cesante. Si el actor desiste del proceso contra el quebrado, la causa seguirá tramitando por ante el juzgado de origen y la sentencia que allí se dicte no podrá hacer cosa juzgada contre el cesante, aunque podrá afectarlo también en la medida en que, al procurar verificar el acreedor en el concurso, no se demostrase la injusticia de la sentencia arribaba contra sus ex litisconsortes. Como ha quedado dicho, el actor desistente debe verificar en el concurso si en alguna medida desea ejercitar su crédito contra la fallida. ¿Y si el actor no desiste del proceso contra el quebrado? Entonces, conforme a la regla general del art. 132, el proceso se radicará ante el juzgado de la quiebra y, una vez firme la sentencia que la declaró, no podrá continuarse la causa respecto del fallido." (cfr.: El Fuero de Atracción en La Ley 26.086, Toribio E. Sosa, publicado en L.L., Nº 122, del 27 de junio de 2.006)." 
 
MARCAS. CORREO ELECTRONICO. Cese preventivo en el uso de dirección e-mail. Procedencia  
 "Toselli Juan Alberto c/ Toselli, Daniel Raul s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - 08/09/2006 
 "El accionante se agravia en relación al uso de la dirección de correo electrónico "danieltoselli@citec.com.ar". Alega que poseer una dirección de correo electrónico con una extensión provista por la empresa "Citec", denotaba una relación directa con la actividad inmobiliaria puesto que por un lado era la actividad principal que desarrollaba el demandado; y por el otro porque él mismo había ofrecido prueba en cuanto a este ítem. Aduce que "Citec" o "Adinco" o "Argenprop", son distintos nombres que recibe un mismo servicio que constaba de sistemas utilizados pura y exclusivamente por personas dedicadas a la intermediación inmobiliaria. En consecuencia, solicitó que el demandado cese preventivamente en el uso de la dirección de correo electrónico. El agravio esgrimido por el apelante resulta procedente."

"Acreditado que "Citec", "Adinco" o "Argenprop" son distintos nombres que recibe un mismo servicio que consta de sistemas utilizados pura y exclusivamente para personas dedicadas a la intermediación inmobiliaria, el uso del nombre y apellido del demandado asociado a una extensión tal como las señaladas implican la utilización de una dirección de correo electrónico destinado a la intermediación inmobiliaria y no personal como pretende el accionado. Desde esta perspectiva, le asiste razón a la parte actora y el demandado deberá cesar preventivamente en uso de la dirección de e-mail danieltoselli@citec.com.ar." 
 
COMPETENCIA. Menor víctima de abuso sexual mientras es privado ilegítimamente de su libertad. Hecho cometido en forma reiterada. Convención sobre los Derechos del Niño. "Interés superior del niño". Competencia del juez con jurisdicción sobre el establecimiento asistencial donde se encuentra alojado el menor en el que es tutelado y donde se encuentra más avanzada la investigación.  
 Competencia N° 1603. XL. - "L. J. J. s/ encubrimiento agravado" - CSJN - 24/08/2006 
 "Aún cuando las constancias agregadas al legajo no permitan determinar, de manera fehaciente, el lugar donde se habría producido el sometimiento sexual, cuestión controvertida en autos, en los procesos en los que un menor es víctima debe ponderarse, prioritariamente, a fin de definir el juez competente, su lugar de residencia. Por ello, considero que corresponde otorgar el conocimiento de los hechos materia de investigación al juez de esta ciudad con jurisdicción sobre el establecimiento asistencial donde se encuentra alojado el menor, en el que es tutelado y donde se encuentra más avanzada la investigación, próxima a la realización del juicio oral." (del dictamen del señor Procurador Fiscal)

"Esta solución es la que mejor contempla "el interés superior del niño", principio consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocido en el artículo 75, inciso 22º, de la Constitución Nacional -según reforma de 1994-, toda vez que evita lo que podría significar una traumática reiteración de procedimientos idénticos en distintas sedes." (del dictamen del señor Procurador Fiscal) 

PROCESO PENAL. Condena. Sentencia que queda firme. Imputado que se profuga. Imposibilidad de notificarlo en forma personal. Rebeldía. Posterior presentación del condenado por derecho propio, solicitando la PRESCRIPCION DE LA PENA. RECHAZO. Momento a partir del cual comienza a correr el término de prescripción de la pena: notificación realizada personalmente al imputado. No habiéndose notificado al reo la firmeza de su condena por razones a él imputables, desde que el condenado incumplió su obligación de someterse a la justicia, resulta evidente que ésta circunstancia no puede beneficiarlo, por lo que la ineficacia del Estado para lograr el cumplimiento de la pena no puede ser alegada como una razón válida para impedir la aplicación del aludido art. 66. del Código Penal. DISIDENCIA  
 C. 6584 - “Callejas, Juan Carlos s/ recurso de casación” – CNCP - Sala III – 01/06/2006 
  “El imputado fue condenado a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, por ser coautor penalmente responsable del delito de expendio de moneda falsa de curso legal en la república. Habiendo quedado firme la condena, el 23 de noviembre de 1999 el tribunal interviniente libró orden de detención respecto de Callejas, que fue notificada a su defensor con fecha 1 de diciembre del mismo año, la que no se hizo efectiva por no haber sido habido el condenado. El día 30 de abril de 2004, Callejas se presentó por derecho propio en el expediente instando la prescripción de la pena impuesta. El a quo, previo a proveer lo solicitado, le exigió que comparezca a estar a derecho, lo que se concretó con fecha 25 de octubre de 2005.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“Sostuvo el a quo, con cita de la resolución dictada por esta Sala en la causa “Gieco”, que “de acuerdo a la fecha en que fue cursada la orden de detención antes aludida y el parámetro a utilizarse en este tipo de supuestos, que la penalidad impuesta a Juan Carlos Callejas, se encuentra prescripta”. Pero el criterio que el tribunal de mérito le asigna al precedente citado, en el sentido de que la fecha en que comienza a correr la prescripción de la pena es la del día en que fue recibida la notificación cursada en el domicilio real o particular del imputado, más allá de su efectividad, se encuentra desarrollado en el voto disidente y no tiene apoyo en el que logró mayoría.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“En efecto, se sostuvo oportunamente que la sentencia condenatoria le impone al reo una sanción que él y sólo él puede y debe cumplir. La ratio legis de que en tales supuestos deba notificarse necesariamente al procesado, además de a su defensor, es para que tenga un real y efectivo conocimiento de aquello que deberá cumplir personalmente. Dicho criterio resulta coincidente con la doctrina sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. causa “Dubra”, D.293.XXXIX, el 21 de septiembre de 2004 [Fallo en extenso: elDial - AA2470]) y, si bien con ello se busca tutelar el efectivo derecho defensa en juicio y debido proceso, para que la decisión de recurrir no quede sólo en cabeza de su representante legal, circunstancia que impediría interpretarlo en contra del imputado, lo cierto es que dos son las exigencias del art. 66 del C.P. para establecer la fecha desde la que debe computarse el plazo para la prescripción de la pena: a) que la sentencia se encuentre firme; b) que haya sido notificada al reo. Dicho extremo no sólo se encuentra ordenado en la mencionada norma sustantiva sino también por los arts. 146 y 469, en función del 400, todos del C.P.P.N., así como por el art. 42 del Reglamento de la Justicia Nacional. En definitiva, si se tiene en cuenta que Callejas jamás fue notificado legalmente de que el fallo que lo condenó a cumplir en forma efectiva la pena de cuatro años de prisión adquirió firmeza, mal se podría sostener que ésta se encuentra prescripta, pues para ello es necesario que transcurra el tiempo que establece el art. 65 inc. 3 del código de forma, el que, como se viene sosteniendo, se debe comenzar a contar a partir de la notificación realizada personalmente al imputado y respetando las formas exigidas por ley para tal caso.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“Por otro lado, en el caso el tribunal a quo actuó correctamente, ordenando la captura del imputado al quedar firme su condena, la que no se hizo efectiva porque éste se profugó y no pudo ser habido, circunstancia que frustró su debida notificación personal. Por ello no puede sostenerse que el Tribunal Oral no dispuso oportunamente las medidas tendientes a notificarlo efectivamente y a ejecutar el cumplimiento de la condena, que ya había pasado en autoridad de cosa juzgada, como se alegó en el voto invocado por el a quo. No habiéndose notificado al reo la firmeza de su condena por razones a él imputables, desde que el condenado incumplió su obligación de someterse a la justicia, resulta evidente que ésta circunstancia no puede beneficiarlo, por lo que la ineficacia del Estado para lograr el cumplimiento de la pena no puede ser alegada como una razón válida para impedir la aplicación del aludido art. 66.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“En razón de lo expuesto, la orden de detención librada y la notificación al defensor de Callejas, no pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de establecer el momento en que comenzó a correr el plazo de la prescripción de la pena. Por el contrario, como dicha captura no se hizo efectiva, no hay constancias en el expediente de que el imputado haya tomado personalmente conocimiento de la firmeza de su condena hasta su presentación, por derecho propio, de fecha 30 de abril de 2004 (fs. 527), por lo que es esa la fecha que se debe tener en cuenta a los efectos mencionados, conforme a la normativa que se viene invocando. Se debe concluir, entonces, en que no ha vencido a la fecha el plazo de 4 años que, conforme surge de la pena impuesta y de lo establecido en los arts. 65, inc. 3º, y 66 del código sustantivo, debe transcurrir para que opere su prescripción.” (Del voto en mayoría del Dr. Tragant)

“La pena se prescribe desde que se notifica al defensor dado que ésta es la ratio legis y a su vez la inteligencia que impide caer en el absurdo de considerar imprescriptible la pena que no se notifica al condenado.” (Del voto en disidencia de la Dra. Ledesma)

“Con respecto al período transcurrido entre la orden de captura y el momento en que Callejas se presentó a estar a derecho, esta Sala ha sostenido que “la declaración de rebeldía, así como cualquier otro acto cumplido a posteriori de quedar la sentencia firme, no tiene efecto interruptivo alguno, toda vez que no opera la prescripción de la acción sino de la pena y ésta no puede verse afectada por la secuela de juicio (ya acabado)”.” (Del voto en disidencia de la Dra. Ledesma)

“Interpreto que el cómputo del término de la prescripción debe realizarse a partir de que la sentencia ha quedado firme -insisto- toda vez que la inoperancia de los órganos del Estado en el cumplimiento de sus funciones no puede valorarse en contra de los ciudadanos. Por ello, más allá de la letra del artículo 66 del C.P., siendo que la falta de notificación no es imputable a la parte, pues no se tomaron los recaudos del caso para efectivizarla en forma oportuna, el cómputo debe realizarse a partir del 17 de diciembre de 1999 fecha en que venció el plazo para interponer recurso extraordinario contra la sentencia recaída. En mérito a las razones expuestas, la pena prescribió el 18 de diciembre de 2003, fecha en la que fenecieron los cuatro años de condena impuesta a Callejas (art. 65, inciso 3º del C.P.).” (Del voto en disidencia de la Dra. Ledesma) 

COMPETENCIA. UTE. Reclamo de una suma de dinero en concepto de percepción de honorarios por el desempeño en calidad de subdirector de una UTE. Invocación de una relación de naturaleza societaria. COMPETENCIA de la Justicia Comercial  
 Competencia 198. XLII - "Ramagnoli, Tulio César c/ Monroe Americana S.A. s/ cobro de sumas de dinero" - CSJN - 29/08/2006 
  "El actor reclama el cobro de una suma de dinero y -subsidiariamente- daños y perjuicios, por la no percepción de honorarios devengados por su gestión en calidad de Sub-Director General de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la accionada -Monroe Americana S.A.-. Se desprende, asimismo, que el accionante ha rechazado la existencia de una relación de dependencia laboral y de mandato, e invoca una relación de naturaleza societaria, que funda en normas de la ley 19.550. Advierto, por otro lado, que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) es un contrato de colaboración empresaria, regulado por la -ley 19.550 de Sociedades Comerciales-, y la calidad invocada por el pretensor se encuentra prevista en el artículo 371 de la citada ley que se refiere concretamente a las autoridades que ejercen la dirección y administración de la UTE designadas en el contrato o posteriormente por resolución de los participantes, que remite a la aplicación el artículo 221 del Código de Comercio." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante)

"Cabe destacar que la remisión que hace el art. 371 de la ley 19.550 al art. 221 del Código de Comercio importa someter las relaciones entre los administradores del grupo y los sujetos partícipes a las normas que, sobre "mandato", regula ese cuerpo legal, refiriéndose a la remuneración de los administradores, cuya actividad dice no se presume gratuita. En consecuencia, en uno u otro caso, y dentro del limitado marco cognoscitivo de la cuestión de competencia que llega a mi conocimiento, ya sea por la aplicación de la normativa invocada por el pretensor o por la que se refiere a las autoridades de la UTE, en ambos supuestos, la naturaleza de la cuestión se encuentra prima-facie comprendida en el ámbito del derecho comercial y particularmente societario, circunstancia que torna aconsejable asignar el conocimiento a los tribunales especializados en esa materia." (Del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante) 

DESPIDO. Resarcimiento por daños. Falta de obtención del subsidio por desempleo. Rechazo. Omisión de agotar el requerimiento en tiempo y forma hábiles ante el organismo que otorga el beneficio  
 "Dominguez Ruperto Nicolas c/Asernat SA s/ despido" - CNTRAB - 25/08/2006 
 "En cuanto al ítem "resarcimiento por daños" por no haber podido obtener el subsidio por desempleo es cuestión que también debe ser rechazada, toda vez que era carga del actor acreditar que agotó su requerimiento en tiempo y forma hábiles ante el organismo que otorga dicho beneficio y que ello resultó infructuoso por el incumplimiento de su empleador, por lo que debe dejarse sin efecto la condena en este sentido." 

CONCURSOS y QUIEBRAS. Proyecto de distribución de fondos. NOTIFICACION personal o por cédula (Art. 219 Ley 24522). Omisión. Impugnación. Extemporaneidad. Improcedencia
 90.954/00 - "Mamani Choquehuanca Juan Francisco s/ quiebra" - CNCOM - SALA E - 10/07/2006
 "Aunque la regulación de honorarios se haya efectuado en la misma resolución que puso a disposición de los interesados el proyecto de distribución, el acreedor debía ser notificado personalmente o por cédula del mismo con las copias correspondientes. La circunstancia de que fuera notificado del traslado del memorial del síndico o que intentara responderlo no permite inferir que también fue implícitamente anoticiado -por el mismo trámite del proceso- de un paso independiente de la regulación de honorarios, como fue la presentación del proyecto de distribución de fondos. Máxime considerando que se encuentran involucrados derechos patrimoniales que podrían verse seriamente afectados en base a una interpretación ritual que vulnera lo expresamente dispuesto por el Cpr. 135 y ccdtes.. Por ende, el decisorio en crisis será revocado." 

CONCURSOS y QUIEBRAS. Levantamiento de la quiebra por prescripción de los créditos resultantes de las sentencias verificatorias dictadas  
 "Galeano Víctor s/ Quiebra" - CNCOM - 21/07/2006 
 "Si bien el ordenamiento concursal no prevé el levantamiento de la quiebra por prescripción, nada obstaría, como principio, a que se disponga la conclusión del procedimiento falencial una vez prescriptos los créditos resultantes de las sentencias verificatorias dictadas (cfr. art. 4019, Cód. Civil). Sin embargo, en tanto no transcurrió en el sub lite el plazo de diez años previsto por el art. 846 del Código de Comercio desde la fecha en la que se dispuso la clausura del procedimiento por falta de activo, el planteo de prescripción formulado por el fallido no resulta procedente." 

DAÑOS provocados por animales de zoológico. Lesiones sufridas por un menor de edad al ingresar su mano en una jaula de osos. Deficiente estado del alambre de "advertencia". Inexistencia de indicadores que adviertan el peligro y de carteles que anuncien la prohibición de acercarse a la jaula. Falta de personal idóneo y suficiente. RESPONSABILIDAD DEL EXPLOTADOR COMERCIAL DEL ZOOLÓGICO. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, propietario del predio dado en concesión. Omisión de controlar la actividad del concesionario. RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO. Omisión de efectuar el control de la actividad desarrollada en el zoológico, no verificando la existencia o inexistencia de medidas de seguridad en el predio. Incumplimiento del poder de policía municipal para el resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes. AUSENCIA DE HABILITACIÓN DEL ZOOLÓGICO PARA FUNCIONAR. Indemnizaciones  
 Expte. 4578/03 - "B. A., S. y otra c/C. J. y otros s/Daños y Perjuicios" - Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Buenos Aires) - Sala II - 11/05/2006 
 "Quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir con el fin para el que ha sido establecido. Por lo tanto, es responsable de los daños que ocasione por el incumplimiento o por la irregular ejecución del servicio. En el caso, no sólo resulta ser responsable el concesionario sino también el concedente, pues a su cargo estaba verificar que el servicio social concedido se prestara en condiciones adecuadas y no defectuosamente. En autos se ha acreditado que el concesionario no adoptó suficientes medidas de seguridad para evitar el daño.-

"El examen de la prueba producida en el sub lite conforme a los términos del art. 386 del Código Procesal Civil de la Nación, me permiten concluir que el zoológico no contaba con personal idóneo y suficiente para evitar que el menor B se acercara a la jaula de los osos e ingresara su mano en ella. Tampoco se adoptaron medidas de seguridad en la jaula mencionada, pues además del deficiente alambre de "advertencia", no existían en el lugar indicadores del peligro y carteles que anunciaran la prohibición de acercarse a la jaula."

"Respecto a que la persona supuestamente asignada como cuidador de la jaula de los osos no se encontraba en el lugar que correspondía-, resulta del testimonio brindado por M. Á. B. -jefe de guardia de los cuidadores- que declara que estaba a 20 metros del lugar del accidente, que el responsable de la jaula de los osos era M. M. pero que ninguno de los dos advirtió el acercamiento de los niños a la jaula. Por su parte, los testigos... declaran que tenían a su cargo el cuidado de las jaulas de animales peligrosos y que el día del hecho dañoso se encontraban cuidando la jaula de los tigres distante aproximadamente a 50 metros de la de los osos. El primero también declara que no vio a M. en el lugar del accidente. Esto último también lo declaran los testigos...."

"El elemento esencial de la responsabilidad del Estado por omisión resulta ser la conducta antijurídica que, en el caso, se traduce en el no cumplimiento de las obligaciones que le estaban impuestas en el contrato de concesión del predio para la instalación de un zoológico. De allí que el incumplimiento de ese deber convierte en ilícita la abstención. Por lo tanto, el daño que se ocasiona a un tercero por las omisiones en que incurrió el concedente, responsabiliza al funcionario u órgano del Estado que no cumplió su deber, en el caso, absteniéndose de efectuar el control de la actividad del concesionario. Y en virtud de este obrar ilícito ha ocasionado un daño a un tercero, éste debe ser reparado (arts. 1066, 1074, 1112 y concordantes del Código Civil)."

"Llama la atención que el control de la actividad del concesionario se efectuó después de ocurrido el evento dañoso, con la particularidad de que no lo realizó la repartición pública concedente sino la Dirección Nacional de Fauna Silvestre dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación (vide copia expediente administrativo N°4091/88 que corre agregado por cuerda a la causa penal N°24.448 y fs.470 de la causa penal N°24.448). En consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente al embate de la parte actora y al del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación contra la sentencia de primera instancia."

"Cabe destacar que a la fecha del evento dañoso el zoológico funcionaba comercialmente, permitiendo el acceso del público, con conocimiento de la autoridad municipal, pero sin estar habilitado conforme las disposiciones legales pertinentes (vide fs. 506/507 de la causa penal, informe de la Municipalidad de Esteban Echeverría que señala que el zoológico, bar y confitería a nombre de C. no tenía habilitación y que el trámite se había iniciado el 21.07.88 y declaración testimonial prestada a fs. 820 y vta. del sub lite)."

"En consecuencia, considero que también debe responsabilizarse al municipio codemandado en virtud de que omitió efectuar el control de la actividad desarrollada en el zoológico mencionado y que, con tal omisión, no verificó la existencia o inexistencia de medidas de seguridad en el predio. En el caso, ha sido acreditado que el municipio demandado no ha ejercido el poder de policía municipal para el resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes. La ausencia de habilitación del zoológico para funcionar se tradujo en la inexistencia de inspecciones tendientes a verificar la adopción de medidas de seguridad y las condiciones de higiene y salubridad, para evitar daños a los visitantes del mismo. En conclusión, por las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al agravio sub examine y, en consecuencia, extender la responsabilidad solidaria por la producción del evento dañoso a la Municipalidad de Esteban Echeverría." 

DAÑOS en el interior de un gimnasio. Caída de un cliente mientras se encontraba haciendo uso de las instalaciones sanitarias. Deficientes condiciones de mantenimiento. Incumplimiento de las obligaciones en cuanto al deber de seguridad y de mantener la integridad de los usuarios en la prestación del servicio. Responsabilidad del explotador del gimnasio y de la Aseguradora. Indemnizaciones.  
 Expediente nº 60.625/01 - "Canales Carpio, Julio Cesar c/ Benedit, Claudio Roberto y otros s/ daños y perjuicios" - CNCIV - SALA K - 25/08/2006 
 "Aduce el actor en el libelo de inicio que en la fecha indicada precedentemente y en circunstancias en que se encontraba tomando un baño, previo a ingresar al sauna, cae sobre su cuerpo la roseta de la ducha que se encontraba floja, haciéndole resbalar y caer sobre el inodoro, también flojo, el que se rompe, causándole las lesiones por las que reclama en autos."

"Reconocido que el actor, cliente del gimnasio propiedad de los accionados, sufrió lesiones cuando se encontraba haciendo uso de las instalaciones, las que estaban en deficientes condiciones de mantenimiento, no habiendo logrado la accionada probar la invocada culpa de la víctima como eximente de su débito resarcitorio, es que corresponde hacer lugar a la demanda deducida por el actor."

"No advierto en definitiva en el análisis de la prueba, culpa alguna que pueda endilgarse al damnificado. Por el contrario, sí se ha probado la deficiencia en las instalaciones sanitarias de la demandada y en consecuencia el incumplimiento de sus obligaciones en cuanto al deber de seguridad y de mantener la integridad de los usuarios en la prestación del servicio, resultando en consecuencia responsables por los daños sufridos por el actor (art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, incorporado por la ley 24.999)."

"A mayor abundamiento debe señalarse que la versión esgrimida por la demandada, tampoco exime a ésta de responsabilidad, toda vez que aún en el supuesto de considerarse que el actor haya intentado, apoyándose sobre el inodoro, modificar o sacar la flor de la ducha, no resulta lógico que al caerse haya provocado la rotura del sanitario que fue en definitiva lo que ocasionó las lesiones, si éste se encontraba en correctas condiciones de mantenimiento. Ello sólo pudo ocurrir si el inodoro se encontraba indebidamente colocado, sin la correspondiente sujeción, tal como sostienen los testigos."

"La demandada, quien efectúa en su propio beneficio la explotación del gimnasio al que concurría el actor, tenía el deber de mantener el debido control de seguridad sobre aquel, de manera tal que los concurrentes no sufrieran daño alguno. Carga que evidentemente no fue cumplida. Ante este cuadro fáctico, habiéndose probado que el actor sufrió lesiones en su pierna hallándose dentro del local de la accionada, es que esta última no puede eludir su responsabilidad, por no haber brindado al actor la inmunidad a la que se encontraba obligada, siendo que a cargo de ésta estaba acreditar la culpa de la víctima o de un tercero. Debe en consecuencia revocarse la sentencia recurrida, haciéndose lugar a la demanda entablada por Julio Canales Carpió contra Claudio Roberto Benedit y Silvia Beatriz Negro, haciéndose extensiva la condena a la citada en garantía "Axa Seguros SA"." 

AMPARO. DISCRIMINACION. Actividad sindical. Exclusión del trabajador de aumentos remuneratorios con motivo de su actividad sindical. Procedencia del amparo. Cese de conductas que obstaculizan el libre ejercicio del derecho de agremiación y de todo trato discriminatorio  
 "Valmaggia Juan Santos y otros c/Telefonica De Argentina SA s/Acción de Amparo" - CNTRAB - 20/07/2006 
 "La crítica a los testimonios en cuestión -que soslaya que la sentenciante de grado no otorgó entidad persuasiva a los emanados de personas vinculadas con el sindicato al que pertenecen los actores- omitió criticar el único al que se le otorgó valor -el que prestó Walter E. Bringas a fs. 122-, en cuanto ofrece el relato de una reunión con el gerente del sector, en la que el testigo dijo haber estado presente, y en la que el citado funcionario, según su versión, les dijo que estaba en condiciones de mejorar las condiciones salariales de los pretensores si éstos se desafiliaban de la asociación que habían creado, conducta que calificó como conveniente para las familias de los afectados. Este hecho, definitivamente incorporado, por omisión de crítica, al material del proceso, revela inequívocamente que la apelante excluyó a los actores de aumentos remuneratorios con motivo de su actividad sindical, que era lo que debían probar. En esas condiciones, pese al error apuntado y a la convicción de que lo resuelto es, estrictamente, una exhortación a excluir el libre ejercicio de la actividad sindical de las motivaciones de política salarial -esto es, de adecuar la conducta de la empresa a las pautas de normas vigentes, citadas en la demanda y en la sentencia-, constreñido el tribunal por la regla tantum devollutum quantum apellatum, sólo cabe aconsejar su confirmación." 

CONCURSOS. Honorarios profesionales. Abogado. Tareas desarrolladas ante el SECLO. Regulación. Procedencia. Competencia del juez concursal  
 27.156/06 - "Asociación Mutualista Evangélica s/ quiebra (s/ incidente de apelación art. 250)" - CNCOM - SALA E - 26/06/2006 
 "El reclamo ante el SECLO es una secuela lógica y necesaria del procedimiento incorporado por la ley 24.635 como requisito previo ineludible, para el acceso a la jurisdicción de conformidad con lo dispuesto por el art. 65, inc 7 de la 18.345 (cfr. CNTrab., Sala II, "Rojas, Nancy c/ Vainstein, Yolanda s/ Despido", del 12/02/2001). Consecuentemente, y toda vez que la actividad profesional de los letrados no puede presumirse gratuita (arg. ley 21.839:3), corresponde acceder a la regulación solicitada. La circunstancia de que el reclamo iniciado ante el SECLO luego prosiguiera con la insinuación de los acreedores laborales en el pasivo falencial con la asistencia de otro letrado, determina que el juez del proceso universal sea el único competente para fijar dichos estipendios, pues la justicia laboral no ha tenido actuación alguna en lo que concierne a los créditos de los representados." 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. Establecimientos educativos. Homicidio ocurrido durante el horario de clase. Salida de los menores antes de finalizar el horario escolar. RECHAZO DE LA DEMANDA INTERPUESTA CONTRA EL ESTADO PROVINCIAL. Cumplimiento de las normas que regulan las autorizaciones de los menores para retirarse del Colegio antes del horario. Falta de responsabilidad por la muerte ocurrida fuera del establecimiento educativo. Inexistencia de relación causal entre la omisión imputada al Colegio y el daño ocurrido. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DEL HOMICIDA. Negligencia. Falta de vigilancia activa sobre el menor al no brindarle una contención psicológica o psiquiátrica adecuada y necesaria. Indemnización. Resarcimiento de los daños a los padres de la víctima  
 "A, E y ot. c/Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", causa nº 100.508, y "A, E H y ot. c/T, M A s/ Ds. y Ps.", causa 100.493" - CAMARA PRIMERA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SAN ISIDRO - SALA II - 22/08/2006 
 "En el caso la sentencia concluyó en que la demandada demostró haber cumplido con las normas que regulaban las autorizaciones de los menores para retirarse del Colegio antes del horario y, por consiguiente, en que no es responsable por la muerte ocurrida fuera del establecimiento. Sostiene, por el contrario, la actora en sus agravios que las autoridades del Colegio permitieron la salida de su hija a pesar de saber los conflictos que existían entre ella y T. y que la menor carecía de autorización para retirarse antes del horario siendo que su padre siempre la buscaba al finalizar el horario escolar para protegerla."

"Descartada como ya dijera la aplicación del art. 1117 del Cód. Civil en su actual redacción, no es cierto que exista en el caso una responsabilidad objetiva de la demandada; deberá responder en razón de la obligación de seguridad accesoria al contrato de enseñanza siempre que no demuestre haber puesto toda la diligencia que fuera menester en el control y cuidado de los educandos y tomado todas las medidas de vigilancia necesarias para evitar a los alumnos los daños que las circunstancias hicieran previsibles."

"Está demostrado que la salida de la menor del colegio, antes de finalizar el horario, fue autorizada de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho y que, en el marco de las probadas circunstancias de tiempo, modo, y persona, no puede atribuirse a la demandada culpa o negligencia que comprometa su responsabilidad. Se trata de una escuela de comercio nocturna cuya población escolar está constituida en su mayor parte por adultos y en menor proporción por menores adultos que trabajan. Así es pues, que la hija de los accionantes que -el día del ilícito- tenía casi 18 años y el demandado T. 20, concurrían a un establecimiento destinado a la educación mayoritariamente adulta. Es evidente que en razón de ello las normas de permanencia y retiros del colegio antes del horario, debían ser razonablemente flexibles y muy distintas a las que rigen en los establecimiento diurnos a los que concurren alumnos de menor edad. En este sentido, de las recomendaciones notificadas a todos los alumnos del turno noche y de las declaraciones de quienes, el día del ilícito, eran vicedirectora y jefa de preceptores, surge que los alumnos pueden retirarse sin autorización de los padres bastando que lo pidan ellos mismos firmando su salida autorizada el preceptor o directivo. En este marco regulatorio la alumna C. A. se retiró del establecimiento a las 21.35 aduciendo tener un familiar enfermo."

"Nada demuestra que la actora manifestara su disconformidad con este régimen de salidas, ni que hiciera saber a las autoridades del Colegio que, a contrapelo del reglamento, se prohibiera a la hija de ellos salir antes del horario con la sola autorización de sus directivos. Nada autoriza siquiera a pensar que estos últimos pudieran imaginarse que la salida pedida por C. terminaría con su muerte. Tampoco surge que existiera y fuera notorio un estado de conflictividad tal en la pareja que hiciera pensar sobre un final como el ocurrido. No lo es el episodio ocurrido en el Colegio el año anterior al que se refieren los partes de amonestaciones agregados a fs. 140/141, en relación a T. y C., que no evidencian que las lesiones que menciona la actora en sus agravios hayan existido. La propia conducta de los padres de la menor es por lo menos equívoca al permitir que su hija concurriera al mismo colegio de T., con un régimen flexible de asistencia y salida, si realmente sabían de la peligrosidad que este último significaba para C.. Es cierto que el testigo V. en la causa penal manifestó saber de las intenciones homicidas de T. pero no surge de su declaración que lo supiera alguien más que él y menos aun que ello fuera público y notorio. Sin sospechar lo que habría de ocurrir, fue la propia C. quien, con una excusa que no era cierta, se retiró del Colegio en compañía de T.. Es en este contexto que el Sr. Juez "aquo" concluye en que el comportamiento de la víctima no ha sido ajeno al hecho dañoso y que en el caso no se ha demostrado la existencia de una relación causal entre la omisión imputada a la demandada y el daño ocurrido. Tal conclusión esencial de la sentencia no ha sido rebatida y como tal ha sido consentida."

"Habiendo quedado acreditado que la demandada cumplió razonable y adecuadamente con la obligación de seguridad asumida, ha de confirmarse la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda a su respecto."

"Si bien en un primer análisis del material probatorio el sentenciante extrae que los padres ejercían sobre su hijo una vigilancia adecuada, evaluando las pericias psicológicas y psiquiátricas, llevadas a cabo en la causa penal, concluye en que los apelantes no tuvieron una vigilancia activa sobre su hijo F. T. al no brindarle una contención psicológica o psiquiátrica adecuada y necesaria. Tal como lo resolviera el Sr. Juez "aquo" los apelantes no pueden eximirse de responsabilidad puesto que, en definitiva conociendo que su hijo era portador de una conducta desordenada, agresiva y violenta, no hicieron lo suficiente para encauzarlo, mediante los tratamiento necesarios, conforme la atribuciones impuestas por los arts. 265 y 278 del Cód. civil."

"Contrariamente a lo que sostienen los apelantes está demostrada la pasividad que se les enrostra en la sentencia, no siendo suficiente para eximirse de responsabilidad que -como lo expresan- el homicidio ocurriera fuera del control de ellos y en su ausencia (art. 1116 del C.P.C.). Reitero, pues, que ha de confirmarse la sentencia en el aspecto considerado." 

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